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El PP arremete contra el Gobierno pese a comprometerse a apoyar el plan de Sánchez para reducir el precio de la luz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en la sesión de control con el escaño de Pablo Casado vacío a su izquierda.

Aitor Riveiro / Irene Castro / Iñigo Aduriz

16 de marzo de 2022 22:23 h

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La política de mano tendida del virtual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el Gobierno tiene dos caras. Una, la que ofrece apoyo a las medidas que está aprobando o estudia aprobar ante la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis económica y social que está provocando. Pero en la segunda, la que ensaya ante los medios, el PP arremete contra el Ejecutivo sin contemplaciones y le acusa de “forrarse” con los impuestos mientras plantea las rebajas fiscales como única receta para atajar la inflación.

El Gobierno y el PP se reunieron el miércoles en el marco de la ronda de contactos del plan que diseñan en Moncloa para atajar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Un encuentro de alrededor de una hora en el que estuvieron presentes las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, además del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ejerció de portavoz gubernamental tras la cita de la que el Ejecutivo salió con el compromiso de “bajar la luz, la gasolina y el gas” por decreto el 29 de marzo.

¿Cómo lo va a hacer? Ahí surgen las dudas porque el plan está sin desarrollar. O más bien a la espera de que la UE dé el visto bueno a la propuesta estrella de Pedro Sánchez: desacoplar el precio del gas del sistema que fija el coste de la luz. De esa manera, sostienen en el Gobierno, la factura energética de hogares y empresas descenderá de forma inmediata.

Entre las “fórmulas” planteadas por el Ejecutivo hay, según Bolaños, “ayudas del Estado, ayudas fiscales, topar precio o fijar un precio único” para la energía. La inconcreción del plan ha llevado al PP a arremeter contra el Gobierno y a reclamarle que no espere al 29 de marzo, sino que tome ya las medidas que pueda adoptar.

En concreto, el PP planteó una batería de rebajas fiscales que incluyen el IVA e impuestos especiales como el de Hidrocarburos. Dos de las fuentes de financiación principales de la Administración Central del Estado y de las Comunidades Autónomas. Para el Gobierno no tiene sentido focalizarse únicamente en la fiscalidad sin retocar el mercado energético, para lo que es necesario el plácet de Europa. 

Los próximos 24 y 25 de marzo se reúne el Consejo Europeo. Es ahí donde en Moncloa sostienen que se juega esta partida. Antes, Sánchez hará una gira por diferentes países de la UE para intentar recabar apoyo a su plan de desacoplar el gas, que en muy buena parte se compra a una Rusia a la que se intenta ahogar económicamente para que desista de su invasión de Ucrania. El presidente comenzará en Rumanía y seguirá en Italia, donde se reunirán, además del primer ministro Mario Draghi y el español, el portugués, António Costa, y, por vía telemática, el griego, Kyriakos Mitsotakis.

El PP no prevé empujar con sus socios europeos

En privado, el PP sí defiende expresamente la idea de Sánchez de desacoplar el gas. En público, sin embargo, evitan la mención expresa. El pasado fin de semana los presidentes autonómicos del PP sí dejaron por escrito su respaldo “al Gobierno de España en su posición ante el próximo Consejo Europeo que se adopten medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía”. Sin concretar qué medidas serían ni cómo sería ese apoyo. Porque el PP ha renunciado a presionar en la reunión con su familia política en Europa previa al Consejo Europeo. Así lo señaló la portavoz parlamentaria y coordinadora general del partido, máximo cargo orgánico descontando al presidente ausente Pablo Casado.

“Son los países los que negocian. El ámbito es otro”, dijo en una comparecencia ante los medios tras la reunión con el Gobierno. Gamarra dijo que no se habían “cubierto” sus “expectativas” y planteó medidas que van incluso más allá del problema energético. Además de reducir el IVA del combustible y de la luz y el gas al 4% y bajar el especial de Hidrocarburos, el PP plantea una “deflactación” del IRPF, es decir, que se pague menos en el impuesto de la Renta para compensar la subida generalizada de precios. 

Es decir, el PP ha aprovechado una reunión en el marco de la guerra de Ucrania para ir más allá, como reconoció expresamente Gamarra, que dejó así el terreno limpio para Alberto Núñez Feijóo quien, en un acto por la tarde en Santiago dentro de su gira por España para promocionarse en un congreso interno en el que es el único candidato, acusó al Gobierno de “parecer de broma”. 

“Parece una broma que menos de 24 horas después de anunciar el aumento del presupuesto de Defensa, una parte del Gobierno diga que no lo ve. Parece una broma que a menos de 25 kilómetros de la frontera europea se esté desatando una guerra sin cuartel, con más de 100 hospitales bombardeados, y La Moncloa se quiera convertir en un plató para grabar una serie a mayor honra del presidente. Mientras las familias no llegan a fin de mes, la vicepresidenta nos dice que no es para tanto, que otras naciones están más afectadas”.

“Dicen que estemos tranquilos, porque con o sin Europa bajarán los precios. ¿A qué esperamos que bajen los precios? ¿Por qué no bajan los precios ya? ¿Por qué no tomamos decisiones ya?”, apuntó, para concluir: “¿Por qué el Gobierno se empeña en llegar a fin de mes si los españoles no podemos llegar a fin de mes?¿Por qué tanto pasotismo?”. Del plan para bajar el precio de la luz o el desacoplamiento del gas, ni media palabra.

