El PP lanza otra vez al Senado contra el Congreso para tapar su fiasco en la ley que acumula penas de presos

No se lo esperaba nadie. Ni siquiera los servicios oficiales del Senado. Alrededor de las dos de la tarde de este lunes, la Cámara Alta votó la ley que acumula las penas de los presos cumplidas en otros países de la UE. Una norma que PP y Vox apoyaron en el Congreso y que dejaron sin enmendar durante semanas en el Senado. Hasta que salió a la luz que podrían beneficiarse algunos terroristas de ETA. El PP entró en pánico y, una semana después, ha forzado la Constitución y el Reglamento para abrir un conflicto institucional del Senado con el Congreso para intentar sacarse de encima su responsabilidad. El segundo intento después del planteado por la amnistía.

Lo previsto para este lunes era un rechazo de la ley por parte del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pese a los agujeros que hay en la versión oficial tejida por la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, en el PP mantienen la tesis del “engaño” y de la “trampa” del Gobierno. Durante una semana todas las fuentes consultadas han señalado lo mismo: que la ley pasaría por alto el rechazo del Senado y pasaría al BOE pese al voto en contra.

El motivo es técnico-jurídico, no político: la Constitución establece que el Senado puede “mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas” a una ley aprobada por el Congreso. El problema es que ni PP ni Vox plantearon enmienda alguna. Tampoco un veto a la totalidad de la norma. De hecho, en el Congreso se aprobó por unanimidad: 346 votos a favor, cero en contra. 

En el PP todo el mundo daba por hecho que el Senado votaría en contra y que la ley entraría en vigor. El PP ganó una semana de margen para meter presión al Gobierno y pospuso la sesión definitiva del pasado martes a este lunes, último día legalmente posible sin incumplir los plazos. La única esperanza, decían, era que el propio Gobierno retirara el proyecto de ley.

Por la mañana, el departamento de comunicación repartió entre los periodistas un documento explicativo sobre lo que iba a ocurrir durante la mañana. Una suerte de guía, no vinculante, pero que es una muestra evidente de que todo el mundo daba por hecho que iba a pasar lo que no pasó. Porque en la última página del dossier se aseguraba expresamente que el presidente del Senado, Pedro Rollán, diría: “Sin perjuicio del resultado de la votación, como el Senado no ha opuesto veto ni introducido enmiendas en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley”.

El Pleno del Senado fue testigo de un duro debate en el que el PP volvió a esgrimir el fantasma de ETA, utilizó a Marimar Blanco como portavoz y mintió sobre los posibles beneficios que puede obtener Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', precisamente uno de los asesinos materiales de Miguel Ángel Blanco. La reforma legal no le aplicará porque la Audiencia Nacional ya le acumuló las penas cumplidas en Francia en 2014.

El resultado fue el previsto. 148 senadores rechazaron la ley, 111 votaron a favor y dos se abstuvieron. Pero el presidente del Senado, Pedro Rollán, se desmarcó de lo previsto y dijo: “Al haber sido rechazado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el sistema europeo de información de antecedentes penales, por mayoría absoluta del Senado, que es la exigida en el artículo 90.2 de la Constitución, para oponer el veto de acuerdo con el artículo 106 del Reglamento de la Cámara, ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto”.

Por lo tanto, prosiguió: “En cumplimiento del artículo 122.2, del Reglamento, se comunicará al presidente del Gobierno y a la presidenta del Congreso de los Diputados a los efectos previstos en el artículo 90.2, de la Constitución española. Señorías, se levanta la sesión”.

La última frase se solapó con las peticiones de palabra desde la bancada socialista. Pero el presidente del Senado ignoró las cuestiones de orden solicitadas y se marchó del Hemiciclo.

