Un día Dolors Montserrat pide a la Comisión Europea, como jefa de la delegación del Partido Popular, que indague sobre las cifras de fallecidos por el coronavirus en España. Y al siguiente ningunea el criterio técnico del secretariado de la comisión de Peticiones que preside para no tumbar una queja de un ex diputado autonómico catalán del PP Sergio Santamaría Santiagosa sobre la gestión del coronavirus en España –en línea con los discursos de Montserrat, miembro también del PP catalán–, para llevarla a una votación en la que tiene mayoría y, así, dar la vuelta al criterio técnico y resucitarla.
Una práctica que verdes, socialistas y la Izquierda Unitaria consideran extraordinaria y muy poco habitual en la comisión de Peticiones, mientras en el PP defienden que “las decisiones se toman democráticamente en las reuniones de coordinadores”.
Fruto de esa decisión, decayó una queja sobre el cierre de un hospital en Italia para ponerse en cola otra del mismo peticionario que este martes, Santamaría Santiagosa, ha expuesto su indignación con la gestión del Gobierno español en la crisis del coronavirus. Santamaría Santiagosa es un veterano en estas lides: no sólo ha presentado estas dos peticiones contra el Gobierno sobre el mismo asunto en esta legislatura con la fortuna de pasar el filtro para ser debatidas, en la pasada presentó otra sobre la “manipulación informativa” de TV3.
La petición de Santamaría debatida este martes, sobre la falta de libertad en la crisis del coronavirus, cuestiona medidas como el confinamiento y se ha mantenido abierta gracias a los votos de los grupos de Vox y de Ciudadanos, que en los días previos habían expresado las mismas posiciones políticas que la de la petición validada.
“Cada vez es más evidente que la presidenta de la comisión está usando su papel institucional para poner el semáforo rojo a las peticiones que no le interesan y el verde a las que le interesan”, se lamenta la eurodiputada socialista Cristina Maestre, miembro de la comisión de Peticiones: “Habitualmente el procedimiento es que el peticionario traslada la petición y el secretariado emite un informe en que considera si es admisible o inadmisible en función de si tiene competencias la UE en la queja planteada, y la petición de Santamaría Santiagosa no era ámbito de competencias de la UE ni una flagrante vulneración de derechos, por lo que el secretariado recomendó declararla inadmisible. En ese caso la presidenta discrepó, y siguió las indicaciones del PP. Cambió el orden del día, porque había sido desestimada, y le dio la tramitación para estar en la bandeja de salida”.
En el PP insisten: “No ha habido ningún cambio de criterio, los coordinadores aprueban estas decisiones”.
Sin embargo, esta decisión generó el enfado de los diputados del Movimiento 5 Estrellas, que enviaron una queja por escrito a Dolors Montserrat: “Pedimos amablemente a la presidenta que garantice una mirada precisa, justa e imparcial en el tratamiento del contenido de las peticiones, que no puede resolverse aplazando la decisión final a los coordinadores, en los que puede prevalecer el interés político en mantener abierta o cerrada una petición. La presidencia debe actuar como primus inter pares y preservar un enfoque coherente, preciso, justo y sin prejuicios políticos en sus decisiones en cada etapa en que se trata una petición”.
La queja fue respaldada por la Izquierda Unitaria y los Verdes. La eurodiputada verde Margrete Auken, a raíz de ello, pidió abordar el asunto en la próxima reunión de coordinadores de la comisión de Peticiones: “Por lo tanto, dado que estos son todos los asuntos de procedimiento centrales de nuestro trabajo como coordinadores y del funcionamiento de la comisión en su conjunto, solicito que se incluya un punto específico en la agenda de la reunión de coordinadores de la próxima semana (y no en 'otros asuntos', sino más bien al principio)”.
Fuentes de los Verdes explican que están sopesando llevar la actuación de Dolors Montserrat a la Defensora del Pueblo Europeo: “No está claro que esté actuando correctamente en base a los tratados. Hay prácticas un poco extrañas, pero va tirando porque tiene la mayoría política, entre otras cosas porque el S&D –el aún no ha reemplazado las dos bajas del Brexit, que permitirían una mayoría alternativa con los liberales en algunos casos. La presidenta está moviéndose continuamente en la incoherencia: en el plazo de una semana utilizó el mismo artículo para argumentar una cosa y la contraria”.
