Dos meses. Es el plazo, en principio improrrogable, que la Comisión Europea se fijó para mediar en el “diálogo estructurado” entre el PSOE y el PP que busca en Bruselas una salida al largo bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Tras dos reuniones, los avances son mínimos, según reconocen las partes. Y el calendario avanza. El intermediario, el comisario Didier Reynders, dejará su cargo a finales de marzo. Pero al PP no parece importarle y busca alargar el proceso e imponer una amplia reforma que vaya más allá de los criterios de Europa.
“Si el comisario Reynders termina su mandato estoy convencido de que la presidenta, Ursula von der Leyen, designará a otro comisario para ocupar el puesto”, dijo el pasado lunes el negociador del PP, Esteban González Pons, tras admitir los nulos avances en la segunda reunión con el representante del PSOE, el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. Una aseveración que abre la puerta a que la negociación se prolongue ‘sine die’, mientras el próximo mes de junio están convocadas elecciones europeas.
La frase no pasó desapercibida en el PSOE, donde creen que el vicesecretario de Institucional se equivocó al abrir la puerta en público a prolongar la negociación más allá de lo estipulado. Los socialistas recuerdan que fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien planteó la mediación de Bruselas y el papel de Reynders. Y la Comisión Europea es la que puso los plazos y el marco de las negociación.
Bruselas se tomó unas semanas para analizar la petición que le llegó desde el PP. Finalmente, aceptó la inédita propuesta y estableció un periodo máximo de dos meses para que el enésimo intento para cerrar la crisis del Poder Judicial diera frutos tras años de advertencias, amenazas, e intentos fallidos desde la capital comunitaria. Lo que en la Comisión Europea no se plantean es ampliar ese plazo, como dio por hecho Pons. “Está previsto para dos meses máximo”, señalan fuentes del gobierno comunitario.
Los dos meses no fueron, de hecho, una elección baladí. Reynders aceptó sentarse con PSOE y PP a finales de enero, cuando ya sabía que su mandato tenía fecha de caducidad (precisamente finales de marzo o principios de abril, es decir, los dos meses que ha dado de margen). El político belga comenzará entonces formalmente su campaña para hacerse con la secretaría general del Consejo de Europa y tendrá que dejar sus competencias como comisario de Justicia.
Pero los tiempos no son el principal problema de las conversaciones, sino los puntos de partida a priori irreconciliables. Pons, quien presume de ser un gran conocedor de los siempre complicados vericuetos de la política europea, tiene la máxima confianza de Feijóo. Y expresó ante los micrófonos que “el paquete negociador tiene distintas partes, una de ellas es la renovación [del Consejo] y otra es el cambio de modelo” de elección de sus miembros. Y añadió: “Aquí no hay nada consensuado hasta que todo está consensuado”.
El PP quiere acordar todo un paquete
Fuera de cámaras, en el PP añaden que su idea es plantear una renovación del CGPJ en paralelo no solo a diseñar un nuevo sistema de designación de los vocales, sino a un amplio paquete de reformas que irían desde el Tribunal Constitucional a la Fiscalía General del Estado, pasando por regular las llamadas “puertas giratorias” de ida y vuelta entre la Justicia y la política.
“Todo es un pack”, apunta una fuente de la dirección del PP a elDiario.es. Y ese “pack” es indivisible. Tanto, que la renovación del CGPJ y la reforma legal que quiere la derecha deberían tramitarse a la vez en el Congreso. Y los cambios legales, “como primer punto del orden del día”, según la misma fuente, que ironizó con llevar las conversaciones más allá de lo marcado por la Comisión: “Ya llevamos bastante retraso”.
El problema, como señalan en el PSOE, es que la intermediación de la Comisión Europea tiene como base el informe sobre el Estado de derecho que el Ejecutivo comunitario publica cada año, y al que hacen referencia de forma habitual los comunicados del organismo. Y dicho informe no menciona el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General ni demás cuestiones sino que establece como “urgente” la renovación del CGPJ y establece que “inmediatamente después” se debe “iniciar una reforma en línea con los estándares europeos” (es decir, en el que se dé más peso a la carrera judicial dentro de la elección de su órgano de gobierno).
