Ponferrada, en la órbita de la corrupción desde los 90
Hasta mediados de los 90 Ponferrada vivía a la sombra de una enorme montaña de carbón y hollín. Era una ciudad en la comarca de El Bierzo abandonada a su suerte, la de la minería. Los 113 kilómetros que la unen a León se recorrían a través −o a pesar de− una carretera insufrible que alargaba el viaje horas. Bien por el sentimiento de pertenencia a Galicia, bien por la distancia, Ponferrada era un viaje a la nada, un lugar de paso, un montón de casas con grises tejados de pizarra de sus canteras. Pero sus posibilidades eran infinitas: el dinero llegaba de la principal actividad, la minería, pero podía entrar por más sitios.
Prácticamente toda la mercancía que sale de Galicia pasa por Ponferrada, cuando no existían los puertos secos, Ponferrada ya lo era. El panorama de un municipio duro, sin más encanto que su castillo templario, cambió con la llegada a la alcaldía de Ismael Álvarez. Corría el año 1995 y hasta entonces tras la etapa franquista sólo se había conocido un Ayuntamiento socialista. Álvarez, empresario de bares nocturnos y formas chulescas, agarró el bastón de mando con la ayuda de tres ediles tránsfugas del PSOE y prometió una 'nueva Ponferrada'.
Para construir esa nueva ciudad hacía falta cemento y José Martínez Núñez, propietario de Construcciones Martínez Núñez, Teconsa, Catisa y Hormigones La Estrella, tenía una fábrica entera en Ponferrada y canteras en los alrededores. Gallego de origen, Don José, fue consiguiendo la mayor parte de la obra pública. Efectivamente, Ponferrada se estaba rehaciendo metro a metro y con el hormigón de Martínez Núñez. El pastel era goloso y más constructores quisieron su parte. Sindo Castro, de Astorga y vinculado al PP, se interesó por esa nueva Ponferrada. Entre 1994 y 1996, Castro sufrió una cadena de sabotajes en sus fábricas y camiones, y llegaron a lanzar un artefacto incendiario a su vivienda. En las denuncias que interpuso relataba como empleados de Martínez Núñez le habían advertido que no cruzase el puerto del Manzanal, que separa Astorga de Ponferrada, porque El Bierzo era de Don José.
El juicio a Martínez Núñez, los dueños de una agencia de detectives y sus empleados no se celebró hasta 2010 y la sentencia condenatoria no fue firme hasta 2012. ¿Qué pasó con el denominado 'caso del hormigón' a lo largo de los 16 años entre los ataques y el juicio? De las personas consultadas ni una sola quiso que se la citase en la información, pero coincidieron en su explicación: Hasta que los hechos no fueron formalmente investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no hubo forma de avanzar. No ayudaron tampoco las cortas estancias de los jueces instructores en Ponferrada, pero apuntan sobre todo a la influencia del condenado. A Martínez Núñez no se le escapaba nadie.
Políticos a bordo del helicóptero de un constructor
Cuentan quienes le conocieron que era un hombre con una educación muy básica pero que supo darse empaque a pesar de sus carencias. Sobrevolaba y controlaba la comarca, literalmente, en un helicóptero privado. Disfrutaron de esos vuelos unos cuantos políticos del PP. En Ponferrada aún se recuerda la llegada a unas fiestas de la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco (asesinada en 2014) a bordo del aparato y con una alfombra roja a sus pies. Don José era así de generoso y los políticos de la época así de despreocupados. Presumían de que incluso les prestaba su casa de San Xenxo o los alojaba en alguno de los tres hoteles que tenía en Galicia.
De esa relación estrecha con políticos −fue muy amigo de Fraga y de Rodrigo Rato entre otros− también hay rastros judiciales. Una de sus empresas, Catisa, fue investigada por el soborno al entonces jefe de Minas de la Junta de Castilla y León, Félix Sánchez Araújo. En 2002, el apoderado de Catisa y Sánchez Araujo fueron condenados a pagar un millón de euros, pero la Audiencia Provincial en segunda instancia absolvió: el delito de cohecho -pagó cinco millones de pesetas para abortar solicitudes de licencias de otros empresarios- había prescrito. Esa misma empresa tenía su cantera en el área natural de Las Médulas, zona protegida. Según los ecologistas, con más de un kilómetro de longitud era uno de los frentes de explotación ilegales más extensos de Europa. La Junta acabó ordenado su cierre, y en 2015, el hijo del constructor fue condenado a 4 años de prisión por esa explotación ilegal. Aún no se ha efectuado la recuperación paisajística obligatoria. No es la única de Martínez Núñez en esa situación. En el colmo de incoherencia, cuando en 1999 Luis del Olmo, ponferradino, creó la Fundación Las Médulas, acogió como patrono al grupo Martínez Núñez.
En esa etapa de hormigón de los 90 quiso entrar, y entró en el juego, José Luis Ulibarri, antaño trabajador de Martínez Núñez. También sufrió su ira en 1999 cuando dos encapuchados cortaron el cristal de la sede de Retecal en Valladolid y vertieron gasolina. Las oficinas ardieron pero, en 2006 el caso se archivó definitivamente. Como si se tratase de una novela negra, el caso cuenta con un muerto y una confesión póstuma. Uno de los matones, trabajador de Martínez Núñez, apareció colgado de un árbol en julio de 1999. Su mujer encontró una carta en la que confesaba ser ejecutor de los sabotajes atribuidos a Martínez Núñez y también el sicario que, bajo sus órdenes, debía acabar con la vida del consejero de la Xunta de Galicia, Xosé Cuiña porque no quiso concederle obras de carreteras en Pontevedra. También aquello se cerró sin condenas.
