El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, trata de aprovechar el descontento de una parte de los jueces españoles ante las primeras decisiones del Gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos para ensanchar su bloque de oposición sin tregua contra el nuevo Ejecutivo.
A su negativa a sentarse a negociar la renovación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en situación de interinidad desde diciembre de 2018, pero de mayoría conservadora, añadió este jueves unas palabras para instar al máximo órgano de los jueces a no refrendar el nombramiento de la exministra de Justicia como nueva fiscal general del Estado, una de las primeras medidas del nuevo Gobierno.
En un desayuno informativo en la capital, Casado aseguraba lo siguiente: “Espero, porque confío mucho en el CGPJ, no como la izquierda, que hoy [por este jueves] declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad. La legislación española exige la imparcialidad que una diputada del PSOE no tiene”.
El líder del PP pronunciaba estas palabras apenas unas horas antes de que el máximo órgano de los jueces se reuniera para estudiar si Delgado cumplía con los requisitos legales para ser la nueva fiscal general. El Poder Judicial no siguió sus recomendaciones y decidió, por 12 votos contra 7, avalar la legalidad del nombramiento. Sin embargo, los siete vocales que presentaron un voto particular contra Delgado, todos ellos nombrados por el PP, eludieron su obligación de valorar como jurista a la candidata a fiscal general y la rechazaron por una cuestión que no era objeto de la consulta: haber sido ministra de Justicia en el anterior Gobierno.
“Se ha puesto en entredicho su imparcialidad”
Una vez conocida la decisión de avalar su candidatura, el PP consideró que el CGPJ “obliga a Delgado a rechazar” el puesto “si le queda alguna dignidad personal y profesional”. Fuentes de la dirección del PP consideraban que “Delgado seguramente reúne los requisitos para acceder al puesto. Eso nadie lo discute, tampoco el PP”. Pero recordaban que “los vocales han omitido trasladar la idoneidad para el cargo de Dolores Delgado” y “solo se limitan a validar que cumple los requisitos formales”.
“Lo que se ha puesto en entredicho es su imparcialidad para ejercer esta función, pasando directamente de dirigir el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. No hay ningún precedente de un nombramiento tan cuestionado por la carrera judicial y fiscal”, señaló el PP.
Aunque no con tantos votos en contra, sin embargo sí hay precedentes similares, por ejemplo, en Javier Moscoso, ministro de la Presidencia con Felipe González que fue propuesto en 1986. Los vocales se dividieron: 13 votos a favor, seis en contra y uno en blanco, según las hemerotecas. También hubo discrepancias en el CGPJ con Leopoldo Torres, que en 1990 dejó la militancia socialista para suceder a Moscoso al frente de la Fiscalía –le apoyaron 14 de 20 vocales–, y más controvertida fue la elección en 1992 de Eligio Hernández, con once votos a favor de un total 18.
“El PP ni crispa, ni bloquea”
De Delgado el presidente de los populares criticaba que sea “una persona que ha sido reprobada tres veces, que ha dado mítines del PSOE hasta hace un mes y a la que se le ha grabado en un entorno de una auténtica organización policial dedicada a la extorsión a empresarios y periodistas de la que ella se reía después de haber conocido delitos gravísimos que no puso en conocimiento de sus compañeros”.
A pesar de estas valoraciones pronunciadas justo antes de la reunión del CGPJ, desde la dirección del PP se afanaban en insistir en que la formación conservadora no “presiona” a los jueces. “El PP ni crispa, ni bloquea, ni presiona, por mucho que lo digan los argumentarios de Moncloa”, explicaban este jueves fuentes de la máxima responsabilidad del equipo de Casado, que en las últimas semanas no ha parado de insultar al nuevo Gobierno al que considera “ultra”, ni a Sánchez, al que ha llamado “mentira andante”, “sociópata” o “presidente fake”.
Casado también consideraba que “el CGPJ hizo muy bien en sacar un comunicado para defender a los jueces españoles”, después de que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, considerara el miércoles en una entrevista televisiva que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) reconociendo la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, supuso una “humillación” de la justicia española. En otro comunicado el Gobierno enmarcó el miércoles las palabras de Iglesias en “la libertad de expresión” y pidió diálogo a la oposición para renovar el Poder Judicial.
