En el doble juego que caracteriza la estrategia del Partido Popular en los últimos días, mientras la formación que preside Pablo Casado asegura estar abierta a pactar algunas de las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción con los partidos en el Gobierno, en sus propias resoluciones el PP vuelve a responsabilizar al Ejecutivo de los contagios y fallecidos de la pandemia.
En sus conclusiones de la citada comisión, que la dirección de los populares ha distribuido en la mañana de este jueves, el PP desarrolla los mantras que ha repetido en los últimos días para culpar al Gobierno de los muertos, vinculándolos una vez más con movilizaciones como las del 8M, a las que también acudieron dirigentes populares.
El equipo de Casado recalca que “las primeras alertas internacionales en relación con el virus se produjeron en el mes de enero de este año y el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote SARS-CoV2 como una emergencia de Salud Pública de importancia internacional. El 11 de febrero, la OMS elevó a 'amenaza muy grave”'la alerta sanitaria, el 28 de febrero a alerta internacional 'muy alta' y el 11 de marzo consideró que había alcanzado la dimensión de pandemia“.
Apunta, además, que “el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CEPCE), por su parte, publicó el 2 de marzo un informe en el que pedía evitar la asistencia de la población a reuniones masivas”. “Pese a todo”, señala el PP, “no fue hasta el 14 de marzo cuando el Gobierno declaró mediante el Real Decreto 463/2020 el estado de alarma”.
“Una situación cercana al colapso”
A juicio de los populares, “minimizar estas alertas internacionales” ha generado en España “una crisis de salud pública, que ha sumido al sistema sanitario en una situación cercana al colapso, nunca vivida con anterioridad”. “Las autoridades españolas marcaron una estrategia nacional erróneamente basada en un escenario de muy pocos casos, muy localizados y tratados en un solo Centro”, añade.
Para el PP, “es evidente que el sistema de alerta epidemiológica no funcionó adecuadamente”. “La primera muerte registrada tuvo lugar el 13 de febrero, si bien no fue detectada hasta el 3 de marzo tras un cambio de criterio de la definición de casos realizado por el Ministerio de Sanidad el 27 de febrero. Las decisiones sobre la estrategia epidemiológica del Gobierno de España han sido, en demasiadas ocasiones, erráticas y dubitativas”, insiste.
El equipo de Casado considera, asimismo, que “el Gobierno de España tampoco gestionó adecuadamente el abastecimiento de material sanitario”. “La OMS había alertado repetidamente sobre la necesidad de equipos protectores y el riesgo de ”rápido agotamiento“ de las existencias. China e Italia ya habían experimentado situaciones de desabastecimiento. Aun así, el Gobierno de España, infravaloró la alerta de la OMS y las experiencias de otros países y no tomó ninguna medida para asegurar su abastecimiento ni alertó a las Comunidades Autónomas para que se preparasen para la pandemia”.
“La compra de material por parte del Gobierno llegó tarde y la centralización de la gestión de la compra fue una decisión carente de sentido que se tradujo en un serio desabastecimiento de material sanitario básico. A día de hoy, millones de equipos siguen sin haber sido entregados y muchos de los entregados han resultado ser defectuosos. Por otro lado, esta falta de stocks y de material de protección, ha puesto en evidencia el peligro que supone la inexistencia de una industria nacional de material sanitario”, zanja el PP.
“Falta de información viable y veraz”
También señalan los populares en sus conclusiones que “la coordinación entre administraciones públicas tampoco funcionó adecuadamente durante la pandemia”. “El Ministerio de Sanidad no ha sido capaz de funcionar como el nodo central de un sistema de respuesta a la crisis sanitaria, que alinease a todos los actores implicados. Su centralización de competencias a menudo ha supuesto más obstáculos para la recuperación que soluciones para la crisis. En este sentido también ha sido notoria la ausencia de protocolos de actuación impulsados por el Ministerio de Sanidad”, apunta.
“Las administraciones a menudo no tuvieron indicaciones claras a seguir y a la población se le lanzaron mensajes, como por ejemplo los referidos a la utilización de mascarillas, que fueron desmentidos con posterioridad a golpe de Real Decreto-Ley. A esto se le ha sumado la falta de información fiable y veraz suministrada por el Ministerio de Sanidad”, remarcan los populares.
En sus conclusiones, el PP asegura que “todo ello ha derivado en que la respuesta de las administraciones sanitarias en su conjunto resultase a menudo confusa e ineficaz, motivada por las continuas rectificaciones de protocolos y normativas dictados por el Ministerio de Sanidad”.
“Las consecuencias de esta errada gestión de la crisis han sido dramáticas. España se encuentra entre los peores países del mundo en términos de personas contagiadas (más de 240.000 casos registrados), de personas fallecidas (oficialmente, más de 28.000 con prueba de PCR confirmada) por millón de habitantes y de enfermos graves ingresados en las unidades de cuidados intensivos”, aseñala el PP.
Bajadas de impuestos
En la línea de los argumentarios distribuidos esta semana por Génova 13, instando a sus dirigentes a utilizar las cifras de muertos contra el Gobierno, el PP denuncia “el contexto de un continuo baile de las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad que hacen dudar seriamente de que los 28.000 muertos oficiales sea la cifra real de personas fallecidas (el INE, por ejemplo, cifró en 48.000 el número de fallecimientos excesivos con respecto a 2019)”.
Para los populares, “es inexplicable y ofensivo tanto para las víctimas del COVID como para sus familias que se excluya a miles de personas del hecho de que han muerto como consecuencia del virus y que durante dos semanas del mes de junio el Ministerio de Sanidad ni siquiera haya actualizado la cifra oficial de fallecidos, nuestro recuerdo a todas las víctimas y nuestras condolencias con todas las familias”.
En sus conclusiones, el PP critica con dureza el confinamiento decretado durante el estado de alarma. “El cierre prácticamente total de la actividad durante quince días en el mes de abril con cargo a costes de las empresas (era obligatorio, retribuido y recuperable, pero sin concretarse), la rigidez de las sucesivas etapas de ”desescalamiento“ y su propio contenido, (no se tuvieron en cuenta los riesgos económicos que se podrían haber paliado con medidas higiénicas y de separación social y uso de mascarillas desde un momento temprano) han dado lugar a que nos situemos en los escenarios más desfavorables a los que se ha hecho referencia”, señala.
También plantea bajadas de impuestos, vincular el ingreso mínimo a las políticas activas de empleo o la colaboración público-privada tanto en la sanidad como en la gestión de las residencias.