En el último informe publicado, en julio del año pasado, Bruselas se felicitó por la renovación parcial del tribunal de garantías, pactado por Pablo Casado cuando estaba al frente del PP, y que propició que el exministro Juan Carlos Campo accediera al Constitucional. Un grave peligro para la democracia y el Estado de derecho, según denuncia ahora Feijóo.
Tampoco Reynders ha mencionado otras cuestiones más allá del CGPJ en sus muchas declaraciones sobre la delicada situación del Poder Judicial en España. Ni siquiera cuando viajó a España a reunirse con cada una de las partes, por separado, así como con organizaciones y asociaciones gremiales.
Para el PP, aquella renovación (que contó con el apoyo de su propio partido) fue la gota que colmó el vaso del “control institucional” que ejecuta el Gobierno, en su opinión. Fue cruzar todas las líneas rojas“, apuntan desde la dirección, aunque en el Congreso solo Cayetana Álvarez de Toledo se rebeló contra el acuerdo de su por entonces jefe de filas.
En el partido de Feijóo juegan con la baza de que Pedro Sánchez cumplirá el compromiso que adquirió de no cambiar la mayoría parlamentaria de dos tercios de ambas cámaras legislativas para designar vocales del Poder Judicial. Un movimiento que el primer Gobierno de coalición puso sobre la mesa ante el bloqueo del PP, pero que la presión de Europa obligó a descartar.
Lo que sí dijo Reynders en un comunicado tras la primera reunión del “diálogo estructurado”, celebrada el pasado 31 de enero, es lo que afirma desde hace años: primero, desbloquear el CGPJ; e “inmediatamente después”, abordar la reforma del sistema de designación. Y nada más.
En el partido de Pedro Sánchez reconocen que las conversaciones “no van tan bien” como querrían y temen que el PP vuelva a una estrategia de romper las posibilidad de acuerdo. “No es tiempo de excusas ni de dilaciones”, dijo Bolaños el lunes en Bruselas.
Pons y Bolaños se han citado para verse otra vez en la capital comunitaria en la primera quincena de marzo. Pero las expectativas no son las mejores. “Hemos avanzado poco”, dijo Pons el lunes. “No es una cuestión de plazo”, añadió. “Hay que ir lento y hay que hacer las cosas bien”, concluyó.
Otra amenaza de dimisión en el CGPJ
Y mientras el PP apura los plazos, el Poder Judicial sigue en una situación cada vez más complicada. Su presidente, Vicente Guilarte, planteó ya una alternativa para lograr el acuerdo entre los dos partidos que deben entenderse para renovar el órgano: retirarle al Consejo las competencias para designar a los jueces del Supremo y otras instancias judiciales. El tribunal que está en la cúspide del sistema español acumula ya 25 plazas de magistrados sin cubrir.
Guilarte puso su cargo sobre la mesa esta misma semana. El presidente en funciones del CGPJ amenazó con dimitir si el diálogo entre el PSOE y el PP no concluye con un acuerdo. Guilarte es el tercer presidente que ha tenido el órgano de gobierno de los jueces en este mandato.
El original, Carlos Lesmes, ya dimitió precisamente para presionar a los partidos en su negociación, sin ningún éxito. Fue el 10 de octubre de 2022. Apenas unos días después descarriló en el último segundo de un acuerdo que, según las dos partes, estaba ya prácticamente cerrado. A Feijóo le dio el vértigo cuando vio la reacción de los suyos a la reforma de los delitos de sedición y malversación. Su sucesor, Rafael Mozo, asumió entonces el cargo, que tuvo que dejar en junio de 2023 por jubilación.
En el PP aseguran que “no se van a levantar de la mesa” de la negociación. Otro indicador de que a Feijóo solo le compensa un pacto con el PSOE si logra todos y cada uno de sus objetivos. Si no, el Poder Judicial seguirá empantanado ante la imposibilidad de renovarlo sin el concurso de una derecha que ha demostrado por la vía de los hechos que la situación actual no es peor que un acuerdo con Pedro Sánchez.