Los 'ordenadores de Bárcenas', en riesgo de recaer en la jueza que empantana el caso de los espías

La  recusación de la jueza Rosa María Freire presentada por el PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas puede entregar la causa a Carmen Valcarce, la misma que ha archivado en tres ocasiones la investigación del presunto espionaje entre dirigentes del partido en Madrid, con cargo a las arcas públicas, que se prolonga ya siete años. En el marco de esa causa se produjo la escena que describió Francisco Granados en un pinchazo telefónico de la Operación Púnica, con Valcarce diciéndole en los pasillos del juzgado que ella “estaba allí para servirle”, justo antes de declarar como testigo por los seguimientos a otros políticos del PP.

La defensa del Partido Popular presentó el escrito de recusación de Freire el pasado miércoles, al día siguiente de que trascendiera que Luis Bárcenas retiraba su acusación de la causa contra la formación de Rajoy en el mismo caso de los ordenadores, un quiebro que las acusaciones populares sospechan esconde un pacto entre el extesorero y su partido. El PP señala a la titular del Juzgado de Instrucción número 32 como próxima al PSOE, y lo hace una vez que se ha agotado la instrucción, dos meses después de que lo procesara. Su argumento para hacerlo en este momento es que conoció los datos en los que basa la recusación en verano a través de los medios de comunicación.  

Ahora es la propia Freire quien debe admitir a trámite la recusación del PP, previa consulta a las partes. De hacerlo, será la Sala de lo Penal quien decida si hay motivos o no para apartarla del caso. Y mientras la Sala resuelve, el recurso contra el procesamiento del PP y, en su caso, sobre cuándo y contra quién abrir juicio oral quedaría en manos de Valcarce. En el caso de que Rosa María Freire encuentre argumentos para rechazar de plano su propia recusación, el PP podrá recurrir igualmente a la Sala. Pero mientras ésta decide, la magistrada seguirá al frente de la causa del borrado de los ordenadores. 

Freire aún debe resolver cuestiones clave. Para empezar, los recursos del PP, el informático y la Fiscalía en contra del auto de procesamiento. La admisión a trámite de la recusación dejaría en manos de Valcarce un posible archivo de la causa contra el partido de Rajoy que podría ser recurrido ante la Audiencia Provincial. Fuera cual fuera la posición de la Sala de lo Penal, el PP habría logrado dilatar el proceso. 

Y más allá del procesamiento está la apertura de juicio oral. Para ello, Freire cuenta ya con todos los escritos de acusación de las organizaciones que integran la acción popular. Pero debe hacerlo después de conocer el fallo de Sala Penal sobre el 'procesamiento' del PP y los otros tres imputados que la magistrada ordenó el pasado julio. Esa decisión, rechazar o no los recursos de los procesados, corresponde a la Sección Cuarta, la misma que resucitó  un caso que había sido archivado por la jueza Esperanza Collazos, quien sustituía a Freire al frente del Juzgado número 32 por encontrarse ésta en situación de servicios especiales.

En el caso de que la Sección Cuarta resolviera esos recursos antes que otro eventual del PP contra la inadmisión por Freire de su recusación, la jueza podría darse prisa y enviar la causa a juicio sin que llegara a caer en manos de Valcarce. 

La decisión clave, por tanto, es la que adopte Freire sobre su propia recusación en los próximos días. El artículo 223 de la LOPJ dice que una recusación debe presentarse “tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde”. El PP asegura en su escrito que conoció la supuesta vinculación de Freire al PSOE por una noticia de okdiario.com que citaba como fuente al propio PP y que se publicó el 1 de agosto. La intervención de Freire ante el Congreso, ante diputados también del PP, se produjo el 12 de mayo de 2015. 

Un sistema antiguo y conocido

Las sustituciones entre los magistrados de los 54 Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla responden a un sistema establecido por el Decanato, según el cual un juzgado tiene asignado automáticamente al titular de otro, siempre el mismo, ya sea por motivo de recusación, enfermedad o vacaciones, explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Las mismas fuentes señalan que el sistema lleva vigente “muchos años”.

El PP argumenta que Freire es próxima al PSOE con datos inexactos y descontextualizados. Asegura que un vocal del CGPJ a propuesta de los socialistas la respaldó para una sustitución que al final no obtuvo; y que acudió a propuesta del Grupo Socialista a la comisión de Justicia del Congreso para abordar como ponente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Freire se opuso en su intervención a la imposición de los plazos de instrucción, como hicieron todas las asociaciones de jueces, incluida la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

“Córtese un poco”

Su sustituta mientras se resuelve la recusación, Carmen Valcarce, ha archivado el caso de los espías de la Comunidad de Madrid tres veces y otras tantas ha debido reabrirlo por orden de la Audiencia Provincial. La relación de la jueza con el PP volvió a estar de actualidad en el verano de 2015, cuando trascendió parte del sumario de la Operación Púnica. En el mismo se recogen transcripciones de las intervenciones telefónicas a Francisco Granados, previas a su arresto, en el que el mismo presunto cabecilla de la trama explica los parabienes y alabanzas que le dedicó la jueza Carmen Valcarce en los mismos pasillos del juzgado, al que había acudido por el caso de los espías.

El día de la declaración de Granados, el 16 de septiembre de 2014, el exconsejero llama a su mujer por la tarde y le cuenta que la jueza Valcarce se había acercado a él en el pasillo, antes de tomarle declaración. Ante los ocho abogados personados en la causa, la jueza aseguró que “Paco Granados ha sido el mejor consejero de justicia que ha tenido la Comunidad de Madrid, que allí la tenía para lo que quisiera, que allí estaba para servirle”. Según el relato de Granados, él mismo tuvo que decirla que “se cortara un poco” delante de aquellas personas.

La Guardia Civil redacta el contenido de otra conversación, también en el mismo día de la declaración, en esta ocasión de Granados con una colaboradora.  El exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid asegura que la jueza Valcarce ha pactado con él, antes de la vista y a espaldas de los demás, lo que debía hacer para que su testimonio en el Juzgado no quedara grabado. El guardia civil escribe que una de las partes “había pedido que se grabara la declaración pero la jueza le ha dicho a Francisco antes de la vista que se negara, que ella también lo iba a hacer. Viky pregunta si conocía a la jueza, Francisco dice que sí, de hablar un par de veces anteriormente”.

Estas revelaciones del sumario de la Púnica motivaron que tres de los seis imputados en el caso del espionaje recusaran a la jueza Valcarce en julio de 2015. Siete meses después, en febrero de 2016, la Audiencia de Madrid falló en contra de aceptar dicha recusación.

La Sección 16 de la Sala Penal considera que hay indicios de que el Gobierno de Madrid “utilizó a varios funcionarios, a los que estaba pagando su nómina, para destinarlos a fines ajenos a la causa pública, habiendo sido destinados jornadas enteras, durante muchos días al mes, al menos durante tres meses, a fines ajenos a la función encomendada”. La jueza Carmen Valcarce  no quería seguir investigando porque es imposible saber cuánto dinero fue presuntamente malversado.

Los objetivos de los seguimientos en abril y mayo de 2008 fueron adversarios internos de Esperanza Aguirre, como Manuel Cobo o Alfredo Prada, en un momento en el que se cuestionaba el liderazgo de Mariano Rajoy tras su segunda derrota electoral.