Tras más de cuatro años de bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y solo seis meses después romper unilateralmente la última negociación cuando estaba a punto de culminar, el Partido Popular ha recuperado en plena campaña electoral su propuesta de reforma del método de elección del órgano de gobierno de los jueces. Los conservadores han llevado al pleno del Congreso una iniciativa que propone que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos de forma directa por los jueces. Es una reforma que Cámara ya tumbó en dos ocasiones durante el mandato de Pablo Casado.
La proposición supone el regreso a un planteamiento de máximos al que el PP había renunciado en su última negociación con el Gobierno y que Alberto Nuñez Feijóo rompió ante las críticas internas y de las terminales mediáticas más conservadoras. También en sus dos mayorías absolutas, los conservadores mantuvieron el sistema actual, en el que los 12 vocales judiciales son elegidos por una mayoría de tres quintos del Parlamento sobre una lista cerrada determinada por los propios jueces.
Durante el debate de la toma en consideración de la iniciativa, la diputada del PP María Jesús Moro ha insistido en que no se trata de una “ocurrencia” de su partido, sino que la proposición incorpora “elementos de amplio consenso” en la carrera judicial y es “una exigencia de las instituciones europeas”. La diputada ha obviado, sin embargo, que la Comisión Europea ha pedido de forma reiterada que primero se renueve el CGPJ —cuyo mandato está caducado desde diciembre de 2018— e “inmediatamente después” se emprenda una reforma sistema de elección, tal y como viene recomendando el informe sobre el Estado de Derecho desde 2020. Es la petición que hace solo una semana realizó el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en una visita a España.
Con este movimiento, Génova busca retratar al PSOE en la negativa a permitir que sea la propia carrera judicial la que elija a sus representantes en el CGPJ a través de una proposición de ley que está en los términos a los que había renunciado en la última negociación con Moncloa. Y lo hace, además, en plena campaña electoral. Los conservadores registraron la iniciativa a finales de diciembre y la han reactivado a unos días de la cita con las urnas del próximo domingo 28 de mayo.
Precisamente la “oportunidad” del debate ha sido objeto de los reproches de varios de los portavoces que han participado en el debate previo a la votación, prevista para el jueves. Aunque de las intervenciones de la mayoría de ellos se deduce que, esta vez, el PP tampoco logrará sacar adelante este cambio en el sistema de elección del CGPJ. PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCAT y BNG ya han anunciado su voto en contra de la propuesta. Solo Ciudadanos ha anunciado su apoyo y Vox no ha desvelado su voto.
El diputado del PSOE Francisco Aranda ha calificado de “oportunista” y “engañosa” la iniciativa y ha afeado al partido de Feijóo que lleve a la Cámara esta reforma cuando tiene 88 escaños y no lo hiciera cuando tenía 180. “En su proposición de ley brilla por su ausencia la independencia judicial. Quieren empezar la casa por el tejado. Son prisioneros de su miedo, quieren controlar la Justicia por sí un día acaban en ella”, ha afirmado desde la tribuna el parlamentario socialista, que ha recordado que el CGPJ lleva en funciones 1.620 días.
“Es una tomadura de pelo, un chantaje”, ha dicho sobre la iniciativa el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que ha insistido en lo que “no es aceptable” es que CGPJ lleve cuatro años caducado “contra el mandato de las urnas y la Constitución”. Ante este escenario, Asens ha solicitado al PSOE que por “obligación democrática” recupere la iniciativa que reducía la mayoría necesaria para elegir a los vocales en segunda vuelta y que los socialistas retiraron por los recelos que despertó en la UE y las críticas de las asociaciones judiciales. Una reclamación similar ha hecho el diputado de EH Bildu Jon Iñárritu, que ha recordado que quedan siete meses para las generales y que “tocaría activar la mayoría” que existe en el Congreso para abordar la renovación.
Un modelo que favorece a la derecha judicial
El sistema de elección directa por parte de los jueces de los 12 vocales judiciales que exige de nuevo el PP es el que estaba en vigor hasta 1985. Con estas reglas del juego, la candidatura de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —que era la única constituida hasta ese momento en el ámbito judicial— ganó en 1980 las elecciones al CGPJ y copó todos esos puestos a pesar de que había listas abiertas. Además de la APM, se presentaron la Candidatura Judicial Independiente y la Candidatura Independiente de Magistrados de Trabajo, según contó El País.
La elección parlamentaria de los vocales del CGPJ se instauró en 1985, cuando el PSOE de Felipe González gobernaba con mayoría absoluta. En esa decisión pesó la composición conservadora de la carrera judicial y la voluntad de los socialistas de que la mayoría parlamentaria tuviera cierto reflejo en la estructura judicial. Es el modelo que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez al entender que “garantiza que los poderes del Estado emanen de la ciudadanía” al tiempo que respeta la participación de los jueces, que colaboran en la preselección.
La elección directa por parte de los integrantes de la carrera judicial es el sistema que rige para la elección de las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores autonómicos y donde las asociaciones conservadoras son mayoritarias. Según datos recopilados por elDiario.es, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria tienen el 75% de los puestos en las salas de gobierno aunque solo representan al 41% de los magistrados.