El Partido Popular ha decidido respaldar al Gobierno evitando este jueves que decaiga en el Congreso la Ley de Seguridad Nacional, rechazado por los principales socios del Gobierno como PNV, ERC y EH Bildu, al considerar que invade competencias autonómicas. Los votos de los populares han permitido así que no salieran adelante las enmiendas a la totalidad defendidas en el Pleno de hoy por el Grupo Republicano y por Junts, y que hubieran supuesto el final de la tramitación parlamentaria de dicha norma. La enmienda de ERC ha sido tumbada con 37 votos a favor, 299 en contra y 13 abstenciones. Y la de Junts, con 34 votos a favor, 302 en contra y ninguna abstención.
Ha sido la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, la que ha anunciado que su grupo rechazaría esas enmiendas, echando una mano así al Ejecutivo para poder mantener viva la norma que, entre otros asuntos, regula el catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional, para incluir los datos de los recursos humanos, materiales, instalaciones y activos “que puedan ser de utilidad para afrontar una crisis” como la surgida con el coronavirus.
La ley también contempla la participación del sector privado en el citado sistema de seguridad nacional y crea la Red de comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno.
“Somos un partido de Estado y actuaremos siempre como un partido de Estado en la toma de decisiones”, ha asegurado Gamarra, que ha resaltado que la de Seguridad Nacional es una ley “necesaria” porque se debe “seguir desarrollando todo lo que tiene que ver” con esa normativa, sobre todo en un contexto de guerra como la de Ucrania.
Gamarra pide construir “la fortaleza del Estado”
El PP, ha dicho, actuará como “un partido de Estado” y rechazará las enmiendas de totalidad. “Esperamos que el Gobierno entienda que solo puede abordar los asuntos de Estado con el principal partido de la oposición, que es con quien tiene que construirse la fortaleza del Estado”, ha señalado en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso.
El debate durante el Pleno ha estado marcado por el escándalo del espionaje a dirigentes independentistas, por los reproches que han lanzado grupos como la propia ERC y Junts al Gobierno al considerar que el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, anunciada el martes por el Ejecutivo, no es suficiente para dar por zanjada la crisis de confianza.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha considerado que las leyes que hablan de problemas de seguridad nacional “justifican la violencia, la represión y el espionaje”. Por su parte, la diputada de ERC Montserrat Bassa ha descalificado el “desprecio a las competencias de las comunidades autónomas” que a su juicio implica el nuevo texto y ha dicho que “las leyes de seguridad nacional son un 155 encubierto”. “No cuenten con ERC. Nunca va a aprobar una ley como esta”, les ha dicho a los partidos del Gobierno.