A PP, Vox y Ciudadanos no les gusta la reacción que ha tenido la Comisión Europea respecto a la ley de amnistía en España. Se lo han reprochado al representante del gobierno comunitario durante un debate en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara a la que han llegado ocho escritos que la derecha coló por el trámite de urgencia. A pesar de las advertencias que han lanzado los solicitantes, entre ellos Rosa Díez y Juan Carlos Girauta, en Bruselas sostienen que están analizando el texto, en contacto con las autoridades españolas y que darán una opinión una vez la ley esté aprobada por las Cortes.
“Jamás pensé que tendría que tomar la palabra ante ustedes para pedir ayuda en defensa de las libertades por el Gobierno de Pedro Sánchez en coalición con comunistas, ideología responsable de crímenes de lesa humanidad; con nacionalistas xenófobos que han dado un golpe de estado, y los herederos de ETA”, ha sido el arranque de la exdirigente de UPyD, que ha vuelto al Parlamento Europeo esta vez junto al exportavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y arropada por los tres partidos de la derecha española. Los exdirigentes españoles han defendido su posición en nombre de varias asociaciones, como Libres e Iguales, entre otras, junto a cuatro ciudadanos de a pie que habían elevado peticiones de un cariz similar, aunque previamente Díez y Girauta habían convocado una rueda de prensa de la que se han tenido que marchar porque comenzaba su turno de intervención.
Díez ha calificado la amnistía como “una transacción fraudulenta y anticonstitucional entre un candidato y un prófugo de la justicia”. “El Gobierno es una anomalía en la Europa democrática. En él se dan cita los amigos de Putin, quienes no condenan la masacre terrorista de Hamás (...) y quienes acosan a los jueces”, ha proseguido la exdiputada socialista: “No hay en Europa un solo presidente que haya sido felicitado por Hamás y los hutíes, salvo Pedro Sánchez. ¿Cabe alerta mayor sobre lo que está ocurriendo en España?”.
A pesar del panorama que ha dibujado, las advertencias de Díez sobre la situación del estado de derecho en España han tenido escaso efecto en el representante de la Comisión Europea, que como sucede en estos casos, ha evitado salirse del guion. Primero ha invitado a los peticionarios a leer el último informe sobre la situación del estado de derecho en España, que básicamente muestra preocupación por el bloqueo del Poder Judicial.
En cuanto a la amnistía, se ha limitado a recordar las palabras del comisario de Justicia, Didier Reynders: “Como guardiana de los tratados, la Comisión tiene derecho y deber de realizar un estudio para ver si se cumple la legislación europea, incluyendo los derechos fundamentales. La Comisión Europea está analizando en proyecto de ley, siguiendo el desarrollo nacional y está en contacto con las autoridades españolas. Va a manifestar su opinión una vez sea aprobada”, ha dicho el representante técnico del gobierno comunitario, Julen Mousnier, que ha garantizado el “compromiso para tomar las medidas necesarias para que se garantice el estado de derecho en todos los estados miembros y va a trabajar para que se siga cumpliendo”.
Nada nuevo bajo el sol, pero su respuesta no ha gustado nada a la derecha, que ha arremetido contra la Comisión Europea. “Es un asunto muy importante. Me he quedado de piedra ante esta respuesta tan escueta de la Comisión”, ha dicho el portavoz del PPE, Peter Jahr, haciéndose eco de las palabras del primer peticionario, que había advertido de una“ ola de autocratización” en España. “Me gustaría implicar más a la Comisión Europea dentro del debate, que nos digan que van a analizar lo que pasa, me parece que se queda muy corto”.
“Invito a la Comisión Europea a que se lea su Carta Europea. La propia Carta Europea prohíbe las amnistías para aquellos delitos que son reconocidos por el común de los estados y no hay duda que el terrorismo y la malversación lo son”, ha señalado el eurodiputado de la extrema derecha Jorge Buxadé: “Estamos ante la mayor vulneración del estado de derecho de la historia de la UE. No podemos si no pensar que hay una complicidad de la Comisión Europea con el Gobierno de España”.
“No sé a quién han enviado hoy aquí. Un guardián no fomenta, exige. La Comisión tiene que garantizar el cumplimiento del estado de derecho, tiene que exigir su cumplimiento”, ha protestado el parlamentario de Ciudadanos Jordi Cañas. Previamente, su compañera de filas Maite Pagazaurtundúa había asegurado que la situación del estado de derecho en España es “tan grave o más” que la de Hungría, que tiene fondos bloqueados por su deriva autoritaria. De hecho, la semana pasada la Eurocámara amenazó a la Comisión Europea con llevarla a los tribunales por desbloquear parte de esos fondos.
La socialista Cristina Maestre ha criticado el debate que ha tachado de “nuevo sainete” en la Comisión de Peticiones. “Respetamos a los peticionarios, incluso a los que vienen a insultarnos”, ha dicho la eurodiputada, que ha recordado que Rosa Díez perdió un “congreso del PSOE con un 6%” y que “desde entonces insulta” a los socialistas. “Dejen trabajar a las instituciones democráticas. Les pedimos que respeten la democracia, que respeten el juego democrático”, ha zanjado Maestre. “Hay que gente que evoluciona en su carrera política muy mal”, ha señalado Ana Miranda (BNG) sobre Díez. La eurodiputada gallega ha cargado contra la “manipulación” y el uso de los procedimientos de la comisión en favor de la derecha.
Con el apoyo de PPE, Renew (liberales) y ECR (extrema derecha), las ocho peticiones sobre el estado de derecho permanecerán abiertas. La presidenta, Dolors Montserrat, ha asegurado que la Comisión de Peticiones solicitará al Gobierno y a la Comisión Europea que les mantengan informados del proceso de la ley de amnistía y ha pedido que las comisiones de Libertades y de Economía emitan sendas opiniones sobre la ley. Igualmente, la derecha ha propuesto enviar una misión a España con ese motivo y que saldrá adelante con toda probabilidad con la mayoría de esos tres grupos. No obstante, ante la celebración de las elecciones europeas es complicado que se produjera este año. Los grupos progresistas plantaron recientemente un viaje de esas características para analizar la inmersión lingüística en Catalunya para denunciar el “partidismo” de la misma.