La unidad de los partidos constitucionalistas se ha visto trastocada en pleno desafío independentista. La incapacidad de los dirigentes del PP, PSOE y Ciudadanos de consensuar una respuesta única para frenar los planes del Govern de la Generalitat, más la petición de los socialistas para reprobar en el Congreso a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha desdibujado al bloque constitucionalista que ya no esconde sus discrepancias.
La falta de consenso en las propuestas de solución al conflicto catalán han sido una constante desde que empezó la crisis. No ha sido posible ver una foto en la que aparecieran juntos los dirigentes de los tres partidos tras las reuniones para abordar el problema secesionista. Pedro Sánchez la rechazó y ha pedido reiteradamente que Rajoy involucre a Unidos Podemos en la respuesta.
La declaración de la Comisión Europea en la que recriminaba el uso de la violencia y apelaba al diálogo para encontrar una solución política ha sido un golpe muy duro para Mariano Rajoy, que ha optado por esperar a los siguientes pasos del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En Moncloa han decidido no hacer movimientos hasta que el Parlament catalán proclame la declaración unilateral de independencia, como anunció Puigdemont al finalizar la jornada del referéndum.
Esta espera ha enervado a Ciudadanos, los socios de investidura de Rajoy, que ha pedido reiteradamente la aplicación del artículo 155 para disolver el Govern y convocar elecciones autonómicas. El Gobierno lo ha desechado ante la pésima imagen que supondría la intervención de la autonomía tras la jornada de violencia del domingo.
El PSOE ha rebajado el rechazo inicial a la aplicación del 155, pero es una opción que todavía no convence en Ferraz. La dirección socialista es más partidaria de usar las nuevas atribuciones del Tribunal Constitucional –a las que se opuso en el Congreso cuando el PP hizo la reforma del alto tribunal– para frenar la hipotética declaración unilateral de independencia. No obstante, en las filas socialistas sí que hay quienes creen que la aplicación del 155 será la vía necesaria.
Apoyo para el 155
El PP quiere contar con el apoyo de los socialistas para una medida como la del 155. “Que solo una fuerza política apruebe en el Senado el artículo 155 de la Constitución no tendría el respaldo de la mayoría de la sociedad catalana”, ha dicho su portavoz parlamentario, Rafael Hernando.
Sánchez no quiere pronunciarse hasta que Rajoy dé los correspondientes pasos en firme. No obstante, en el PSOE hay división de opiniones entre los que creen que el apoyo al Gobierno en esa medida es inevitable y quienes consideran que el PSOE no tiene por qué meterse, ya que el PP puede sacarlo adelante en solitario gracias a su mayoría absoluta en el Senado.
A Albert Rivera no le convence la apuesta de los socialistas de que el desafío se frene con la actuación del Constitucional, que podría acabar con la suspensión o inhabilitación de Puigdemont y otros cargos públicos catalanes. “A Puigdemont no le va a frenar un burofax del Constitucional”, expresó el líder de Ciudadanos.
Ni siquiera la petición de diálogo de la Comisión Europea ha sido objeto de consenso. Rajoy anunció el domingo que iba a iniciar una ronda de contactos con todos los partidos con representación parlamentaria, lo que supone incluir a los independentistas catalanes, PdeCat y ERC. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como Ciudadanos han insistido en que los dirigentes del Govern están desacreditados para sentarse a dialogar tras su “deriva ilegal” y el “golpe de Estado” que supuso la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad en el Parlament catalán. Sánchez ha exigido a Rajoy que “abra una negociación inmediata” con el presidente de la Generalitat.
Fracaso de Rajoy
Desde la jornada del 1-O, el PSOE ha subido el tono contra el Gobierno. Le ha reprochado que prometiera que no iba a haber referéndum y que finalmente los catalanes pudieran votar en la mayoría de colegios electorales. Consideran que ha sido un fracaso de Rajoy con un añadido que es al que más importancia conceden: que se pudiera votar y que el amplio despliegue policial lejos de impedirlo cargara contra los ciudadanos. También señalan a la vicepresidenta del Gobierno como responsable de esas órdenes “políticas”. Piensan que estaban dirigidas por interés político.
Además de los reproches que ya han llegado a ser públicos –frente a la discreción de otros pasos del Ejecutivo que no gustaron en Ferraz, como la citación a 700 alcaldes por parte de la Fiscalía o las detenciones de altos cargos de la Generalitat, el PSOE ha pasado a la ofensiva con el anuncio de reprobación a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como responsable última de la actuación policial por ser la encargada de la “coordinación” del 1-O.
“Si no se hubieran dado determinadas escenas y situaciones el domingo, la realidad hoy sería de otro modo y muchos de los efectos y consecuencias que se están produciendo tienen que ver con esa cierta improvisación o una situación que superó al Gobierno y alguna responsabilidad política tiene que haber, porque eso da confianza en el funcionamiento de las instituciones y fortalece el Estado de derecho”, ha señalado el número tres del PSOE, José Luis Ábalos.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, reconocía minutos antes del anuncio de los socialistas de la reprobación de Sáenz de Santamaría: “No me cabe la menor duda de que el señor Sánchez es un aliado pero nos gustaría que además de coincidir en el diagnóstico lo hiciéramos en la terapia. En lo esencial estamos juntos aunque haya alguna discrepancia”.
Pocos después, Hernando comentaba con cierta sorpresa que “ese no es el camino. Pedro Sánchez se está equivocando situándose al lado de ERC y Podemos”. A estas declaraciones le siguió una cascada de descalificaciones de diputados del PP que tacharon a Sánchez de “traidor”, de “tener una codicia sin límite” o de ser “desleal con España, todo con tal de llegar a poder”.
La jornada de violencia del domingo ha roto incluso el acuerdo entre el PP y el PSOE para no llevar mociones a los ayuntamientos que pudieran romper el consenso del bloque constitucional como pasó con la iniciativa de Ciudadanos de apoyo incondicional al Gobierno, que fue derrotada en el Congreso. Los populares presentarán en los municipios españoles mociones de apoyo a la Policía y a la Guardia Civil por “su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.