El Partido Popular ha decidido desmarcarse de todos los acuerdos sociales alcanzados en los últimos meses por el Gobierno, los sindicatos y la patronal, además de oponerse, como ya hizo en el pasado, a las leyes y decretos que han supuesto nuevos avances sociales, como la de la eutanasia o la recientemente presentada ley LGTBI, que incluye un reconocimiento específico de derechos para las personas transexuales.
El plan de Pablo Casado consiste en rechazar cualquier decisión de la que participe el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos para mantener el intento por deslegitimar al equipo de Pedro Sánchez que el PP lleva practicando desde el inicio de legislatura, acusándole de ir en contra de las libertades y tratando de instaurar un “nuevo régimen” autoritario en España. También para justificar así la determinación de la dirección popular de no lograr ni un solo acuerdo con el Gobierno, ni siquiera para renovar órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo –bloqueados por el PP desde hace tres años– o el Tribunal de Cuentas, cuyo mandato concluyo el próximo día 23, y que se ha convertido en el último caballo de batalla entre los populares y el Ejecutivo.
Génova 13 considera que el tiempo para poder lograr un acercamiento con Moncloa ya pasó y que ahora, cuando el PP vuelve a aparecer como posible primer partido del país en las encuestas, lo que debe hacer el equipo de Casado es mantenerse firme contra el Gobierno y dedicarse a explicar su alternativa, porque es la estrategia que les funciona. “Hay otra forma de hacer las cosas” es la consigna que ha repetido el líder del PP una y otra vez a lo largo de esta semana, coincidiendo con la celebración de los tradicionales cursos de verano que el partido organiza cada año en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y que en la actual edición han tenido un claro perfil económico.
“Queremos poner de relieve que el PP sabe lo que tiene que hacer en España para superar esta situación”, apuntó Casado en una de sus intervenciones, en la que consideró que España vive una “crisis social y económica” de la que, a su juicio, solo puede salvarla su partido. “Es el mismo plan que nos sacó de la crisis en el año 96 y en el 2011”, apuntó el líder del PP, frente al intento de “anestesiar” España con una “política peronista”, que es la que a su juicio practica el Gobierno.
La necesidad de “desfibrilar España”
En esa estrategia de confrontar con las políticas del Ejecutivo, Casado ha asegurado esta semana que en la preparación de la Convención Nacional que la formación conservadora concluirá en octubre se deberán presentar incluso “leyes escritas” que se puedan aplicar “los 100 primeros días”, cuando el PP llegue a la Moncloa. Todo ello con el objetivo de “que en tres meses se pueda desfibrilar España” e “inyectar adrenalina a un país que está en una situación muy mala”.
La última decisión a la que se ha opuesto frontalmente el líder del PP es al acuerdo alcanzado la semana pasada por el Gobierno y los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones. Esto se enmarca en la guerra abierta desde hace meses por la principal fuerza de la oposición contra la patronal. El PP no perdona que los empresarios, un sector al que consideraba afín, haya llegado en los dos últimos años a numerosos acuerdos con el Gobierno progresista, a los que la dirección de Casado se ha opuesto tanto en materia laboral, en el contexto de la pandemia, como en el asunto de las jubilaciones.
En materia de pensiones, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, firmó en La Moncloa, junto al Ejecutivo y los sindicatos, el pasado día 1, el acuerdo para reformar el sistema pocos minutos después de que Casado, con el que coincidió en un acto ese mismo día, criticara esa misma modificación con rotundidad. El líder del PP tachó la reforma de “gran error” y defendió la actual legislación de pensiones del PP al tildarla de “exitosa” pese a que el propio Gobierno de Mariano Rajoy que la aprobó en su día dejó de aplicarla al final de su mandato.
