Se complica para Pedro Sánchez la posibilidad de aprobar de manera automática los decretos sobre alquiler e igualdad laboral anunciados con las cámaras ya disueltas y con fecha de elecciones publicada en el BOE. Lo mismo sucederá con otro decreto que el Gobierno ya ha enviado al Congreso y que plantea un plan de contingencia ante la posibilidad de un Brexit duro. PP y Ciudadanos trabajan para someter al Gobierno a la máxima presión, complicando el trámite de sus propuestas mientras Sánchez advierte de que su Gobierno seguirá gobernando “hasta el último minuto”.
Moncloa preveía que sus propuestas se sometiesen a una única votación en el Congreso pero Ciudadanos y el Partido Popular quieren tramitarlas como proyectos de ley y, en consecuencia, alargar los plazos y abrir el debate a la posibilidad de plantear enmiendas. El PDeCAT se muestra favorable a este procedimiento alargado y en el PNV aseguran que “hoy por hoy el Gobierno no tiene los votos” para sacar sus planes adelante. El PSOE se enfrenta a dos exámenes: primero debe conseguir los votos suficientes para convalidar sus decretos y después debe pelear sobre la manera en que estos se tramitan.
Desde la dirección de Ciudadanos aseguran que “el uso del decreto ley como forma ordinaria de legislar es poco democrático”. Las mismas fuentes señalan que “si se trata de que el Parlamento manifieste un simple sí o no a lo que presente el Gobierno, directamente nos cargamos el régimen parlamentario y caemos en el autoritarismo”. Un portavoz de la dirección ha confirmado a eldiario.es su intención de solicitar la tramitación de los decretos como proyectos de ley.
En el Partido Popular también han decidido hacer bandera contra el uso de los decretos para sacar políticas adelante. La formación que lidera Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de usar la chequera de los decretos con fines electorales, motivo por el cual han interpuesto una denuncia ante la Junta Electoral Central.
Los nacionalistas catalanes se muestran distantes con los planes del Gobierno. El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, recuerda en conversación con eldiario.es que la mayoría de los decretos que se han convalidado en período de disolución “tenían muy poca carga política”. Según el diputado catalán, lo que PSOE pretende aprobar ahora “supone el ejemplo contrario”. En el mismo sentido se manifiesta el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que en declaraciones a esta redacción se pregunta: “¿Es urgente un decreto de alquiler o de reforma laboral? No parece que cumpla con los requisitos legales”.
Unidos Podemos se mantiene en su decisión de apoyar al Gobierno sin abrir el debate a la incorporación de nuevas enmiendas. Según fuentes de esta formación, la propuesta de Ciudadanos busca tumbar las propuestas del Ejecutivo, algunas de las cuales han sido acordadas con la formación que lidera Pablo Iglesias.
Situación inédita
La tramitación de decretos como proyectos de ley en periodo electoral es inédita en el parlamentarismo español. Con todas las comisiones parlamentarias ya disueltas, el Congreso deberá encontrar una fórmula para crear un grupo de trabajo que pueda preparar las enmiendas y la ponencia de la ley. Por ello, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha pedido un informe a los letrados de la Cámara para que aclaren cuál debe ser el procedimiento para tramitar de manera extendida una ley cuando apenas hay tiempo ni estructura para hacerlo.
Pastor quiere que los letrados de la cámara aclaren en qué plazos se puede llegar a tramitar un decreto como proyecto de ley con el Parlamento ya disuelto. En el aire, y a la espera de ese informe, se mantienen preguntas como las siguientes: “¿Cómo se sustituye el trabajo de las comisiones parlamentarias para hacer una ley cuando las comisiones ya están disueltas? ¿Tendrá el Senado voz y voto sobre los planes del PSOE y Unidos Podemos para regular el mercado del alquiler y la implantación de medidas para garantizar la igualdad laboral?”.
El reglamento del Congreso prevé la posibilidad de tramitar como proyectos de Ley los decretos del Gobierno, incluso en época de disolución parlamentaria. En su artículo 151, esta norma dice que “La Diputación Permanente podrá tramitar como Proyectos de Ley por el procedimiento de urgencia los Decretos-Leyes que el Gobierno dicte durante los períodos entre legislaturas”. El reglamento aclara la posibilidad de alargar la tramitación parlamentaria de un decreto sin aclarar cuál es la fórmula para llevarlo a cabo con elecciones a la vista y el Congreso funcionando a medio gas.
Con la propuesta de Ciudadanos de apostar por la tramitación más compleja, el PSOE pierde la efectividad de sus anuncios. Aunque la entrada en vigor de las medidas contenidas en un decreto es efectiva desde el momento de la publicación el BOE, su vida depende de la suerte parlamentaria que corra en el trámite de convalidación. A los 30 días de su puesta en funcionamiento los decretos decaen inmediatamente si antes no han conseguido el apoyo parlamentario que los convalide.
Al tramitar un decreto como Proyecto de Ley se abre la posibilidad de presentar enmiendas a los textos que el Gobierno envía al Parlamento. Las medidas propuestas por el ejecutivo pueden acabar siendo sustituidas por otras diferentes durante el proceso de debate parlamentario. En pleno periodo electoral, el PSOE de Pedro Sánchez se arriesga a una derrota parlamentaria en dos temas que daba por aprobados. Según el diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, “el Gobierno ha decidido emprender una operación con un riesgo político evidente”.