“Pacto encapuchado entre Bildu y el Gobierno”. “Agachar la cabeza para no mirar a los ojos a las familias de los asesinados por ETA”. “Voluntad deliberada de sacar de la cárcel a los presos condenados por asesinatos pertenecientes a ETA”. Son tres frases de una breve alocución de Alberto Núñez Feijóo este martes en una visita a una escuela infantil de Guadalajara donde en principio pensaba hablar de conciliación. Finalmente fue otro acto sin preguntas de los periodistas que el PP utilizó para aferrarse a su comodín favorito, la extinta organización terrorista, para espantar el ruido interno creciente ante el “error injustificable”, según palabras de Feijóo, de apoyar una reforma legal que, en última instancia, puede beneficiar a algunos presos con condenas por asesinato.
El PP ha pasado a la ofensiva para quitarse de encima la responsabilidad política y “moral” de no haber visto durante los meses de tramitación parlamentaria la enmienda a la ley que igualará a todos los presos españoles que han cumplido penas en países de la UE. Hasta ahora, los condenados antes de 2010 quedaban excluidos de una norma que tiene procedencia europea. La norma había superado todos los pasos en el Congreso primero y después en el Senado, pero en el PP, al menos la mayor parte del partido, se enteraron por la prensa de lo que implicaba la reforma. Y cuando ya no había ningún margen no ya para impedirlo, sino para posicionarse en contra. El PP votó a favor de la reforma en la Comisión de Justicia del Congreso, y también en el Pleno, donde incluso llegó a reprochar al Gobierno lentitud en su tramitación. Cuando la norma llegó al Senado, nadie presentó enmiendas. Pese al último movimiento en la Cámara Alta para posponer la fecha definitiva, el próximo 14 de octubre la norma saldrá del Senado hacia el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor.
“El PP no puede hacer nada para tumbarlo”, se lamentan en la sede nacional del PP, en la madrileña calle de Génova. “No podíamos evitarlo”, añaden las mismas fuentes en un ambiente de conmoción generalizada en el partido que ha llevado a la dirección a comunicarse vía mensaje telefónico con toda la militancia: sms masivos con vídeos explicativos donde señalan que solo Sánchez y Bildu serán responsables de la excarcelación de etarras (cuando se computen los años de prisión que algunos terroristas han cumplido fuera de España).
Y, aunque es verdad que la tramitación no tiene vuelta atrás, el hecho de no presentar batalla política, de que pasara por diferentes manos sin que nadie lo apreciara y los reproches de algunas asociaciones de víctimas han agitado la vida interna del PP. Mucho.
Porque el “error injustificado” no ataca a la base ideológica del PP. Al menos en público, nadie duda de que su intención no era dejar pasar una enmienda que puede beneficiar a presos de ETA. El fiasco es una enmienda a una de las banderas de Feijóo: la eficiencia en la gestión.
Y en el PP ya vuelan algunos cuchillos que buscan responsables. “Caza menor”, en palabras de un dirigente. Pero la realidad es que se está intentando delimitar las culpas. O, al menos, limitarlas. Que no escalen.
Porque en la cúspide de la toma de decisiones hay nombres relevantes como el del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, una de las personas de máxima confianza de Feijóo. Su mano derecha en el PP de Galicia durante sus últimos años y encargado de controlar los territorios durante la primera parte de su mandato en Madrid. Tras el 23J, asumió la misión de mantener firme al grupo parlamentario.
Tellado eligió como portavoz adjunta a Cayetana Álvarez de Toledo, integrante además de la Comisión de Justicia donde se fraguó el fiasco y quien, semana tras semana, atiza al Gobierno en las sesiones de control a cuenta de la connivencia del PSOE con EH Bildu. Por último, la secretaria general, Cuca Gamarra, que también está en la misma comisión y, por su cargo, es una de las principales dirigentes del partido.
En el PP, al menos oficialmente, no va a haber caza de brujas. Fuentes de la dirección aseguraron este martes que no se van “a tomar decisiones” sobre personas concretas. “Es una responsabilidad colectiva y compartida”, añadieron las mismas fuentes.
ETA, ETA, ETA
Es un mensaje que escenificó el portavoz nacional, Borja Sémper, quien habló de “error generalizado”. El dirigente entonó el lunes un ‘mea culpa’ que, 24 horas después, ha desaparecido del argumentario del PP. Y no mencionó a ETA, aunque sí a Bildu, pero para afearle a Sánchez que pactara con ellos la reforma de la ‘ley mordaza’.
El martes por la mañana Tellado adelantó su comparecencia en el Congreso, que suele ser pasado el mediodía, para anticiparse a su propio jefe de filas. El tono ya fue completamente distinto. “Reiteramos nuestras disculpas a las víctimas que ya ayer el presidente Feijóo trasladó a la presidenta de la AVT”, dijo en una leve asunción de responsabilidad. Y acto seguido pasó al ataque.
Tellado citó a Miguel Ángel Blanco, Alberto Jiménez-Becerril y Gregorio Ordóñez. Tres de las víctimas de ETA cuya muerte fue más cruel para el PP. Tres de sus “referentes morales”, como los llamó el portavoz. Habló de “repugnancia” y de “trampa” del Gobierno, cuando la realidad es que ni él ni ninguno de sus diputados se leyó completas las nueve páginas de la ponencia que incluían la enmienda.
