El Congreso de los Diputados celebra este jueves el debate de totalidad de la iniciativa que ERC ha presentado para recuperar la Justicia Universal, que quedó prácticamente anulada tras la reforma que impuso el Gobierno en 2014, y en la que cuenta con el apoyo de PSOE y Unidos Podemos. El PP ha presentado un texto alternativo que apenas introduce cambios en la ley con el objetivo de salvar una de las reformas más polémicas aprobadas durante su legislatura de mayoría absoluta.
El texto de Esquerra Republicana de Catalunya elimina el requisito de que el autor del delito resida en España, una disposición que hacía casi imposible perseguir a los autores de los delitos cometidos en el extranjero. La iniciativa, cuya admisión a trámite salió adelante con el apoyo de PSOE y Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos, también plantea incluir la posibilidad de que las acusaciones populares puedan iniciar estos procesos, que con la reforma del PP quedaron únicamente a instancia del agraviado o el fiscal.
Como otras iniciativas durante esta legislatura, el texto de ERC ha estado paralizado un año con sucesivas ampliaciones para la presentación de enmiendas. Concluido ese plazo, afronta este jueves el debate de totalidad con una enmienda del PP que propone un texto alternativo. En esencia, el cambio que sugieren los populares suponen unos retoques menores que mantendrían la reforma de 2014 prácticamente intacta.
Rendir cuentas por “todos los crímenes”
ERC señala en su iniciativa que “el Estado español tiene el deber de hacer comparecer ante la justicia a los autores de delitos de derecho internacional” y critica que la reforma de 2014 va “mucho más allá -que la anterior, de 2009- hasta llegar a liquidar el principio de Jurisdicción Universal”. “La existencia de una legislación sobre la aplicación efectiva del principio de Justicia Universal supone garantizar que se rinden cuentas por todos los crímenes de derecho internacional”, añaden.
El PP, por su parte, explica en la exposición de motivos de su texto alternativo que la reforma que limitó la Justicia Universal “encuentra su fundamentación tanto en la práctica de los países de nuestro entorno como en la escasa efectividad que la experiencia ha demostrado que alcanzan los procedimientos de jurisdicción universal in absentia, dirigidos contra personas que ni son españoles ni se encuentran de forma permanente, u ocasional, en nuestro territorio”.
Así, el texto del PP se limita a introducir nuevos delitos perseguibles por la Justicia Universal. Por ejemplo, incluye el blanqueo de capitales cuando este afecte al “orden socioeconómico español”, el de pesca ilegal “en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España” y el de tráfico de órganos.
El PP excluye a la acusación popular
Con la reforma del PP, el texto seguirá limitando la persecución de esos y otros delitos a que los autores residan en España. Los populares solo admiten ampliar el artículo que acota quienes pueden iniciar estos procedimientos: “solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las actuaciones a prevención que puedan realizarse por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Autoridad judicial en orden a asegurar personas, bienes o efectos intervenidos en las primeras diligencias aunque tales hechos, conforme a las normas de este artículo sean objeto de un procedimiento en otro país”.
Con esta redacción, también se excluye que la acusación popular pueda iniciar un procedimiento penal por delitos, por ejemplo, de lesa humanidad. Para ERC este requisito es imprescindible porque “la experiencia demuestra el importante papel desarrollado por las acusaciones populares en el enjuiciamiento de crímenes bajo el principio de justicia universal”.
La reforma que impuso el PP en 2014 provocó el cierre de varias investigaciones abiertas, como la muerte del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por disparos de militares de EEUU durante la Guerra de Irak, o la investigación por el genocidio del Tibet. Varios jueces se han mostrado contrarios a la reforma y el Tribunal Supremo afirmó que suponía una “restricción sustancial y extrema” de los derechos de los españoles que han sido víctimas de genocidios en el extranjero.