La defensa del Partido Popular (PP) ha mostrado su “total disconformidad” con el hecho de que la Fiscalía y las acusaciones populares consideren a la formación política partícipe a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos por los miembros de la trama 'Gürtel' y ha asegurado que no se benefició de ninguna comisión que pudieran recibir sus exalcaldes de Pozuelo y Majadahonda a cambio de adjudicaciones públicas.
En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' discrepan del relato de hechos efectuado en los escritos de calificación por parte de las acusaciones y el Ministerio Público, que sostenían que el partido se nutrió de una “contabilidad paralela” o “caja B” constituida por “donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”.
“Reiteramos nuestra disconformidad con el relato de hechos efectuado por la Fiscalía y las acusaciones populares en sus escritos de calificación, pues la realidad de los hechos objeto de enjuiciamiento se aparta radicalmente de la allí descrita, como así quedará acreditado en el acto de juicio oral”, sostiene.
Así las cosas, solicita levantar la responsabilidad civil a título lucrativo, por valor de 236.864 euros, que el juez Pablo Ruz le atribuye por beneficiarse de las actividades que desarrollaron sus exalcaldes en Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y Majadahonda, Guillermo Ortega, que se destinaron a sus oficinas electorales. “Procede la liberación de responsabilidad civil a título lucrativo, con todos los pronunciamientos favorables a sus intereses”, añade.
La defensa del PP propone el interrogatorio en el juicio de sus antiguos regidores Ortega y Pozuelo; el José Luis Peñas y Juan José Moreno; los exediles de Majadahonda que grabaron al presunto líder de la trama Francisco Correa; este último y su exmujer María del Carmen Rodríguez Quijano; el supuesto ex 'número dos' de la organización, Pablo Crespo; la administradora de las empresas de la red Isabel Jordán; el contable José Luis Izquierdo; el responsable de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'; y los representantes legales del Partido Popular y Special Events.
Además, solicita la declaración en calidad de testigo del auditor del partido Carlo Lucca y de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que elaboraron una quincena de informes sobre el sistema de actuación de las sociedades de Correa con “determinados responsables políticos” del PP en el desarrollo de campañas electorales o la adjudicación de contratos o ayudas públicas.
Por último, reclama también la comparecencia de los policías que intervinieron en los informes relativos al blanqueo de capitales atribuido a su extesorero Luis Bárcenas; a los cobros recibidos por el exdiputado Jesús Merino; o a la documentación intervenida a Guillermo Ortega o a las sociedades de Correa. Pide además que se valore como prueba documental el informe de fiscalización emitido por el Tribunal de Cuentas sobre la formación de 2003.