El PP ha decidido suspender cautelarmente de militancia a los concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia, informa este partido en un comunicado.
“El Comité de Derechos y Garantías de los populares continuará tramitando el expediente informativo a todas las personas físicas investigadas o llamadas a declarar, incluidas las hoy suspendidas de militancia, relacionadas con los hechos investigados”, añade el PP.
Según ha comunicado el PP, “ha acordado la suspensión cautelar de militancia de los concejales y asesores investigados en la pieza separada 'A de las Diligencias Previas 881/15' del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, a petición propia mediante un escrito presentado hoy. En dicho escrito, Alfonso Novo renuncia como portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia”.
La decisión avala la postura de la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, que lanzó un ultimátum a los nueve concejales para que dimitan. La suspensión añade presión a los ediles imputados, que se resisten a dejar sus cargos, para que renuncien a sus actas.
El expediente informativo abierto por el PP afecta también a la exalcaldesa de Valencia, hoy senadora, Rita Barberá, que no está formalmente imputada porque el titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que investiga el supuesto blanqueo de dinero en el Grupo Popular en los meses previos a las elecciones locales de mayo de 2015, ha de solicitarlo al Tribunal Supremo, para que este a su vez formule el suplicatorio al Senado.
Precisamente esta semana está previsto que el instructor del expediente interno, el diputado popular Francisco Molinero, tome declaración a los implicados. Nueve de los diez concejales del PP en Valencia están imputados en una pieza separada del caso Taula, en el que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP mediante el cobro de comisiones. La trama fue destapada a raíz de la investigación de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa, que se desencadenó cuando la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo llevó a la Fiscalía Anticorrupción una serie de grabaciones del exgerente de la empresa, Marcos Benavent.
El escándalo costó el cargo al expresidente de la Diputación Alfonso Rus. Benavent ha estado colaborando con la investigación y ha aportado nuevas pruebas. El exvicealcalde de Valencia Alfonso Rus, su esposa, la exconcejal María José Alcón, y la persona de confianza de Barberá en la acaldía, María del Carmen García Fuster, son algunos de los implicados en el caso, junto a excargos de la Generalitat y de la Diputación como Máximo Caturla, que fue responsable de la empresa Ciegsa, una de las sociedades supuestamente utilizadas para cobrar mordidas, en concreto por la adjudicación de contratos para construir colegios.