La actitud del PP en el caso Gürtel no solo ha pasado de personarse como acusación a ser expulsado por actuar en realidad como defensa en el mayor caso de corrupción al que se enfrenta. Sus dirigentes acatan estos días el argumentario interno y celebran como una buena noticia que el proceso vaya a dejar claras las responsabilidades penales ya que consideran que las de índole política ya han sido asumidas. El mantra: “Todas esas personas hace mucho que ya no están en el PP”. La contradicción estriba en que el primer movimiento jurídico que intentaron, sin éxito, en el juicio los abogados del partido fue pedir su anulación. María Dolores de Cospedal ha insistido en que no se han dado “todas las garantías legales”.
Precisamente la petición de anulación descolocó a varios de los vicesecretarios del PP, que confesaron su estupor ante lo ilógico del razonamiento y la dificultad que conllevaba explicarlo ya que, de haber tenido éxito, no hubiera podido depurarse ninguna responsabilidad. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, zanjó las dudas con el llamamiento a todos los miembros del PP de proclamar “con legítimo orgullo” que todos los imputados están fuera del partido “hace muchos años”.
Este jueves, Andrea Levy demostraba haberse aprendido la lección y trataba de separar “la estrategia procesal” de los abogados de su misión como dirigente del partido del Gobierno. Precisamente, lo difícil de entender de esta observación es lo que aconsejó a sus compañeros guardar silencio durante los primeros días de juicio hasta que la secretaria general marcó el camino.
En realidad, los dirigentes del PP han evitado por todos los medios pronunciarse sobre el proceso. La reacción oficial se ha centrado en desvincular a su líder y dejar claro que lo que se enjuicia “pertenece al pasado, a la época Aznar” y que el propio Francisco Correa así lo corroboró en su declaración. Fuentes del partido consultadas por Europa Press describían así el momento en que Correa dejó de trabajar para la organización nacional y junto a Álvaro Pérez empezó a hacerlo en Valencia para el expresident Francisco Camps: “Rajoy mandó a Correa a hacer gárgaras”.
En lo que todos están de acuerdo es que la investidura de Rajoy y el juicio del caso discurren por caminos paralelos. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, venía a reconocer desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la investidura y el proceso no tenían nada que ver porque pertenecen a épocas diferentes. “Son cosas que sucedieron hace bastantes años, en los 90”, se escudaba la vicepresidenta, que añadía que la preparación de la investidura de Rajoy se produce “por otro lado” aunque coincida en el tiempo.
La número dos del Gobierno no se ha atrevido a agradecer al actual PSOE su actitud ante el juicio, como sí han hecho los dirigentes del partido, que confiesan estar satisfechos “porque desde las filas socialistas no se ha hecho sangre con el asunto”. Así, celebran declaraciones como la de Javier Fernández, que no cree que la corrupción de este caso pueda ser utilizada como “barricada” para defender el 'no' en la futura investidura de Rajoy a finales de mes.