“El Gobierno ha perpetrado un fraude utilizando la reforma para conceder beneficios penitenciarios a presos de ETA”, dijo. “El primer y último responsable es un hombre que se llama Pedro Sánchez”, añadió. Y zanjó: “Bildu tiene a Sánchez encañonado”.
Tellado explicó que había preguntado al grupo qué había pasado, y se escudó en que sus diputados estaban ocupados con las enmiendas de Junts y no se fijaron en la de Sumar. El total de enmiendas no alcanzaba las cuarenta.
El portavoz no se quedó ahí. Tellado volvió a hacer gala de los atributos que valoró Feijóo para situarlo como portavoz de la oposición en el Congreso: “Hay un abismo moral entre un error en una tramitación parlamentaria y la voluntad deliberada de un gobierno de sacar de la cárcel a presos de ETA, haciéndolo además a tapadillo”.
La frase la recuperó Feijóo en su intervención, en la que además dijo: “Si el PSOE mantiene esta indignidad, será el único responsable ante la historia”. Punto y final a esa estrategia de moderación anunciada.
Tras fijar el rumbo, el resto del grupo no dudó en transitar la misma senda. Durante el debate de la tarde no hubo intervención del PP que no sacara a colación los ataques al Gobierno por la modificación de la ley.
El más expresivo fue el gallego Jaime de Olano, quien fue llamado al orden varias veces por la Presidencia del Congreso. En un breve discurso sobre la ilegalización definitiva de asociaciones que hagan propaganda franquista, Olano dijo: “Nosotros somos absolutamente libres para condenar todas las dictaduras. Ustedes no son libres, son unos cobardes. Sean valientes no solo con los dictadores muertos, sean valientes con los vivos. Nosotros no nos manifestamos el pasado domingo jaleando a terroristas como Hamás”.
Y añadió: “¿En qué clase de estercolero moral ha convertido Sánchez al PSOE?”, para reclamar que el Gobierno retire el proyecto de ley antes de que se apruebe definitivamente. “Está en su mano que esa ignominia no ocurra, está en su mano retirar esa ley sin enmiendas tramposa”, dijo. Su última frase fue otra declaración de intenciones: “Tienen que elegir entre estar con las víctimas y los asesinos. Entre estar con la dignidad y la ignominia. Entre Sánchez y la dignidad, elegirán Sánchez; entre las víctimas y ETA, elegirán ETA”.
Fuera del Congreso ocurrió lo mismo. Y en primera línea como siempre se puso Isabel Díaz Ayuso. Por la mañana temprano dijo que “ETA está más fuerte que nunca”. Su hombre de confianza en Madrid, Alfonso Serrano, corrió a hacerse una foto con Mari Mar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco. Pero entre sus andanadas al Gobierno la presidenta de Madrid coló otra a los suyos cuando tildó de “error gravísimo de la oposición” no haber detectado la enmienda. El líder de la oposición es Feijóo.
Llamada Gobierno-PP
Al Gobierno la reforma tampoco le supone un plato de buen gusto. Los socialistas han encontrado hasta ahora tres vías para evitar hablar abiertamente de la repercusión que tiene la convalidación de penas en el extranjero para todo tipo de delitos en las condenas de casi medio centenar de presos de ETA: que es una directiva europea, que ha sido votada por unanimidad en el Congreso y que se trata, en todo caso, de una iniciativa de Sumar.
En privado se asume sin tapujos que esa reforma que equipara a los condenados por el terrorismo etarra con el resto de reclusos forma parte del fin de las políticas penitenciarias de excepción que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llevado a cabo en los últimos seis años. Exactamente igual que ha pasado con la dispersión de presos. Aunque en público, por el momento, los socialistas prefieren desviar el foco del fondo del asunto.
“Es una transposición de la normativa europea a nuestro país que ya fue aprobada por el PP en Europa”, defendió Pilar Alegría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. La portavoz subrayó, además, que el texto que ahora verá la luz en el Parlamento fue “debatido, tramitado, votado en ponencia, en comisión y en Pleno por unanimidad”. Y negó que el sentido del voto del PP, que respaldó la reforma, se deba “a ningún despiste ni a ningún error”.
“ETA acabó hace trece años, desapareció, fue una victoria de toda la sociedad española y de la democracia. En nombre del Gobierno y de todos los españoles le exijo al PP que dejen de usar de esa manera partidista y obscena lo que tanto daño causó al pueblo español. Es indignante. Le exijo al PP que lo dejen ya”, clamó la ministra, quien insistió en calificar como “indigno” que “utilicen el terrorismo para tapar su vacío de propuestas, de proyecto y de liderazgo”.
Además, fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que Félix Bolaños llamó personalmente por teléfono a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en respuesta a su mensaje sobre la tramitación parlamentaria de la ley que conmuta las condenas en el extranjero. Desde el departamento de Bolaños aseguran que el ministro afeó en esa llamada a su interlocutora el “inesperado cambio de opinión” de su partido en relación a esta norma tras la información de El Confidencial que desveló la enmienda.
Según estas mismas fuentes, Bolaños transmitió a Gamarra que el “súbito” cambio de opinión es difícil de explicar ya que la norma “sirve para aplicar el derecho europeo en España” y “en el Congreso, el PP votó a favor de la ley como el resto de grupos y, en el Senado, no presentó ninguna enmienda”. Además, le recordó que la Audiencia Nacional emitió una cuestión prejudicial ante las dudas de que la legislación vigente —y que se modifica con esta ley— se adecúe al derecho comunitario.