Ante este escenario, sin embargo, el líder del PP prefiere no iniciar una negociación con el PSOE para renovar el CGPJ. Se trata de una tarea pendiente desde diciembre de 2018 –cuando expiró el mandato de sus miembros, que desde entonces se encuentran en una situación de interinidad–, para la que es imprescindible el concurso de la derecha.
Una negociación rota
La ley establece que se necesita una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados –210 votos– para aprobar los nombramientos de los integrantes del máximo órgano de gobierno de los jueces, una cifra a la que la izquierda no llega por sí sola, ni siquiera sumando a las fuerzas nacionalistas, independentistas y regionalistas que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez el pasado día 7.
Pero el PP no está por la labor de facilitar la renovación del CGPJ. Fuentes de la dirección popular sostienen que “en este contexto” en el que consideran que el Ejecutivo está dedicado a realizar “gestos a los independentistas, no hay nada que negociar”. Ni la renovación del órgano de los jueces y mucho menos una reforma constitucional o la elección de un nuevo presidente de RTVE, decisiones todas ellas que necesitan una mayoría cualificada para la que la izquierda necesita a la derecha.
Hace más de un año, a finales de 2018, Casado dio la orden a sus compañeros de filas de interrumpir cualquier tipo de diálogo con el PSOE para las reformas constitucionales y la renovación de los principales órganos del Estado, después de que saltara por los aires el acuerdo alcanzado in extremis en noviembre de ese año –al borde del plazo, que expiraba en diciembre– entre el PP y los socialistas para renovar el CGPJ.
El detonante de la ruptura fue un mensaje de WhatsApp que el entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a todos los senadores a través de un chat de grupo. En el mensaje, Cosidó presumía del acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ –que daba 11 puestos a magistrados progresistas y otros nueve a conservadores– al nombrar al juez conservador Manuel Marchena presidente del mismo.
“Una jugada estupenda”
La elección del presidente es una potestad que únicamente corresponde a los vocales, pero que socialistas y populares dieron por hecha incluso antes de elegir oficialmente a esos vocales. El exportavoz popular en el Senado aseguró en el mensaje que con el pacto el PP veía garantizado el control del Tribunal Supremo “desde atrás”. Se trataba, según las palabras literales del mencionado wasap, de “una jugada estupenda”.
Un día después de conocerse el mensaje de Cosidó, el magistrado Marchena decidió renunciar a formar parte del nuevo CGPJ. En un comunicado en el que defendió su “independencia”, el magistrado del Tribunal Supremo aseguró que “jamás” había concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como “un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. Y resaltó que su desempeño como juez es “la mejor muestra” de que “jamás” ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas.
Una vez conocida la decisión de Marchena y tras constatar que la presidencia del CGPJ podía no estar garantizada para el bando conservador, el PP decidió romper el acuerdo. Pablo Casado compareció ante su grupo en el Congreso e improvisó una reforma de la Ley del Poder Judicial comprometiéndose “a volver al sistema de elección judicial que consagra la Constitución Española”, es decir, que sean los propios jueces los que propongan una lista de 12 candidatos que deberían ser refrendados luego por el Congreso y el Senado.
Aunque contó con el apoyo de Ciudadanos, su plan para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial fue tumbado por el Congreso el 20 de diciembre de 2018. Desde entonces, el diálogo entre PSOE y PP para promulgar las reformas en los organismos del Estado no se ha retomado a pesar de las cuatro reuniones mantenidas hasta ahora por Pablo Casado y Pedro Sánchez y los reiterados ofrecimientos del líder de los populares a los socialistas para suscribir distintos pactos de Estado.
Presiones políticas
El inicio de la nueva legislatura que las derechas ya han vaticinado que será bronca, con recursos en los tribunales a todas las decisiones del nuevo Gobierno de coalición que no le gusten, e incluso con manifestaciones en las calles, así como el rechazo total del PP a la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, dificultan aún más cualquier acercamiento entre socialistas y populares para renovar un Poder Judicial que está condicionado más que nunca por las presiones políticas.