El Partido Popular ha elaborado un argumentario para sus dirigentes con el objetivo de zanjar la polémica sobre la supuesta venta por la infanta Cristina de 13 propiedades, desmentida por La Zarzuela. El texto exculpa al Ministerio de Hacienda y achaca toda la responsabilidad a notarios y registradores. El texto explica que el juez pidió a la Agencia Tributaria todos los datos relacionados con la hija del rey desde 2002: “Se le envió todos y se le advirtió que algunos de estos datos provenían de terceros (registradores y notarios entre otros)”.
El argumentario explica que la Agencia Tributaria no puede comprobar por ley la veracidad de datos que ya están prescritos (tras un periodo de cuatro años), lo que en este caso dejaba fuera de su control los datos de 2002 a 2009. Termina diciendo que la agencia no puede hacer públicos datos de contribuyentes.