La misión a España no está entre las principales prioridades para populares y socialistas europeos. Al menos, de momento. Esta semana se ha celebrado una reunión de coordinadores de la comisión Pegasus del Parlamento Europeo en la que se ha ido diseñando la agenda de trabajo, pendiente de su ratificación en la reunión de la propia comisión este martes en Bruselas.
De acuerdo con las fuentes conocedoras de las negociaciones, de momento hay una propuesta bastante consolidada, pero no cerrada del todo, que consiste en que, por orden de prioridad, las misiones serían a Polonia, Israel y Hungría.
Las demás propuestas (EEUU, España, Grecia, Reino Unido y Chipre) volverán a debatirse en la reunión de este martes y se decidirá finalmente qué se hace con ellas. Grupos como los Verdes, Renew y La Izquierda sí consideran prioritario viajar a España.
Si bien eurodiputados populares de la comisión, como el polaco Andrzej Halicki y el presidente, el holandés Jeroen Lenaers, han expresado públicamente sus preocupaciones por España, las fuentes señalan singularmente a los populares españoles y a los socialistas españoles de priorizar otras misiones por encima de la española.
Los propios populares fueron muy duros en el pleno del Parlamento Europeo del miércoles contra los independentistas que aparecen espiados en la investigación de Citizen Lab.
En la primera lista de los populares no aparecía España como prioridad principal –iba en quinto lugar–, ni tampoco en la de los socialistas –apostaban por Hungría, Polonia e Israel sin mencionar España–. Eso sí, fuentes socialistas sostienen: “Aún no está decidido ni el número de misiones ni cuáles se van a realizar. Hay que ver entre todas cuáles entendemos que son las más necesarias para el objeto de la comisión. Lo que sí puedo decir es que no vamos a vetar una misión España”.
Contrarios a las misiones están la mayoría de los eurodiputados ultraconservadores (ECR), en cuyo grupo está Vox, cuyo portavoz, Jorge Buxadé, dijo el miércoles a los independentistas: “Poco les han espiado”. Una frase que ya había dicho su diputada Macarena Olona en el Congreso cuando estalló el escándalo. Los miembros del PiS, el partido gobernante polaco, acusado de espiar a la oposición y periodistas, también se oponen.
“De momento lo que está bastante seguro es Hungría, Polonia e Israel, y se está intentando trabajar para que haya otra misión más”, explican otras fuentes conocedoras de las negociaciones, que reconocen la actitud de eurodiputados de otros países en relación con España, como la liberal húngara Anna Júlia Donáth, cuyo discurso está lejos del expresado por Jordi Cañas (Ciudadanos), también miembro de la comisión, en el pleno de Estrasburgo, por ejemplo. O la de la liberal holandesa Sophia in'T Veld.
Así, las fuentes no descartan que finalmente sí pueda aprobarse este martes o más adelante la misión a España.
Las misiones sólo pueden hacerse en semanas determinadas del calendario parlamentario –no puede ser en semanas de plenaria, minipleno ni de comisiones, por ejemplo–, por lo que no puede haber un número infinito: han de ser semanas reservadas para actividades externas y de aquí al verano sólo hay dos: la del 23 de mayo (un poco apurado) y la tercera de julio.
La duración inicial de la comisión de investigación es de 12 meses. Los planes de trabajo suelen ser por semestres, por lo que podrían proponer tres misiones para la segunda mitad de 2022 y pedir luego un segundo paquete para la primera mitad de 2023 (aunque su mandato termina en principio en abril, puede renovarse hasta seis meses más).
En todo caso, para las misiones de la comisión fuera de los tres lugares de trabajo –Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo–, la Conferencia de Presidentes –que reúne a los líderes de los grupos de la Eurocámara junto con la presidenta, Roberta Metsola–, emite un dictamen, al que seguirá una decisión final de la Mesa del Parlamento Europeo. Normalmente las propuestas se presentan dos veces al año, pero es posible presentarlas en cualquier momento si los grupos lo ven necesario.
