El PP utiliza las comisiones de investigación en los parlamentos para llegar a donde los jueces no ven delito

El caso Koldo y la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se han convertido en dos de los grandes activos políticos de Partido Popular y Vox, tanto en la recta final de las elecciones europeas como en el día a día de la oposición. Mientras el Congreso y el Senado desarrollan dos comisiones de investigación prácticamente idénticas y duplican la lista de convocados de forma constante, el PP impulsa también comisiones en territorios donde gobierna como Balears o Madrid repitiendo comparecientes que leen los mismos papeles y buscando extender las pesquisas sobre la compra de material sanitario a la esposa del presidente del Gobierno, algo que el propio juez de la Audiencia Nacional que investiga la 'operación Delorme' ha descartado en varias ocasiones.

Las primeras en arrancar fueron las que todavía tienen sesiones pendientes en el Congreso y el Senado. Ambas nacieron al calor de la detención de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, en el marco de una investigación por supuestas comisiones e irregularidades en la compraventa millonaria de material sanitario durante los primeros meses de pandemia. Pero la aritmética parlamentaria de ambas cámaras puso en marcha dos comisiones distintas, al menos sobre el papel.

La del Congreso, con un plan de trabajo diseñado por el PSOE y sus socios, aborda en términos genéricos la compra de material sanitario durante la pandemia. La del Senado, donde el PP ostenta mayoría absoluta, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha intentado desde el principio poner el foco sobre la esposa del presidente del Gobierno. Desde abril se han repetido y programado multitud de comparecencias en ambas cámaras: Koldo García, José Luis Ábalos, Francina Armengol o Salvador Illa, entre muchos otros, han declarado en ambas cámaras.

Las distintas comparecencias han dejado poca información que no haya trascendido ya en la investigación judicial de la Audiencia Nacional. Los responsables políticos y orgánicos de la compra de material, tanto la que está bajo sospecha judicial como la que no, han defendido la limpieza de los procesos de compraventa de material sanitario en lo peor de las primeras olas. El PP, por su parte, ha centrado sus esfuerzos en que los comparecientes detallaran la relación de Koldo con altos cargos del Gobierno y del PSOE.

Este viernes, tres días antes de las elecciones europeas, la presidenta del Congreso Francina Armengol tuvo que comparecer en el Senado. “Nadie de mi gobierno está siendo investigado”, defendió la expresidenta de Balears antes de afear a la comisión haber sido llamada a declarar a pocos días de unos comicios. Es su tercera declaración en una comisión de investigación sobre lo mismo: lo hizo en el Senado, previamente en el Congreso y compareció también en el Parlament de Balears.

La compra de material sanitario a la empresa de la trama y la posible caducidad de la reclamación millonaria por parte del actual Govern de Marga Prohens (PP) es también uno de los puntos clave de la investigación que se desarrolla en la Audiencia Nacional. Y la existencia de una tercera comisión en el parlamento de las islas ha llevado a una nueva duplicidad de testimonios. Como, por ejemplo, entre otros muchos, el de Manuel Palomino, antiguo director general de IB-Salut, que realizó comparecencias prácticamente idénticas.

Esa comisión de investigación a medida fue puesta en marcha por PP y Vox votó sus conclusiones este mismo viernes. Pero los textos constatan lo que ya investiga la Audiencia Nacional: que existe una presunta trama de corrupción que vendió mascarillas a la administración balear en lo peor de la pandemia. Las conclusiones pactadas por la derecha recogen numerosas acusaciones a Armengol y su ejecutivo mientras que exculpan al actual gobierno de Prohens de haber dejado morir la reclamación millonaria a la empresa de la trama. En esta comisión Koldo García, directamente, no acudió las dos veces que fue llamado.

Comisiones sobre la familia de Sánchez

Allí donde tiene poder suficiente para hacerlo, el PP dirige las comisiones de investigación no solo hacia el caso Koldo y la gestión de la pandemia sino a la familia del presidente del Gobierno. En el Senado el letrado mayor llegó a reprochar al partido de Alberto Núñez Feijóo que intentara extender el objeto de la comisión al entorno de Pedro Sánchez y hace unos días una representante de Wakalua (hub de Globalia) tuvo que explicar en la Cámara Baja que no sabía nada sobre el rescate de Air Europa. Se trata de una línea de investigación que el juez del caso Koldo y la Audiencia Provincial de Madrid han rechazado.

En Madrid, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso anunció esta semana una comisión de investigación en torno al máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. La exposición de motivos habla de contrataciones supuestamente irregulares, trato de favor a empresas y apropiación indebida de fondos públicos. Es el mismo PP que en los últimos meses ha rechazado cualquier amago de investigación sobre la relación entre la pareja de la presidenta regional y el grupo Quirón.

Esta no es la única comisión de investigación abierta en torno a la familia del presidente del Gobierno. En mayo la Diputación Provincial de Badajoz, a petición del PP y con el apoyo del PSOE, acordó poner en marcha una comisión no permanente de estudio en torno al trabajo del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, como director de la oficina de Artes Escénicas. Desde el PP vinculan sus nombramientos al ascenso de Pedro Sánchez en el PSOE y en las instituciones mientras que los socialistas denuncian que el PP llevaba años sin interesarse sobre este asunto a pesar de la aprobación de los presupuestos de la Diputación.

Comisiones en Canarias, La Rioja y Almería

La primera comisión de investigación parlamentaria no fue en Madrid ni en Balears. En el verano de 2021 la Diputación Provincial de Almería vio desfilar a varios altos cargos por uno de los primeros casos de fraude en la compraventa de material sanitario: la investigación sobre supuestas mordidas cobradas por Óscar Liria, exvicepresidente del organismo por el PP, en la compra de mascarillas. Las conclusiones fueron aprobadas a finales de agosto de 2021 entre acusaciones del PSOE de haber hecho un “traje a medida” del PP.

Las conclusiones son claras y exculpatorias para el partido. “Esta comisión informativa especial de investigación no observa existencia de responsabilidad en la tramitación de los expedientes ni de los funcionarios ni de los miembros del equipo de gobierno del Partido Popular”, afirma el texto, mientras la Justicia sigue investigando. 

Otro parlamento regional que puso en marcha una comisión de investigación para aclarar la compra de mascarillas fue el de La Rioja. Lo hizo en febrero de 2023 con el foco puesto en la compra de 850.000 mascarillas defectuosas, pero las comparecencias y las conclusiones decayeron cuando terminó la anterior legislatura. El ejecutivo riojano ha optado por encargar una auditoría externa tras detectar posibles irregularidades en la compra de cinco millones y medio de mascarillas y no descarta resucitar la comisión parlamentaria.

Una última comisión de investigación arrancará en las próximas semanas en el Parlamento de Canarias, comunidad autónoma donde los juzgados y la Fiscalía europea indagan hasta en dos casos, además de las ramificaciones de la operación Delorme que afectan a las islas: prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo en una compra de mascarillas, además de otras diligencias por fraude fiscal cometido por empresarios implicados en la compraventa de este material.

Con el plan de trabajo todavía por definir, esta comisión de investigación se pondrá en marcha en los primeros días de julio. Después de varios meses en los que diversos responsables de la compra de material sanitario durante la pandemia van a comparecer en los próximos días. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, será interrogado un día después de las elecciones europeas en torno a las adjudicaciones de su ejecutivo a la empresa Soluciones de Gestión para comprar material sanitario por más de 12 millones de euros.