La ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que cambia las leyes de financiación, de partidos y del Tribunal de Cuentas, ha salido de la Comisión Constitucional del Congreso sin más oposición que ERC y Amaiur, pues PSOE, Izquierda Plural y UPyD han optado por la abstención, y con el voto a favor de los nacionalistas de CiU y del PNV, además del PP.
Se trata de una de las leyes anticorrupción que presentó al Congreso el presidente Mariano Rajoy el 27 de noviembre y que el Pleno de la Cámara aprobará la próxima semana para su tramitación en el Senado.
El secretario general del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, cree que esta “ley de todos”, aunque no puede cambiar el pasado, “legisla para que determinados comportamientos no se puedan repetir en el futuro”. “Hemos escuchado a los ciudadanos, hemos reaccionado y nuestra respuesta es nuestro firme compromiso con la transparencia y ejemplaridad y con la intransigencia ante con cualquier atisbo de indignidad en la gestión pública y en la vida política”, ha resumido.
La norma impone a los partidos nuevos requisitos de transparencia y de democracia interna, abre la puerta a expulsar del registro de partidos a quienes la vulneren y crea la figura del responsable de la gestión económica de los partidos, que podrá ser citado ante el Parlamento.
RECORTE DE GASTO ELECTORAL
En las reuniones de ponencia se han ido acordando nuevas exigencias tanto a los partidos como a las fundaciones que dependen de ellos. Entre otras cosas, se reducirá en un 20% la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral ('mailing'), que se añade a la rebaja del 40 por ciento de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales (PGE).
Además, a partir de ahora, las subvenciones anuales del Estado se van a vincular al presupuesto consolidado sin intereses de cada ejercicio lo que, según el PP, implica que “irán de la mano del gasto social” de modo que, si hay recortes en estas partidas, también se verán reducidos.
Junto a la austeridad, se confirma la imposición de mayores exigencias de control y de transparencia de las fundaciones políticas. Si ya se las obliga a informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones que reciben, se pretende ahora que todos sus ingresos sean examinados por el Tribunal de Cuentas (incluyendo los convenios con entes públicos) y que la institución fiscalice también los gastos derivados de subvenciones públicas; además, las fundaciones deberán someterse a una auditoría externa cada año cuyos resultados habrán de ser publicados en su web.
Asimismo, se definen las sanciones por financiación ilegal para aumentarlas y para dificultar la prescripción en función de la gravedad de la falta que se imputa (dos años para casos leves, tres para graves y cinco para muy graves).
La Comisión Constitucional ha convalidado también la prohibición de condonar deuda a los partidos, el veto a los donativos de personas jurídicas (empresas) y la obligación de publicar todos las aportaciones económicas de más de 25.000 euros que reciba un partido.
ENTRE EL SÍ CRITICO Y LA ABSTENCIÓN
Estos nuevos requisitos han contado con el visto bueno de los principales grupos de la oposición, ya que sólo los diputados de Esquerra y de Amaiur han votado en contra.
El PNV, por boca de Aitor Esteban, ha dado un “sí crítico” a la ley porque, aunque sigue pensando que hay cuestiones que no están cerradas, entre ellas la suficiencias de la financiación de los partidos, cree que “se ha trabajado mucho” y entiende que no debe “escurrir el bulto”.
El PSOE, Izquierda Plural y UPyD han renunciado a votar en contra reconociendo que en los trabajos de ponencia habían sido provechosos, aunque no hayan cubierto sus expectativas. Ricardo Sixto, de IU, admite que la ley sale de la Comisión Constitucional “mejor que entró” porque “se ha avanzado mucho”, pero cree que su grupo no puede apoyarla porque sigue quedándose “corta”.
Para Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, el PP “ha demostrado voluntad de admitir enmiendas”, si bien su grupo opta por la abstención porque sigue pensando que la revisión de la ley de partidos parece insuficiente y porqwue consideras que se ponen trabas a la financiación privada.
El socialista José Enrique Serrano ha agradecido la receptividad del PP y destaca que la nueva ley “incorpora instrumentos, cautelas y, elementos de transparencia que harán más difícil que se reproduzcan comportamientos conocidos hasta hoy” en los distintos casos de corrupción.
Ahora bien, como la “visión de conjunto” no es completa, los socialistas han preferido abstenerse. Esa falta de apoyo ha sido criticada por el vicesetrario de Organización del PP, Carlos Floriano, quien se queja de que el PSOE “dice unas cosas en privado y otras en público”.
“Desgraciadamente, yo creo que determinados complejos les llevan a separarse de la posición que mantienen en privado y de la posición que mantiene el PP, que, por otra parte, es bastante respaldada por el conjunto de grupos parlamentarios de esta Cámara”, ha comentado en los pasillos del Congreso.