La propuesta sólo ha recibido el apoyo de los socialistas, mientras que CiU se ha abstenido y los representantes 'populares' han votado en contra porque sostienen que la amnistía fiscal ya será fiscalizada por el órgano junto al resto de cuentas del Estado y no necesita un informe especial.
Además, el representante del PP en la Comisión ha rechazado las críticas a este procedimiento y ha recordado las amnistías fiscales que puso en marcha el PSOE en años anteriores cuando ocupaba el Gobierno.
El portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, ha denunciado que la amnistía fiscal supone una “merma de recursos” para la Hacienda Pública y una “merma” para el Estado del bienestar, además de hacer alusión a las tramas de corrupción o defraudadores que han asegurado haberse acogido al procedimiento.
Saura ya había cuestionado que, aun cuando la normativa que regula la 'amnistía fiscal' fijaba un 10% sobre los fondos regularizados, finalmente sólo se ha aplicado el gravamen a los rendimientos de ese dinero, con lo que el pago ha quedado en un porcentaje de entre el 1 y el 2%.
Por eso, pide al Tribunal de Cuentas que revise cómo se ha aplicado esta medida, que el PSOE ha criticado desde un primer momento al considerarla “inmoral” y al rechazar que se permitan regularizar fondos sin preguntar siquiera por su origen. De hecho, también la han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC).
El PSOE ya había avisado también que los ingresos tributarios conseguidos con esta 'amnistía fiscal' no han llegado ni siquiera a un tercio de lo estimado, dado que los 1.190 millones reconocidos por el Gobierno incluyen tanto el gravamen por la regularización como por la repatriación de fondos, por lo que las previsiones de ingresos superaban los 3.300 millones de euros.
RECAUDACIÓN REAL
Esta circunstancia, junto con la ausencia de un Impuesto sobre Patrimonio en España, conllevará que, según el PSOE, finalmente sólo se tribute por los beneficios que reporten estos fondos a sus titulares, con lo que la recaudación real anual que se conseguirá por el afloramiento de nuevas bases se quedará en unos 400 millones aproximadamente.
“Queremos que el Tribunal de Cuentas fiscalice la amnistía porque no se ha llegado ni a la mitad de recaudación presupuestada, porque queremos saber el dinero que realmente ha aflorado y queremos saber por qué finalmente no se ha cobrado el 10%”, argumentó en su día Saura en el Congreso.
Una iniciativa que sí ha salido adelante, aunque con la abstención del PSOE, ha sido una presentada por el PP para fiscalizar “los gastos relacionados con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por las comunidades autónomas o las entidades y sociedades públicas dependientes de ellas, y los programas de ayudas a las empresas vinculados a dichos programas y transferencias”.