Pedro Sánchez dirige un Gobierno cautivo de sus socios, “intervenido”. En España no se respeta “la democracia parlamentaria”. Los partidos de la coalición que gobierna han iniciado un “asalto institucional” que busca “perpetuarse” al frente del país. Entre estas instituciones se encuentra el INE, responsable “del censo electoral”. O la empresa tecnológica Indra, habitual responsable de ordenar los resultados que remiten desde las mesas electorales. Porque Sánchez no quiere abandonar la Moncloa y hará lo que sea necesario para mantenerse al frente del Ejecutivo y así, a partir de la siguiente legislatura, iniciar un proceso de demolición del orden constitucional.
Esta es, en resumen, la tesis que viene exponiendo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus portavoces desde que relevara a Pablo Casado al frente del partido, en abril del año pasado. Una idea que el dirigente gallego ha desarrollado en diferentes etapas y que creció en intensidad a la vuelta del último verano, cuando las encuestas comenzaron a reflejar un agotamiento del efecto de su llegada a la planta noble de la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid.
Ya en junio del año pasado, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, aseguró en una comparecencia ante los medios que “el CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos”. Pons, que pasa por ser uno de los dirigentes autocalificados como “moderados” de la cúpula de Feijóo, dijo una verdad a medias, puesto que Indra no recuenta los votos, sino que recopila toda la información que llega de cada mesa electoral y los centraliza para su posterior comunicación.
A eso se agarró Pons cuando fue cuestionado por la dificultad de un fraude electoral como el que estaban insinuando: “Es verdad que los votos van por acta, pero Indra da los resultados la primera noche”. “Confiamos en los profesionales de estas instituciones, pero no en la voluntad de Sánchez”, añadió.
Feijóo no ha ido tan lejos, eso se lo deja a sus subalternos. Por ejemplo, su coordinador general, Elías Bendodo, quien ha asegurado hace escasas semanas que el presidente del Gobierno quiere “utilizar el poder para cargarse la democracia”.
Pero Feijóo sí ha insistido de forma habitual en sus acusaciones al Gobierno de coalición de querer acabar con “la separación de poderes”, de querer controlar “al Poder Judicial”, pese a que es el PP quien se niega a su renovación desde hace más de cuatro años y quien ha intentado, sin éxito, impedir el relevo de varios magistrados del Tribuna Constitucional, que ahora contará con una mayoría progresista durante nueve años.
El líder del PP ha acusado a Sánchez de “caudillista” y de ser “el presidente más autoritario de la democracia”. Un paso más allá fue este pasado mes de diciembre ante la Junta Directiva Nacional de su organización, cuando afirmó que “no es legítimo” lo que hace el presidente del Gobierno y dijo que llegaría “hasta donde haga falta” para detenerlo. Un nuevo giro en la estrategia definida desde el congreso extraordinario que lo encumbró tras el golpe de mano contra Casado. Feijóo quiso hacer del cónclave de abril del año pasado en Sevilla un parteaguas con la anterior dirección. Durante meses se había esforzado en no repetir un significante que su predecesor sí usó de forma habitual, el de “gobierno ilegítimo”. No lo hizo, pero lo dejó caer.
El 19 de diciembre, ante la plana mayor del PP, concluyó: “O este Gobierno o España”. Una idea copiada directamente de la factoría Ayuso. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido mucho más beligerante en sus expresiones contra Sánchez. Ella sí ha tachado al Ejecutivo de “ilegítimo”. De “tirano”. De “autoritario”.
La dirigente madrileña, quien ya ha deslizado en público que las de mayo serán sus últimas elecciones como candidata autonómica, rivaliza así con la ultraderecha de Vox. Los de Santiago Abascal no limitan nunca su ofensiva dialéctica contra Sánchez y el Gobierno con Unidas Podemos. Y no dudan en utilizar los calificativos más gruesos contra el presidente: desde llevarle a los tribunales por “conspirar contra la democracia” a hablar abiertamente de “golpe de Estado” por la reforma del Código Penal.
Pero esta semana se ha producido un salto cualitativo, coincidiendo con el intento de golpe de Estado en Brasil contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cientos de seguidores del ultra Jair Bolsonaro, quien no ha reconocido los resultados electorales que le han desbancado de la Presidencia del país, asaltaron las principales instituciones del Estado.
Este martes, dos días después del asalto, que el PP ha intentado vincular insistentemente con hechos ocurridos en España, Feijóo aseguró en un discurso en un foro organizado por el diario Abc. “Hay multitud de indicios racionales que acreditan que existe un plan premeditado para alterar sustancialmente las bases de la convivencia democrática”, dijo el presidente del principal partido de la oposición. El gallego siguió: “la extrema izquierda y el independentismo han encontrado en él [Pedro Sánchez] el medio idóneo para ir imponiendo sus tesis a la sociedad española”. El líder del partido que, según sus datos, más militantes tiene en España no se quedó ahí y tachó al presidente del Gobierno de “líder soberbio” y, a la vez, de ser un “subordinado útil” que ha convertido “en rehén a toda la nación”.
Para el presidente del PP, la mayoría parlamentaria (que suma para leyes como los Presupuestos y otras no menos de 185 votos) no tiene legitimidad porque, en su opinión, son “minorías”. Y esas “minorías” son las que “hacen las leyes”, mientras “las mayorías” que representa su partido “intentan que se le apruebe alguna enmienda”. “Y esto es lo contrario a la democracia parlamentaria”, añadió. El PP tiene 88 diputados, por 120 del PSOE.
Feijóo apuntaló: “No hay límites para este Gobierno, cualquier pesadilla es posible”. Y zanjó: “España debe cambiar de presidente”. Algo que no se producirá si se cumple la teoría de la conspiración esgrimida primero por Vox y luego por el PP de que Sánchez pretende un pucherazo electoral. Porque en el PP no contemplan la opción de no ganar en las elecciones. Salvo que el Gobierno utilice el INE e Indra para “perpetuarse” en el poder.
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