En paralelo, se siguen llevando exámenes de los móviles de los eurodiputados por parte del Parlamento Europeo, después de que la presidenta Roberta Metsola pusiera en marcha “un nuevo servicio para revisar los teléfonos móviles y averiguar si tienen instalado el sistema de espionaje Pegasus”. Hasta el momento, se han sometido a examen un centenar de teléfonos, sin que haya trascendido que alguno haya sido espiado.
De entre los móviles revisados, hay españoles de varios grupos políticos.
Debate
Este miércoles se celebró una sesión sobre Pegasus en el pleno del Parlamento Europeo a pesar de que había grupos grandes, como los populares, socialistas, liberales y ultraconservadores, que apostaban por dejar el debate en la comisión que acaba de arrancar y no llevarlo al pleno, Sin embargo, la decisión se tomó porque lo pidieron los Verdes –dos de sus eurodiputados, Diana Riba y Josep Solé (ambos de ERC) salen como espiados en la investigación de Citizen Lab–, a los que les tocaba por turno elegir el topical debate de la última plenaria en Estrasburgo.
El topical debate es el debate de actualidad que elige cada grupo, según cuando le toque en función de su representación parlamentaria, que no lleva aparejada una resolución ni una votación salvo que se pacte que así sea. En este caso no fue así.
En el debate dejó un rosario de posiciones encontradas, mientras la Comisión Europea se ponía de perfil: “Condenamos firmemente todo espionaje ilegal, los Estados miembros son los competentes y deben aplicar la legislación de la UE, incluida su jurisprudencia, que exige el control mutuo de los órganos estatales para que el poder sea objeto de escrutinio. Este es el criterio para ver si hay uso ilegal de spyware para acceder a datos de ciudadanos. Nos preocupa que haya estos escándalos, hay que esclarecerlos, y toca que intervengan fiscales, policías de los países donde hay estos supuestos. Tienen que usar sus leyes”.
El socialista Juan Fernando López, miembro de la comisión Pegasus y presidente de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, señaló: “Es una amenaza hasta ahora desconocida, no tomarla en serio sería asumir asumir los riesgos por los que acaban muriendo las democracias”. El también socialista Iban García del Blanco dijo, por su parte: “No hay espiados de primera ni de segunda. Afecta a la salud del Estado de Derecho. Necesitamos explicaciones y pruebas del espionaje, también explicaciones de la empresa. Damos por sentado que solo se venden a Estados, pero eso hay que averiguarlo. No hay que anticipar conclusiones. Hemos constituido una comisión, tiene 12 meses y no hay que capitalizar asuntos locales. Hay que ser pacientes, hacer nuestro trabajo y aprovechar la comisión para averiguar la verdad”.
Dolors Montserrat, jefa de la delegación del PP en la Eurocámara, declaró: “En España algunos independentistas dieron un golpe en contra de una democracia europea. Unos fueron condenados y, otros, fugados de la justicia. No voy a aceptar lecciones de un prófugo. Han encontrado en este debate la victimización. Lo mínimo que cabe esperar es que se investigue a quienes prometen repetir delitos. Si el Estado es atacado, el Estado debe defenderse. No podemos aceptar chantajes ni ceder el poder o pactar el gobierno con ellos, no puede poner al lobo a vigilar las ovejas. Hay que exigir al presidente español que dé explicaciones por no estar a la altura del momento”.
En la misma línea, Jordi Cañas, de Ciudadanos, dijo: “Es paradójico que quienes han sido acusados de espiar denuncien espionajes sin pruebas. Quienes impidieron una comisión en el Parlament de Catalunya, ahora usan este Parlamento sin pruebas. Los separatistas son expertos en propaganda y mentira. Acusan sin pruebas usando y abusando de todo para proclamar la mentira”.
Y el eurodiputado de la extrema derecha Jorge Buxadé (Vox) terció: “El esperpento es ver a separatistas golpistas fugados y a bandas de terroristas decir que les han espiado. Pero si se han pasado espiando, secuestrando y matando. Poco les han espiado y poco les han perseguido. ¿Quieren una Europa más fuerte y segura? Hablen de seguridad en las fronteras frente a la inmigración ilegal y en las calles frente a violaciones masivas o en las empresas que se marchan por el fanatismo climático”.