El PP ha dejado en evidencia su doble vara de medir en las últimas horas, al defender una postura y la contraria en asuntos como las injerencias en el Poder Judicial o las grabaciones de Villarejo. El lunes criticó al Gobierno por hablar sobre la situación procesal de los políticos independentistas encarcelados, llegando a acusar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de “presionar” a los jueces por buscar el “apaciguamiento” en Catalunya. Este martes, sin embargo, los conservadores no han visto injerencia alguna en la llamada que Carmen Sánchez-Cortés, secretaria de Estado del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Mariano Rajoy, realizó a la jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, para preguntarle por la situación procesal de Pablo Casado.
El doble discurso de los populares también se ha visto reflejado en sus declaraciones sobre las grabaciones del excomisario de la Policía José Manuel Villarejo, en prisión provisional acusado de varios delitos, entre ellos, organización criminal. Las realizadas a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, le han servido al PP para exigir su dimisión inmediata, al dar credibilidad a su contenido. En cambio, las grabaciones a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, en las que la princesa acusaba al rey Juan Carlos de distintos delitos, entre ellos el de blanqueo, no fueron consideradas como relevantes por los conservadores, que junto con PSOE y Ciudadanos evitaron exigir explicaciones al monarca.
Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró en una entrevista en La Vanguardia que si se prolonga el juicio del procés “no sería lógico que se alargara la prisión preventiva” de los políticos independentistas encarcelados, y las expresiones de varios miembros del gabinete de Sánchez que han reconocido en los últimos días que el encarcelamiento de esos líderes “no ayuda en nada” a solucionar el conflicto, así como la afirmación del propio Sánchez asegurando “en la política española falta empatía”, sirvieron al PP para denunciar la “injerencia” del Gobierno en la Justicia.
Pablo Casado arremetía contra la que consideró una estrategia del Gobierno socialista de “contemporización” con el independentismo, “diciendo a los jueces lo que tienen que hacer”. Poco después, su número dos, el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, criticaba en rueda de prensa que desde el Ejecutivo se estén lanzando mensajes “sangrantes” de “nulo respeto a los procedimientos judiciales” para “presionar al sistema judicial, a los jueces y que no les arruinen la nefasta estrategia de apaciguamiento” que, a su juicio, pretende Sánchez.
“Una distracción más”
Este martes distintos dirigentes populares eran preguntados por la llamada –revelada por eldiario.es– de la exsecretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, a la jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, para preguntar sobre la situación de Casado ante las irregularidades de su máster. Pero en este caso el PP no percibe faltas de respeto a los procesos judiciales.
Tanto en una entrevista en TVE como en declaraciones a los medios en el Congreso, la portavoz de los conservadores en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, se limitaba a responder a las preguntas sobre el polémico telefonazo con cuatro palabras: “Es una distracción más”. La dirigente del PP no daba explicaciones ni quería aclarar si esa llamada es una práctica habitual de los cargos elegidos por su partido cuando existe un caso en los tribunales que afecta a los populares. Optaba, en cambio, por hablar de la tesis de Pedro Sánchez.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, tampoco veía injerencia alguna en la llamada de Sánchez-Cortés a Rodríguez-Medel, y respondía defendiendo a Casado. “Tenemos confianza absoluta porque desde el primer momento ha sido claro, transparente y nos ha trasladado la confianza de que todo estaba en regla”, aseguraba, en una entrevista en La Sexta.
Respecto a las polémicas grabaciones a la ministra Dolores Delgado, que han llevado a PP, Ciudadanos y Unidos Podemos a pedir su dimisión por sus contradicciones sobre su relación con Villarejo, los conservadores también han evidenciado un giro de discurso. En julio, cuando salieron a la luz los audios de las cintas grabadas por el excomisario de sus conversaciones con Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, los populares les restaron toda relevancia política. En esas grabaciones la princesa alemana aseguraba que el rey emérito había cobrado comisiones por lograr contratos para empresas españolas, o que el monarca había blanqueado dinero en Suiza.
El entonces candidato a presidir el PP Pablo Casado, no consideró esas cintas como suficientes para exigir explicaciones a la Casa Real: “Creo sinceramente que tanto el Rey Juan Carlos como Felipe VI forman parte de la mejor historia de España y, por tanto, si soy presidente del PP, no apoyaré ninguna comisión de investigación que solo busque el desprestigio de la institución más querida por todos los españoles y a la que debemos en gran medida los mejores años de nuestra historia reciente”.
A finales de julio el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, comparecía en el Congreso para aclarar esas acusaciones contra el rey contenidas en las grabaciones. Unas explicaciones que satisficieron a PP, PSOE y Ciudadanos, que a principios de este mes rechazaban la creación de una comisión de investigación en el Congreso para dilucidar la responsabilidad del monarca.
Un “problema de Estado”
Ahora, las cintas desveladas por la web moncloa.com que demuestran que la ministra de Justicia se reunió con Villarejo han sido consideradas por los conservadores como un “problema de Estado”, hasta el punto que han solicitado la dimisión de Dolores Delgado, sumando argumentos para la reprobación que presentaron en el Senado –y que este martes ha sido aprobada por la mayoría absoluta que tienen los conservadores en la Cámara Alta– para censurar su gestión de la defensa del juez Pablo Llarena por su procesamiento en los tribunales belgas.
El PP denuncia que Delgado “ha mentido” por asegurar primero que no había tenido “ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial con José Villarejo” y porque después de que se publicase la grabación de una comida en la que estuvieron ambos reconoció que habían coincidido en tres ocasiones. “La ministra nos ha mentido a todos los españoles. Cada minuto que pasa, la mentira es más grande. No nos merecemos que siga un minuto más como ministra”, sostenía Montserrat.
La reprobación de la ministra en el Senado permite a los conservadores apuntarse un tanto en su batalla de desgaste del Gobierno, aunque la iniciativa solo fue respaldada por su grupo. El PP tiene previsto utilizar esa reprobación para seguir exigiendo la dimisión de Delgado, a pesar de que durante su mandato Mariano Rajoy no asumió responsabilidades ni exigió la dimisión de sus cinco ministros reprobados por el Congreso de los Diputados.