Casado reivindicó el “éxito” de los dos elementos clave de la legislación unilateral de pensiones de 2013, que no contó ni con el apoyo del diálogo social ni con el consenso político del Pacto de Toledo. Estos elementos, el índice de revalorización de las pensiones (que provocaba las subidas del 0,25%) y el factor de sostenibilidad, quedan anulados en el primer bloque de la reforma de pensiones del Gobierno de coalición, que sí ha sido acordada con patronal y sindicatos.
El uso de la “propaganda” por parte del Gobierno
Escuetamente, Casado expresó su “respeto a las decisiones que tomen” los empresarios pero, a renglón seguido, aseguró que “el Gobierno está haciendo un uso tóxico de la propaganda de comunicación de todos los acuerdos que quiere llegar”. “Nunca se ha visto a un Gobierno que traslade a la opinión pública que hay acuerdos”, añadía, “para hacerse fotos”, todo ello “sin que el Parlamento diga nada”. “El consenso surge en el Parlamento. Durante tres años no ha habido diálogo con la oposición, lo que ha habido es un trágala”, se quejaba.
En la justificación de ese desmarque del PP de todos los acuerdos sociales Casado incluyó el beneplácito –que no un apoyo expreso– de parte del empresariado, incluido Garamendi, a los indultos del Gobierno a los presos independentistas. Para el presidente de los populares esas asociaciones empresariales, incluida la mayoritaria, “no representan a nadie”. Es más, Casado ha vinculado los pactos entre el Ejecutivo y la patronal con “un vaciamiento del parlamentarismo en España”.
“Si queremos mejorar la calidad democrática, confiemos en los representantes de la democracia”, apuntó el líder del PP hace dos semanas, antes de quejarse de que el Ejecutivo negocie las leyes con sindicatos, patronal, asociaciones y la sociedad civil. “Voy a acabar negociando una ley con el padre Ángel”, ironizó.
En cuanto a los recientes avances sociales, la dirección de Casado ha decidido adoptar una trayectoria idéntica a la que siguió la derecha contra la ley del divorcio, la del aborto o la del matrimonio igualitario en el pasado. Son leyes que, pese al inicial rechazo del PP y sus recursos ante los tribunales, una vez rechazadas esas medidas judiciales el partido ha acabado asumiendo e incluso utilizando.
“El partido de la libertad”
Como en los citados casos, ahora Génova 13 ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de eutanasia aprobada por el Congreso el pasado marzo, aunque no en su totalidad. Los populares recurrieron cinco artículos y una disposición adicional, centrando su texto principalmente en la garantía de la objeción de conciencia de los médicos y en cuestiones formales. No obstante, nada más ser aprobada la nueva normativa, que contó con el apoyo de todos los grupos de la Cámara Baja excepto los de PP y Vox, Casado consideró que con “125.000 fallecidos por coronavirus” no era el “mejor momento de abordar” la eutanasia.
“Y lo más importante, no se ha dialogado con nadie”, se quejó, para defender que se impulsen los cuidados paliativos. El jefe de la oposición considera que España necesita “un impulso a los cuidados paliativos”, ya que, hay un 0,6 de servicios por cada 100.000 habitantes en cuidados paliativos. “Es la misma cifra que en Georgia y Rumania”, afirmó.
Otro de los avances sociales que prevé llevar el PP a los tribunales es la ley LGTBI presentada por el Gobierno la semana pasada, al menos si se mantiene tal y como fue aprobada la semana pasada en el Consejo de Ministros, reconociendo la autodeterminación de género de las personas trans.“ Estamos en contra de la denominada autodeterminación de género, que genera una gran inseguridad jurídica”, apuntan los populares en sus argumentarios internos.
No obstante, Génova 13 dice reivindicar “la igualdad entre todos los españoles, sin que pueda prevalecer discriminación alguna”. “Este es el partido de la libertad, y por ello vamos a proteger y defender la libertad de las personas de sentir, amar a quien quieran y como quieran”, señala en sus textos internos el mismo PP que recurrió la ley del matrimonio igualitario y que mantuvo el recurso en el Constitucional hasta que fue rechazado, en 2012.