El PP usará su mayoría absoluta en el Senado para abrir un inédito conflicto de atribuciones con el Congreso a cuenta de la ley de amnistía y como paso previo de recurrir ante el Tribunal Constitucional la simple tramitación de la norma. Así lo ha anunciado este martes la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, durante una interpelación al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. Una situación que nunca antes se ha dado.
“Quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara en defensa de sus atribuciones constitucionales inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución”, ha planteado García durante su intervención.
La portavoz del PP se acoge así a los dictámenes de la letrada mayor del Senado, Sara Siera, y de los letrados de la Cámara, quienes han considerado que la ley de amnistía no solo es inconstitucional, pese a lo que dan vía libre a su tramitación, sino que es “una reforma encubierta de la Constitución” por lo que el Congreso habría incurrido en una “realización fraudulenta del procedimiento legislativo”.
El informe de la secretaria general, designada directamente por el presidente del Senado, Pedro Rollán, ya delinea la senda que va a seguir ahora el PP. Siera apunta a la aplicación de la ley del Tribunal Constitucional, que en su artículo 59 c) apunta que el tribunal de garantías “entenderá de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas” al “Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial; o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí”.
El PP asume así el dictamen y señala que, como la tramitación de la ley de amnistía como ley orgánica es “fraudulenta”, el Senado no puede tramitarla. Todo después de que la Mesa del Senado, con mayoría absoluta del PP, haya admitido a trámite la ley. Porque los letrados de la Cámara, pese a dedicar decenas de páginas a señalar la “inconstitucionalidad” de la norma, o el conflicto que supone con las leyes europeas, también asumen que la tramitación debe continuar.
El partido de Alberto Núñez Feijóo plantea así un primer paso para recurrir al Tribunal Constitucional el trámite de la ley, toda vez que el Congreso es previsible que avale sus propias decisiones previas. Así, será el tribunal de garantías el que decidirá si la forma en la que se intenta aprobar la amnistía es correcta constitucionalmente o no.
Es decir, el PP plantea un conflicto de constitucionalidad desde el inicio de la tramitación de la ley de amnistía en el Senado. El plazo para que la Cámara Alta devuelva la norma al Congreso (ya sea vetada o enmendada) es de dos meses, pero no está claro qué ocurrirá si se plantea ese conflicto inédito. Posteriormente, si la ley sigue su curso, cabrán otros recursos que tengan en cuenta el fondo de la ley, bien ante el propio Constitucional bien ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Fuentes de la Presidencia del Congreso aseguran a elDiario.es que “el trámite de dos meses está vigente y el Senado tiene la obligación constitucional de devolver el texto al Congreso, que es la cámara que tiene la competencia de aprobación de las leyes”. Las mismas fuentes recuerdan que “el Senado es una cámara de segunda lectura” y que “la Constitución no le reconoce otro protagonismo que ese”. “En definitiva, el proceso sigue y se espera que en un máximo de dos meses la ley esté de vuelta en el Congreso”, zanjan.
Sobre el conflicto que va a plantear el Senado, desde el Congreso dicen no querer “entrar”. “Aquí no hay ningún conflicto de poderes. Las funciones de cada cámara están muy claras en la Constitución”, concluyen.