“El concepto de macrogranja no existe, es una cortina de humo”. La frase del candidato del PP a las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero, Alfonso Fernández Mañueco, resume bastante bien el tránsito que ha hecho el partido desde que saltara la polémica por unas declaraciones manipuladas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las grandes explotaciones ganaderas intensivas y las consecuencias que tienen para el medioambiente, la vida en los pueblos donde se instalan y la calidad de su producción. El PP ha utilizado el bulo, promovido por el lobby cárnico, para la campaña de Mañueco, pero se ha situado a la vez como defensor de una parte de la industria que recibe fuertes críticas en la España rural, también por parte de alcaldes o dirigentes del PP, que han tenido que autoenmendarse o, directamente, borrar su pasado.
Garzón defendió en una entrevista en The Guardian la ganadería extensiva, frente a las llamadas “macrogranjas”. Pero desde el PP elevaron la acusación contra el ministro, al que acusaron de criticar a toda la ganadería y de poner en riesgo las exportaciones españolas. El 4 de enero, Pablo Casado dijo en Twitter: “Otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país. Exigimos responsabilidades y una rectificación inmediata”.
Mañueco fue un paso más allá y se situó, un día después, como víctima: “Las críticas del ministro Garzón por mi defensa de las mujeres y los hombres del campo no me van a frenar”. El líder del PP de Castilla y León adelantó las elecciones a espaldas de sus socios de Gobierno de Ciudadanos y tras expulsarles del Ejecutivo. El hoy aliado interno de Casado, pese a que en 2018 apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría y a que mantienen el pulso por el control del PP de Salamanca, afronta este mes de enero de forma indirecta un juicio por la financiación ilegal de su partido en esa misma provincia, cuna política de Mañueco.
La polémica por las palabras manipuladas de Garzón permite al PP sacar del debate público tanto la supuesta corrupción, que además afectaría directamente a su elección como presidente del partido en Castilla y León, como la gestión de la pandemia o la traición a Ciudadanos antes de que estos lograran armar una mayoría suficiente para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2022. Mañueco convocó antes de que Las Cortes pudieran siquiera votar una vez el proyecto económico de su Gobierno.
Además, la reacción del PSOE ha abierto una nueva guerra interna en el Gobierno de coalición, lo que puede penalizar las opciones en las urnas de los socialistas y de Unidas Podemos el próximo 13 de febrero.
Pese a lograr estos dos objetivos, la ofensiva del PP en toda España ha motivado también que se expongan sus contradicciones y aparezca ahora como defensor de las macrogranjas, enormes complejos agroindustriales que sitúan a España fuera de la legalidad ambiental. Tanto, que el país incumple sus propios límites de emisión de amoniaco desde hace 10 años por el boom de este tipo de explotaciones. El caso de la producción porcina es especialmente llamativo.
El rechazo a este tipo de granjas no es algo de Garzón. Ni de una parte del Gobierno de coalición. La propia Unión Europea las sitúa desde hace años como uno de los principales factores contaminantes y de empobrecimiento de la alimentación. Este mismo miércoles, el comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, aseguraba que “uno de los objetivos más importantes de la Política Agrícola Común es apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones”. Exactamente la que defendió expresamente Garzón en The Guardian.
Las palabras de Wojciechowski llegan apenas 48 horas después de que el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido le reclamara durante una reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que desautorizara a Garzón. Pese a reconocer que la carne española cumple con la legislación, como no podía ser de otra forma, el comisario añadió que hay un “problema con la agricultura a gran escala, especialmente en sectores de la producción animal”.
Sobre esos “problemas” ha alertado el propio PP desde hace meses, y años, en sus redes sociales. Uno de los ejemplos está en Castilla-La Mancha, donde la organización que hoy dirige Paco Núñez promocionó en Twitter la creación de plataformas contra las macrogranjas, recomendó la lectura de informes que alertan sobre las consecuencias para la salud que tienen o señalaba al Gobierno del socialista Emiliano García Page como único responsable de que estas explotaciones se construyeran.
Hoy no queda rastro de esos tuits porque este mismo martes el PP de Núñez los borró, después de que volvieran a la luz pública. Aunque sí hubo quien guardó capturas antes de su desaparición. El miedo a las macrogranjas y sus consecuencias llevó incluso al Ayuntamiento de Daimiel a aprobar una normativa el pasado mes de diciembre para vetar su implantación en el municipio. El PP gobierna la localidad desde 2011 de forma ininterrumpida, y este mismo 11 de enero se vanagloriaban de prohibir las macrogranjas.
Pero el Ayuntamiento de Daimiel ha prohibido algo que, según el PP, no existe. O no es legal. Así lo dijo la portavoz parlamentaria del partido, Cuca Gamarra, el martes, preguntada por la contradicción. “La macrogranjas no están permitidas”, dijo primero, para justificar después que se veten estas instalaciones allí donde gobierna su partido.
Gamarra apuntó en su comparecencia que las palabras de Garzón “atacan” a la economía española. Pero no opinó lo mismo ante la evidencia de que el PP de Albacete se manifestaba en contra de las macrogranjas. De hecho, el propio Paco Núñez lo hizo cuando era alcalde de Almansa, municipio de dicha provincia. Núñez protagonizó un vídeo colectivo donde dice: “Queremos apoyar a los pueblos vecinos que están luchando contra esas instalaciones, no creemos en ese modelo de explotación”.
Un modelo en el que el PP dice no creer; que no está permitido, asegura; que incluso no existe, pese a que son varios los miles de macrogranjas instaladas en España. 7.000, según la agencia EFE. Pero que le ha valido para distraer, siquiera temporalmente, el foco de otros asuntos que le pueden incordiar más. El problema el próximo 13 de febrero puede surgir en algunas provincias de Castilla y León donde el rechazo a esta agroindustria es hegemónico. Es el caso de Soria, por ejemplo. Es en las provincias despobladas donde se han lanzado las candidaturas de la España Vaciada que aspiran a cambiar el modelo de desarrollo de sus comarcas.
Son seis las listas de esta plataforma que se van a presentar a las elecciones, lo que puede modificar el reparto de los diputados. El PP confía en ganar por amplia mayoría, así lo indican las encuestas. Pero sin mayoría absoluta deberá pactar. Mañueco no hace ascos a Vox, y quizá no le quede más remedio ante la debacle de Ciudadanos y la irrupción de las nuevas opciones. Quizá por eso este miércoles el secretario general del PP, Teodoro García Egea, incidía en las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos y pasaba de puntillas por la verdadera crítica que hizo el ministro de Consumo: la de las macrogranjas.