El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Vicente Guilarte, ha cuestionado la legitimidad del Tribunal Constitucional por tomar decisiones por una “división” de siete magistrados frente a cuatro.
En una entrevista en el periódico El Mundo, Guilarte ha asegurado que “el mensaje que el TC está dando a la ciudadanía, donde permanentemente toda cuestión con una cierta relevancia política se soluciona con una división de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores, es un mensaje demoledor”. Se ha referido -sin decir su nombre- también al presidente del Constitucional, Cándido Conde - Pumpido: “Un jurista de la talla de quien lo preside [el TC] debería asumir que hay que cambiarlo. Deberían buscarse fórmulas para evitarlo, porque el 7-4 hace bastante daño a la credibilidad del órgano y del sistema”.
Por mandato constitucional
El Tribunal Constitucional resuelve por mayoría aquellas resoluciones en las que no se llega a un consenso entre los magistrados. Así se ha hecho también durante los más de nueve años que ha estado dirigido por una mayoría conservadora. Estos magistrados son los nombrados siguiendo el artículo 159 de la Constitución. Actualmente hay una vacante vacía, que corresponde nombrar en el Senado.
De un centenar de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional desde la última renovación, poco más de media docena se han resuelto por una mayoría de siete frente a cuatro respondiendo a una división entre progresistas y conservadores. La mayoría de las sentencias han sido pronunciadas por unanimidad o con votos particulares transversales. Uno de los casos más recientes es la desestimación del recurso del PSOE para revisar 30.000 votos nulos en Madrid. La decisión se tomó por unanimidad.
También fracasó la semana pasada en este tribunal el recurso del Partido Popular contra la ley de eutanasia, por nueve votos frente a dos, incorporándose al voto progresista la mayoría de los votos conservadores.
Una sentencia que también se votó por una mayoría mínima fue la que declaró inconstitucional el confinamiento durante los peores meses de la pandemia de Covid-19, que fue por una votación de seis magistrados frente a cinco en julio de 2021. Tres meses después, en octubre de ese año, el Constitucional también anuló el segundo decreto del estado de alarma por seis votos frente a cuatro.
El presidente del CGPJ ha hablado, además, de la “degradación” de las instituciones judiciales, no solo por la no renovación del órgano que preside, también por las “críticas insistentes a la sentencias judiciales cada vez que alguien no está conforme con una resolución”. “He leído que la Unión Progresista de Fiscales critica abiertamente al Supremo por anular un nombramiento efectuado por el fiscal general. Son las reglas del juego. Quien es destacado actor del sistema no puede criticar las decisiones de la Sala Tercera; tiene que aceptarlas”, ha sentenciado al respecto.