El Partido Popular ya ha asumido que su Proposición de Ley Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales, el conocido como “plan B jurídico” para hacer frente a la pandemia, no contará este martes con los apoyos necesarios ni siquiera para iniciar su tramitación parlamentaria. La normativa es una de las propuestas estrella del líder del PP, Pablo Casado, con la que los populares pretendían regular los confinamientos y las cuarentenas sin necesidad de recurrir al estado de alarma, único instrumento constitucional que por el momento permite la restricción de libertades.
A las fuerzas que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se han sumado toda la izquierda parlamentaria y los partidos nacionalistas, que ya han anunciado que rechazarán la toma en consideración que se debate este martes en el Congreso de los Diputados. Al 'no' se ha apuntado también Ciudadanos, partido socio del PP en comunidades y ayuntamientos pero cuya líder, Inés Arrimadas, ha iniciado un giro en busca del entendimiento y los pactos con el Ejecutivo progresista.
“El que no tenga apoyo suficiente para ser tomado en consideración no impide que nosotros lo defendamos”, ha argumentado este martes en rueda de prensa la portavoz de los populares en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, que ha reconocido así que la propuesta insigne de Casado será tumbada por la mayoría de los diputados.
La “alternativa a la excepcionalidad constitucional”
A primera hora de la mañana, el propio líder del PP defendía ese “plan B jurídico” como “alternativa a la excepcionalidad constitucional del estado de alarma del Gobierno”, al que los populares llevan meses acusando de “limitar y pisotear derechos fundamentales” con la excusa de la crisis sanitaria, así como de “mentir” en las cifras de fallecidos y de actuar con la intención de imponer una suerte de “dictadura” en España.
“La gente me paga para resolver sus problemas no para creárselos. Quiero representar a la amplia mayoría de los españoles que son sensatos, moderados y que no quieren líos políticos”, se justificaba Casado en una entrevista en Telecinco, cuando los populares ya sabían que no contarían con el apoyo para su propuesta.
La iniciativa legislativa del PP proponía abandonar, en lo posible, la excepcionalidad constitucional, y “conjugar la protección de la salud de los ciudadanos con mayores garantías judiciales y mayor amparo de sus derechos constitucionales, además de poner a disposición de las administraciones públicas instrumentos ágiles y eficaces para la contención de pandemias y emergencias sanitarias”.