Sira Rego, eurodiputada de IU y miembro de la comisión de Peticiones por la Izquierda Unitaria, afirma: “El PP, en alianza con el grupo parlamentario de Vox, ha decidido traer el discurso de la crispación también a las instituciones europeas. Lo que hemos visto hoy en la comisión de Peticiones es un ejemplo. Dolors Monserrat está utilizando su papel como presidenta de la comisión para mantener abiertas peticiones que vienen directamente de miembros de la dirección del Partido Popular. Y es lamentable, no porque un partido político registre una petición en el Parlamento, sino porque han tratado de ocultarlo y cuando se lo hemos recriminado dicen que les insultamos. Que hayan reaccionado así hoy quizá indique que ya sabían que no estaban haciendo muy bien las cosas”.
“Todos los miembros de la comisión se quejan del abuso del PP a la hora de llevar asuntos españoles, esto no pasaba antes. Es una estrategia clarísima para dañar la imagen de España”, se lamenta Maestre.
“Hay una clara estrategia para erosionar al máximo la imagen del Gobierno en Bruselas y no van a escatimar”, prosigue Rego: “Primero fue la carta al comisario Reynders. Después su apuesta por alinearse con los que reclaman recortes a nuestro pueblo a cambio de los fondos del plan de reconstrucción. Y ahora con Peticiones. El PP está más preocupado por seguir la agenda que le marca Vox que por defender la salud pública para nuestro pueblo”.
Condiciones para los fondos
Además de estos movimientos en la comisión de Peticiones para ejercer de eco de la oposición al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, el Partido Popular está en los últimos días yendo más lejos que ningún país al pedir que se condicionen las ayudas a que el Ejecutivo renuncie a su programa de Gobierno.
La propia Montserrat afirmó en declaraciones a la Cadena SER: “Lo que pedimos es que el Gobierno de España, como está haciendo Italia, Portugal, Francia, Alemania y todos los países, haga un paquete de reformas ambiciosas para que este dinero que viene de Europa lo podamos aprovechar aún más. Que nos ayude a modernizar nuestra economía. Este dinero no es para derogar la reforma laboral y por tanto, estas reformas no pueden servirse jamás de ese dinero de Europa. Ese dinero no puede servir jamás para derogar una reforma laboral como quiere el Gobierno de España”.
La jefa de la delegación de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, respondía en TVE:
Unos días antes, en El Confidencial, el compañero de filas de Montserrat y vicepresidente de los populares europeos, Esteban González Pons, escribía: “El dinero que vendrá de la Unión Europea no es para que Podemos cumpla su programa, es para que lo cumplan las empresas privadas españolas. No se trata de que el endeudamiento europeo sirva para aplicar en España políticas bolivarianas sino para que España converja económicamente con Alemania, Francia o los Países Bajos”.
Y el presidente de los populares europeos en la Eurocámara, Manfred Weber, decía esto a El País y otros medios europeos: “Todo el grupo apoya la idea de que la solidaridad va acompañada de responsabilidad. También los colegas españoles como Dolors [Montserrat], Esteban [González Pons] o Pablo Casado, tienen muy claro que debemos insistir en que el dinero se invierta en el futuro del país para ayudar a crear oportunidades de trabajo y perspectivas para los jóvenes y en que eso debe quedar claro. Desde el PPE tenemos, por decirlo así, dos condiciones. No queremos desperdiciar el dinero en gastos del pasado, sino invertir en el futuro. Y el PPE no está dispuesto a que se financien las falsas promesas de Podemos”.
Así, mientras se presiona para que el dinero no se use en aplicar el programa de Gobierno –que incluye medidas como el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo, la derogación de la reforma laboral de 2012 o un impuesto a las grandes fortunas–, se facilita que quejas de ex diputados autonómicos del PP prosperen en la comisión de Peticiones, presidida por la portavoz del PP en la Eurocámara, para erosionar al Gobierno.