La imputación del expresidente de Navarra, Miguel Sanz; el exconsejero de Economía, Álvaro Miranda; y el actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya, por el cobro de dietas dobles y triples de “dudoso sustento legal” en un órgano opaco de Caja Navarra complica la situación de la presidenta regional Yolanda Barcina. La líder de Unión del Pueblo Navarro (UPN) era la cuarta integrante de la denominada comisión permanente de la junta de entidades fundadoras de la caja en la que se repartieron más de 100.000 euros en dietas por ocho días de trabajo. Todo apunta a que Barcina ha evitado su imputación por su condición de aforada. “Está claro que si es imputada, todo el caso se iría al Supremo y la jueza está defendiendo que se juzgue aquí”, explica a eldiario.es Patxi Zamora, portavoz de Kontuz, la asociación de consumidores de Navarra que ha llevado el caso a los tribunales.
“Estamos en el camino hacia una acusación formal y es una circunstancia de enorme gravedad que requiere de una respuesta contundente por parte de UPN”, señala Uxue Barkos, diputada de Geroa Bai en el Congreso y concejala en el Ayuntamiento de Pamplona, en conversación con el diario.es. Fuentes de Unión del Pueblo Navarro reconocen que las imputaciones dejan en una “posición complicada” a Barcina, pero descartan su dimisión: “No hay motivos para hacerlo en este momento. Ha devuelto las dietas y ahora toca aguantar el chaparrón y esperar a lo que digan los tribunales”.
La jueza aprecia un posible delito de cohecho
El pasado 20 de marzo la instructura del caso, Mari Paz Benito, cuestionaba en un auto, en el que rechazaba el envío de las diligencias a la Audiencia Nacional, el “sustento legal” de las dietas cobradas por una decena de miembros de las instituciones navarras en dos órganos de la caja sin funciones ejecutivas. Benito se refería a la junta de entidades fundadoras y su comisión permanente, dos entes creados en junio de 2010 para compensar la salida de los representantes del Gobierno Foral y el Ayuntamiento de Pamplona – Sanz era presidente de Caja Navarra y Barcina estaba al frente de su comisión de control- de los órganos ejecutivos de la entidad. Aunque la creación de la junta sí estaba amparada por los nuevos estatutos de la caja, su comisión permanente, de la que formaban parte los tres imputados y Barcina, no figuraba en ellos.
Según la jueza, el cobro de las dietas – 450.000 euros en poco más de un año por parte de una decena de cargos públicos, entre los dos órganos- podría constituir un delito de cohecho porque quienes las percibían eran responsables, desde las instituciones, de la supervisión del buen funcionamiento de la entidad. En su auto, la magistrada constata además que las reuniones se celebraban “sin ningún tipo de participación activa” por parte de los asistentes y que en muchos casos, especialmente en los de la permanente, los encuentros se agrupaban en dos horas consecutivas multiplicando así el cobro de dietas. En una mañana, Sanz llegaba a cobrar 5.360 euros a 2.680 por reunión. Su sucesora al frente de la Comunidad Foral y antigua alcaldesa de Pamplona, 3.434.
“Puede haber algún tipo de responsabilidad administrativa”, conceden desde UPN, “pero el cohecho resulta complicado verlo”. En Kontuz prefieren no entrar a valorar la cuestión: “A nosotros no nos corresponde hablar de delitos o condenas, eso lo dirá la Justicia, pero queremos que se sepa la verdad, caiga quien caiga”.
Barcina, en su peor momento
Las imputaciones llegan en una situación de extrema debilidad para Unión del Pueblo Navarro, dividida y con un gobierno en minoría - 19 de 50 diputados - que acumula derrotas en el Parlamento Foral. Bildu y Aralar presentarán este viernes una moción de censura contra Barcina de la que ya se ha desmarcado el PSN-PSOE, antiguo socio de gobierno de UPN, ahora enfrentado a la presidenta. “La moción de censura representa una vía si la oposición logra articular una mayoría necesaria. Si los socialistas optan por no apoyarla, en nada va a ayudar a la circunstancia política de Navarra”, apunta Uxue Barkos. Su formación, Geroa Bai, reclama a quienes han presentado la moción y a quienes la rechazan desde un principio una mayor voluntad de entendimiento para lograr esa mayoría. La suma de los votos de Aralar-Bildu, Geroa Bai, IU y el PSN acabaría con el gobierno de Barcina para forzar un adelanto electoral. “Las imputaciones les vienen bien”, reconocen desde UPN.
La situación en el Ayuntamiento de Pamplona no es muy distinta. Ediles de Unión del Pueblo Navarro en el consistorio han asegurado a eldiario.es que el respaldo al alcalde, Enrique Maya, tras su imputación es total: “No hay ninguna duda. Estamos convencidos de su inocencia. Ha devuelto el dinero y además ha pedido perdón desde el principio, que es algo poco frecuente en política”. Esas mismas fuentes consideran que no existen motivos para una dimisión de Maya y descartan que la oposición logre sumar fuerzas para derribarlo, a pesar de haber logrado sacar adelante su recusación hace unas semanas. “No hay alternativa. Las novedades no son como para que cambie la situación drásticamente, las cosas no se complican más”, explican.
En cualquier caso, la sensación que transmiten algunos miembros de UPN es de desazón.“Para una comunidad como la nuestra, verse en las portadas de diarios e informativos supone una enorme convulsión que genera un descrédito general hacía la clase política y las instituciones. Esperamos que se cierre pronto el proceso”, apuntan. Desde Kontuz, Patxi Zamora, lo ve de forma muy distinta: “Nuestro trabajo de denuncia e investigación está dando sus frutos gracias al trabajo valiente de la jueza y es como para estar contentos”. El próximo paso en el proceso, la declaración de los hoy imputados los próximos días 12, 15 y 16 de abril.