Así, Rollán ha equiparado el rechazo a la ley con un “veto” que nunca se ha producido, porque no está registrado ni motivado, como exige la Constitución. Así lo indican desde el PSOE. Y desde el Congreso, las fuentes consultadas apuntan a que cuando llegue la nota oficial del Senado se remitirá a los servicios jurídicos para que informen de los pasos a seguir por parte de la Mesa. El informe esgrimido por Rollán lo firmó el pasado viernes, 11 de octubre, la secretaria general del Senado, Sara Sieira, quien era letrada del Congreso hasta esta legislatura. La renuncia del anterior jefe jurídico del Senado propició el relevo. Rollán designó a Sieira.

En sus conclusiones, la letrada mayor asegura que “no existen precedentes comparables al que ahora se plantea” porque “hubo vetos presentados que fueron rechazados, o hubo enmiendas aprobadas que se trasladaron al Congreso”. Sieira anticipó con varios días lo que iba a ocurrir este lunes y afirma “la voluntad inequívoca y única de la Cámara es la del rechazo frontal y global en votación final del conjunto del Proyecto por mayoría absoluta”.

La letrada alude entonces a un precedente que provocó la intervención del Tribunal Constitucional, pero para decir que “ni en la Sentencia del caso Ses Salines ni en la Constitución ni en el Reglamento de la Cámara se prohíbe la existencia del veto no presentado como tal formalmente”. El artículo 90.2 de la Ley Fundamental señala que el Senado “mediante mensaje motivado” puede “oponer su veto o introducir enmiendas al mismo”.

“Sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado de rechazo cuando el artículo 106.1 del Reglamento, dentro de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo en el Senado, cobra su pleno sentido y puede aplicarse en el sentido de entender que no es necesaria la presentación formal del veto, sino que basta el rechazo por mayoría absoluta del Pleno”, apunta la principal jurista del Senado. “En el caso Ses Salines estas cuestiones no son abordadas, por lo que no sirve como 'leading case'”, concluye Sieira.

La secretaria general del senado asume en el escrito que está forzando la asimilación del rechazo a un veto forma. Por eso, plantea “deducir [que] el rechazo en Pleno de un texto por mayoría absoluta equivale a un veto, aunque no se haya presentado este formalmente”.

El PP repite así en parte la estrategia que ya siguió con la aprobación de la ley de amnistía. Entonces, los de Feijóo usaron su mayoría absoluta para modificar el Reglamento y dejar sin efecto la aprobación de la tramitación urgente por parte del Congreso. La mayoría absoluta le permitió al PP alargar plazos y convertir la tramitación de la ley en el Senado en un mal trago para el Gobierno. Finalmente, el Pleno vetó la ley, lo que obligó a que el Congreso tuviera que volver a pronunciarse.

El problema es que ahora nadie ha vetado la ley. En el PP siguen en 'shock' desde que se hizo público su voto favorable a la norma que ahora rechazan. Los cuchillos han volado entre los dirigentes del partido, que han intentado escurrir su responsabilidad. Feijóo ha dado orden de terminar con ese debate y de confirmar a todos y cada uno en sus respectivos puestos. Nadie va a caer por un “engaño” del Gobierno.

Pero la decisión de este lunes prolonga el debate público no solo sobre la ley, sino también por cómo se le pudo escapar al PP las implicaciones que iba a tener. Este mismo lunes, Feijóo se ha reunido con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y con el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Además, el PP ha registrado una querella contra el PSOE por supuesta financiación ilegal a cuenta del testimonio anónimo de un empresario que ha asegurado que llevó bolsas con dinero a la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz.

Tras lo ocurrido en el Senado, el protagonismo vuelve a estar en la reforma legal, pone otra vez el foco sobre la mala gestión que hizo el PP de este asunto, mientras fuerza a la Cámara Alta a plantear un conflicto contra el Congreso de incierto resultado. Entonces, el PP reculó de su propia intención de plantear formalmente un conflicto entre las dos Cámaras de las Cortes Generales y lo redujo a alargar los plazos y forzar votaciones.