El PP pone en marcha su rodillo en el Senado y pide a la Cámara que reclame al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe sobre la ley de amnistía que el Congreso todavía ni siquiera ha tomado en consideración. Así se recoge en un escrito remitido a la Mesa del Senado por el portavoz del PP, Javier Arenas, en el que se acoge a una disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que se podrá solicitar dicho dictamen en “proyectos” y “disposiciones generales” que versen sobre “leyes penales y normas sobre régimen penitenciario”.
El PP no ha querido esperar a que el Pleno del Congreso se pronuncie sobre la toma en consideración de la norma, un paso previsto para el próximo mes de diciembre. Luego llegará la tramitación exprés y la aprobación en la Cámara Baja. Solo después será el turno del Senado, cuyo Reglamento el PP ha modificado en solitario para intentar dilatar la entrada en vigor de la norma.
Pero el PP no quiere esperar al procedimiento habitual y, aprovechando su control de la Mesa del Senado, quiere activar ya al CGPJ, cuyo mandato camina ya hacia su sexto año de bloqueo, precisamente por la negativa del PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces. Los de Alberto Núñez Feijóo controlar el organismo gracias a la mayoría absoluta que logró Mariano Rajoy en 2011.
El PP recurre a un artículo de la LOPJ que, en realidad, se refiere a los anteproyectos de ley. Es decir, a las leyes que plantea el Gobierno. El ordenamiento español diferencia los proyectos (realizados por el Ejecutivo) y las proposiciones (que emanan directamente del Legislativo). Para las primeras, la ley contempla más controles (Consejo de Estado, CGPJ, Consejo Fiscal, ...). Para las segundas, no.
Pero en el PP apuntan a que el uso de la proposición de ley, en lugar del proyecto de ley, es “un fraude” a través del cual el Gobierno esquiva a estos órganos consultivos. Y, por tanto, es de aplicación la LOPJ. En concreto, su artículo 561.1, que en su apartado 8 dice que “se someterán a informe” del CGPJ las “leyes penales y normas sobre régimen penitenciario”.
“No es discutible que la reforma propuesta que aspira a excepcionar a determinados casos e incluso a modificar la ley penal por antonomasia: el Código Penal”, apunta el escrito, pese a que la proposición de ley de amnistía no reforma dicho Código Penal.