El PP cree que aún puede impedir que el Gobierno amplíe el gasto público con la enmienda presentada el martes, a última hora, en la tramitación de la ley con la que iban a dar formación en violencia machista a la carrera judicial para modificar Ley de Estabilidad. Los conservadores confían en poder paralizar la iniciativa del Ejecutivo a través del amparo que el Grupo Popular ha presentado en la Mesa del Congreso o, en último caso, a través del Tribunal Constitucional.
El partido que preside Pablo Casado apela al artículo 31.4 del reglamento del Congreso para explicar que existen precedentes en los que la Mesa ha impedido introducir enmiendas en iniciativas legislativas por no estar relacionadas con el asunto de la proposición de ley que se estaba tramitando. Fuentes del PP insisten en que “lo más probable” es que en este caso la presidenta del Congreso, Ana Pastor, solicite un informe a los letrados de la Cámara para determinar si se debe paralizar la aplicación de la enmienda, que en primer lugar deberá ser aprobada en la Comisión de Justicia donde los conservadores no tienen mayoría y, por tanto, el Gobierno tiene asegurada su aprobación.
Después, apuntan las mismas fuentes, y en el caso de que la Mesa no pueda paralizar su aplicación, el PP se planteará acudir al Constitucional bien presentando un recurso de inconstitucionalidad o solicitando amparo “por fraude de ley”. El argumento que emplearían los conservadores sería que “se vulnera el derecho de los parlamentarios” o que se trata de una “enmienda incongruente”. Asimismo, los populares explican que su portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, se pondrá en contacto con todos los grupos parlamentarios para buscar un frente común contra las pretensiones del Gobierno.
Al PP no le ha gustado nada la maniobra legal puesta en marcha por el Gobierno. A juicio del presidente de los conservadores, Pablo Casado, el Ejecutivo ha dejado en evidencia su “autoritarismo” poniendo en marcha un “fraude de ley” como el atajo que, en última instancia, permitirá a Pedro Sánchez aprobar sus Presupuestos para 2019.
En la misma línea se ha expresado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha calificado la iniciativa del Ejecutivo como un “fraude de ley” un “atropello” o un “escándalo”. “Sánchez no tiene escrúpulos”, ha agregado el presidente de la formación naranja, que ha considerado que “es inaceptable que se utilice un pacto de Estado sobre violencia de género para meter por la puerta de atrás una enmienda inconstitucional”. Por eso le ha pedido a Sánchez que “si le queda un poquito de dignidad retire la enmienda”. Si no la retira, Ciudadanos formulará una protesta ante la Comisión de Justicia para que se anule esa enmienda. “Si Sánchez quiere que cambien las cosas que lo decidan los españoles”, ha zanjado Rivera, pidiendo elecciones.
Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el jefe del Ejecutivo ha respondido que la iniciativa es “perfectamente legal” y una “técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones”. Sánchez ha asegurado que esa maniobra a la que ha recurrido el Gobierno a través del Grupo Socialista para desbloquear la modificación de la ley de estabilidad con la que quiere sortear el veto del Senado a la senda de déficit se ha utilizado en más ocasiones. De hecho, el PP usó ese mismo atajo en el pasado, según recuerdan desde Moncloa, para cambiar hasta una quincena de leyes orgánicas en la trámitación de otras de ese mismo rango y que nada tenían que ver entre ellas.