Transparencia en diferido. El portal que el Gobierno de Mariano Rajoy ha vendido como uno de los mayores avances en regeneración democrática planteadas por el PP en la legislatura no actualiza la información sobre el cese y paso a la actividad privada de altos cargos de la Administración desde el pasado mes de enero. La última salida que refleja el servicio es la del expresidente de la empresa pública de exportación de armas Defex, Fernando Aguilar Viyuela, quien pidió permiso para incorporarse a una compañía dedicada a la producción de eventos. Desde entonces, nada, pese a que sí se han producido salidas de altos cargos y su pase a la actividad privada.
Pese a los importantes fallos de concepto y diseño con los que el proyecto vio la luz a finales de 2014, a lo limitado de la información que ofrece y a su nula promoción entre la ciudadanía, los datos que aloja el servicio han permitido conocer los sueldos más altos de la administración central o el número de inmuebles propiedad del Estado. Esta posibilidad desparece cuando la información que aparece está desactualizada o no se puede acotar.
Los responsables del Portal de la Transparencia han reconocido a eldiario.es el parón en la inclusión de los nuevos datos. El atasco, aseguran, no está provocado por ellos, sino por el organismo que recibe, gestiona y autoriza (o no) las peticiones de los altos cargos dimisionarios: la Oficina de Conflicto de Intereses. “En el momento que nos envían la información, lo actualizamos”, aseguran los gestores del portal.
eldiario.es ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con este departamento, que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aunque es de gestión independiente.
Un mes de plazo para decidir las autorizaciones
El número y dedicación actual de los altos cargos que han cesado desde enero hasta ahora es una información desconocida. O, al menos, oculta entre la maraña de datos que aparecen publicados cada día en el Boletín Oficial del Estado. Algunas de estas salidas, sin embargo, sí trascienden a través de los medios de comunicación.
Es el caso del ex jefe de prensa de José Ignacio Wert, José Manuel Grau, o su director general de Política Universitaria, Federico Morán, quienes abandonaron el Ministerio de Educación en enero y febrero, respectivamente. O el de Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia a las órdenes de la vicepresidenta del Gobierno y que ha abandonado su cargo para incorporarse al Banco Santander.
Los tres casos son distintos, pero la ausencia de información en el Portal de la Transparencia hace imposible conocer los detalles. Grau ha sido contratado por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), mientras Morán ejerce como profesor en la Complutense tras perder en las recientes elecciones a rector de la universidad.
En ambos casos, según la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, deberían haber informado a priori a la Oficina de Conflicto de Intereses. Este organismo, según la misma norma, “se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad”. Es decir, independientemente de que el trabajo sea compatible o no con el periodo de incompatibilidad de dos años, el interesado deberá dirigirse a la Oficina de Conflicto de Intereses. Y será esta la que, en el plazo de un mes, autorice o no la situación. En ambos casos, ese plazo ya está cumplido.
La resolución de la oficina, una vez adoptada, es trasladada al Portal de la Transparencia, que depende orgánicamente del Ministerio de la Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, para su publicación.
El portal sí recoge autorizaciones publicadas en 2015, pero se corresponden con ceses de 2014. La última entrada es de abril y recoge la autorización para que el exministro Alberto Ruiz-Gallardón ejerza la docencia.
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Aclaración: En una versión inicial del artículo se decía que se desconocía si Jaime Pérez Renovales formaba ya parte del Banco Santander. Su incorporación como secretario general y del consejo y responsable de la nueva división de Secretaría General y Recursos Humanos de la empresa tendrá efecto el próximo 1 de septiembre, según informó el Santander el pasado mes de junio en una nota.