El Partido Popular y Ciudadanos se han enfrentado este martes por el informe sobre la financiación de los partidos políticos y sus fundaciones entre los años 2014 y 2015, presentado por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.
El informe, que no avala la contabilidad de la formación naranja al detectar “pagos efectuados por terceras personas contabilizados como donaciones en especie” por valor de 14.371, señala irregularidades en la contabilidad de Ciudadanos, Izquierda Unida o Compromís, entre otros. Unos errores que, según el Tribunal de Cuentas, “podrían suponer una irregularidad sancionable”.
En la Comisión Mixta del Congreso sobre la fiscalización de los partidos, los populares han acusado a Ciudadanos de utilizar “una doble vara de medir” en asuntos como la transparencia o la financiación de los partidos; mientras los naranjas reclamado que el PP que presente sus cuentas y han pedido una mayor “garantía de independencia” al Tribunal de Cuentas.
“Lo que para los demás ustedes califican como ilegalidades o irregularidades, cuando les afectan a ustedes lo rebajan a 'simples errores administrativos'. 'aspectos puramente formales'o 'discrepancias de apreciación contable'”, ha asegurado el diputado Juan Bravo. El popular ha acusado “al partido del señor Rivera” de no ser capaces de superar el control del Tribunal de Cuentas y, a la vez, de “venir dando reiteradamente lecciones de transparencia, de ética, de regeneración y de calidad democrática. No arrastre más los pies”, ha dicho Juan Bravo, “¿Quién va a dimitir en su partido? Rivera debería”.
Bravo ha dudado que los naranjas sean capaces de gestionar “una comunidad autónoma o un país” si no es “capaz” de gestionar su propio partido. “Sinceramente, qué cabria esperar de un partido que no es capaz de gestionar su propio partido en el año 2014 con apenas dos millones de facturación, o en el año 2015 con algo más de diecisiete millones. ¿Tienen ustedes capacidad para gestionar una comunidad autónoma o un país?”.
“¿Podemos entender ahora por qué ustedes no querían que la Comisión de Investigación del Partido Popular se extendiese a su formación? ¿Puede estar vinculado a este informe que hoy conocemos?”, ha preguntado Bravo sobre los algo más de catorce mil euros que el Tribunal no considera suficientemente justificados.
“Las cuentas del PP las juzgan los tribunales”
El diputado de la Ciudadanos, Raúl Ramírez, ha cargado contra el presidente del Tribunal de Cuentas y ha defendido las finanzas del partido asegurando que han presentado los datos nacionales “y los de 200 grupos municipales y autonómicos”. “Presentamos la mayoría de la información de nuestro grupo pese a que la ley no obliga a ello”.
“Contrasta esto con la actitud del PP que no realizó ningún esfuerzo por presentar la contabilidad de sus grupos institucionales. Debe ser que les cuesta mucho presentar esa información, tal y como reconoce el propio informe del Tribunal de Cuentas, ¿verdad, señor Álvarez de Miranda?”, ha preguntado Ramírez al presidente del Tribunal.
El diputado naranja ha recordado que los datos de los populares no han podido ser fiscalizados porque el PP no ha presentado sus cuentas. “Nuestras cuentas las tiene usted, las tiene el Tribunal de Cuentas, para que las analicen hasta el más minimo detalle. Las del PP, las encuentra la UCO y las juzgan los tribunales de media España”, ha apuntado Ramírez que ha diagnosticado una “alergia a la transparencia” al bipartidismo.
La Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos faculta al Tribunal de Cuentas para imponer sanciones a las formaciones que cometan infracciones previstas en el artículo 17 de esta ley como, por ejemplo, aceptar donaciones de terceras personas para costear los gastos de la formación política.
En su día, Ciudadanos respondió al informe del Tribunal de Cuentas asegurando que los errores en su financiación se debían a diferencias de “apreciación contable” de determinados conceptos, según confirmaron fuentes de los naranjas a Europa Press.
Además, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, afirmó que ya se había subsanado el “error” en las cuentas correspondientes al ejercicio del 2016. Un error que el tribunal censuró en las cuentas de 2015 y que Villegas atribuyó a “salvedades contables”.