Sobre la beligerancia expresada por el PP, Bolaños aseguró en una entrevista en Onda Cero que se había producido en un tono constructivo: “Alguna vez a uno le gustaría que fueran públicas las reuniones y que luego se comparara [lo que se dice a puerta cerrada] con las declaraciones públicas de las personas que han estado presentes”. “Nuestro modelo energético no es el de la derecha”, zanjó.

“Los mismos argumentos” que Casado

La bronca ya venía de la sesión de control de primera hora de la mañana, en la que Gamarra exigió a Sánchez que elimine ministerios como una de las fórmulas para hacer frente a la crisis. “Cuando le escucho no sé muy bien a quién estoy contestando: si al antiguo PP o al nuevo PP”, le contestó el presidente, quien acusó a la portavoz -que también lo era con Pablo Casado- de “usar los mismos argumentos” que el anterior líder de la oposición. 

En el Ejecutivo sostienen que Feijóo no es tan moderado como a priori parece y no han dudado de situarlo en el extremo con el acuerdo alcanzado en Castilla y León con Vox. Al mismo tiempo que el PSOE va a emplear a fondo esa estrategia, confía en que haya un cambio con respecto a la etapa de Casado y se puedan alcanzar acuerdos como la renovación del Poder Judicial.

La crisis que va a provocar la guerra en Ucrania se ha convertido en un problema con el que Sánchez no contaba en su camino a las elecciones ya que pone en riesgo la recuperación económica. Por eso la estrategia de Moncloa pasa por minimizar los daños al máximo con un gran acuerdo en el que estén cuantos más actores, mejor. Tras involucrar a los agentes sociales en el “pacto de rentas”, Sánchez buscó la complicidad de las comunidades autónomas y ahora quiere sumar a los partidos. 

La mano del presidente ha estado tendida desde que solemnizó en el Congreso la necesidad de poner en marcha medidas extraordinarias. “En este momento la ciudadanía lo que quiere escuchar de sus líderes es un mensaje de unidad en contra de la invasión de Putin, en la ayuda al pueblo ucraniano y en cuanto a las consecuencias económicas que podamos dar a nivel europeo y doméstico”, reiteró el domingo antes de comenzar la Conferencia de Presidentes. A partir de ahí, Moncloa puso en marcha la negociación con el conjunto de los grupos. 

Para un Sánchez que busca la centralidad –con mensajes como el del aumento del gasto militar–, lograr un acuerdo con el PP en una materia que fuentes gubernamentales enmarcan en una “cuestión de Estado” sería un espaldarazo. Sin embargo, la unidad a la que apela Moncloa no solo se desvirtúa por las arremetidas del PP sino también por las reticencias que expresa el socio minoritario de la coalición a pactar las iniciativas con la derecha. 

Unidas Podemos recela del acuerdo con el PP

Algunas fuentes de ese espacio consideran que un acuerdo con los 'populares' podría suponer un “freno” a las medidas sociales e impediría la puesta en marcha de un “escudo social y verde”. Con el PP, señalan esas fuentes, no se va a poder cumplir con la premisa que “nadie se quede atrás” que se ha planteado desde la parte socialista del Ejecutivo, porque los 'populares', apuntan, “jamás” aceptaría las principales medidas que plantea Unidas Podemos como una reforma fiscal que aumente los impuestos a las rentas más altas y a las grandes eléctricas.

Un acuerdo con la principal fuerza de la oposición, explican desde el grupo confederal, podría incluso abrir una “grieta” en el Gobierno de coalición si, por culpa de ese pacto, la parte mayoritaria, la del PSOE, no acepta los planteamientos del socio minoritario. No obstante, otras fuentes de ese espacio consideran que el intento de los socialistas por acercarse al PP es porque Sánchez trata de dar una imagen de Estado, pero creen que no se va a materializar, porque no le interesa a ninguna de las partes.

En Moncloa, sin embargo, quieren enviar el mensaje de que en el Gobierno hay “una única voz” y por eso Sánchez ha dado esta vez un papel específico a Yolanda Díaz al incorporarla, junto a las otras dos vicepresidentas y Bolaños, a la ronda de contactos con los grupos. Fuentes de la vicepresidencia segunda aseguran que ante la situación que puede generar el conflicto en Ucrania es necesario tomar “medidas rápidas, ágiles y sociales” para no repetir errores como en la crisis generada por la pandemia, que a su juicio se abordó tarde, una vez comenzó a crecer el desempleo.

El martes Díaz reunió a todos los ministros de Unidas Podemos en busca de una posición consensuada ante la guerra y tras las discrepancias que se evidenciaron hace ya dos semanas acerca del envío de armas a Ucrania por parte de España que sí ven bien la vicepresidenta segunda, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, o el de Universidades, Joan Subirats, pero que rechazan de plano Belarra y la titular de Igualdad, Irene Montero. Finalmente el martes se logró redactar un documento con todas las medidas que los ministros del grupo confederal ya han enviado de forma oficial al PSOE. Por el momento, y aunque todos los ministerios de Unidas Podemos ya han expuesto sus iniciativas a Yolanda Díaz, las únicas que han trascendido son las de Derechos Sociales.

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