El ascenso social de Martínez Núñez no se frenó. Ese mismo año se le 'coronó' como empresario del año por parte de la Federación de Empresarios Leoneses y recibió en Cecale de Oro de la Confederación de Empresarios de Castilla y León. Además de ladrillo y hormigón, Martínez Núñez era propietario del diario ya desaparecido La Crónica de León.
El alcalde Ismael Álvarez no acabó bien con el que fue su empresario de cabecera. Ulibarri se hizo con su espacio y forjó amistad con el regidor. En 2001, cuando la concejala de Hacienda Nevenka Fernández renuncia a su acta y denuncia al alcalde por acoso sexual, Ulibarri estaba al tanto del asunto. Hasta el punto de que antes de que Fernández hiciese pública la situación, le ofreció un trabajo en Begar. ¿Qué obras hizo Ulibarri en Ponferrada? Prácticamente todas y muchas anuladas posteriormente por los tribunales, como la construcción del auditorio. Especialmente interesante fue la adjudicación de suelo para viviendas en el barrio de La Rosaleda, también ilegal. Parte de las adjudicaciones que recayeron en otras empresas acababan en manos de Ulibarri. El buque insignia de la zona es la torre de La Rosaleda, un imponente rascacielos de 27 pisos inaugurado por Luis del Olmo, que también cultivó amistad con este empresario y al que dio el Micrófono de Oro.
Sorprendentemente, o no, tanto Ulibarri como Martínez Núñez aparecieron en la trama Gürtel, el primero por la adjudicación de construcción de viviendas de lujo en Boadilla a cambio de mordidas y el segundo por la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, en León, si bien esta investigación fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aunque la Audiencia Nacional ha condenado al entonces senador Jesús Merino como conseguidor.
Ponferrada, siempre en esa órbita de corrupción y matones, no ha cambiado demasiado. Prácticamente los mismos protagonistas de los 90 reaparecen en la Operación Enredadera, la investigación que afecta a medio centenar de Ayuntamientos de toda España, con Ulibarri a la cabeza de una organización criminal que amañó contratos públicos. Entre los investigados está también el empresario antaño víctima de Martínez Núñez, Sindo Castro. El presidente del PP comarcal de La Margatería hasta 2017 y alcalde de Santiago Millas está investigado en la causa. En los registros llevados a cabo en el Ayuntamiento de Astorga (pieza aún bajo secreto de sumario), el juez pedía que se recabasen los contratos de Construcciones Sindo Castro y Hormigones Sindo Castro.
La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, no está investigada, pero aparece en la causa, al igual que su antecesor en el cargo, Samuel Folgueral, que consiguió la alcaldía de Ponferrada en 2011 con el apoyo de Ismael Álvarez y su partido (IAP). Esa alianza provocó que Folgueral saliese del PSOE junto a varios concejales. Las relaciones de Ulibarri con el Ayuntamiento siempre han sido fluidas. La concesión del transporte urbano expiró hace seis años, pero se ha mantenido incluso, según la oposición, a pesar de las importantes pérdidas que ocasionaba y que cubría el Consistorio. Poco después de hacerse públicas las conversaciones del sumario entre Ulibarri y Fernández Merayo, esta planteó la remunicipalización del servicio, lo que despierta sospechas en los demás grupos.
Además está en cuestión también la ilegalizada adjudicación del concurso de basuras y mantenimiento de jardines de 100 millones de euros, que recayó inicialmente en FCC, empresa con la que Ulibarri se asociaba o para la que hacía de conseguidor a cambio de un porcentaje, y que ahora debía cederse a Urbaser por sentencia de 2016. Las conversaciones pinchadas por la UDEF revelan que Ulibarri presionaba para que el concurso quedase desierto y volviese a licitarse. Así el 14 de febrero de 2017, en una conversación con el director de Diario de León, explica: «Parece ser que tenemos un atasco ahí con Amparo, que es la que se niega a cambiar su posición ¿eh? Y yo creo que, vamos, que conseguiremos que cambien todos... que rescindan el contrato FCC y que desechen a Urbaser por no cumplir. Entonces dejarlo desierto, ese es el objetivo, y me lo están diciendo, pero claro yo, faltan 10 días todavía, la comisión cuando... porque antes que ir a pleno tiene que ir a comisión». El 17 de abril de 2017, Fernández Merayo, que regresa de Oporto, llama a Ulibarri para quedar a comer con él en un lugar intermedio. Deciden quedar “donde la otra vez”, porque era “un lugar discreto” donde no les vería nadie.
El concurso acabó, como decía la sentencia, en manos de Urbaser, pero no fue hasta el pasado 10 de julio, 7 días después de la detención de Ulibarri en la Operación Enredadera. Antes, en el mes de mayo, se llevó por delante a la concejal de Hacienda (la Amparo que cita Ulibarri) que se negaba a dejarlo desierto como planteaba Fernández Merayo tras ser 'tocada' por el empresario. El motivo aludido es que no se habían aprobado los presupuestos. Samuel Folgueral llegó a votar en contra de devolver el concurso a Urbaser y se reafirmó en que debía quedar desierto. Un año antes, mientras el asunto se dirimía, Folgueral también contactó con Ulibarri, para contarle “algo” que tenía que saber. Ninguna de las fuentes consultadas para la elaboración de esta información ha querido ser citada. “Ponferrada es otro mundo”, insisten.
