Adrián Vázquez (Ciudadanos) se convirtió en eurodiputado tras el Brexit, el 31 de enero pasado. Y se convirtió en presidente de una de las comisiones más importantes del Parlamento Europeo, la de Asuntos Jurídicos, encargada de los suplicatorios de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Es, también, la comisión que revisa las declaraciones de intereses económicos de los candidatos a comisario europeo, cosa que hará en las próximas semanas cuando Irlanda elija al sustituto del Phil Hogan, dimitido por saltarse las normas sanitarias en Irlanda.
“Está en juego el prestigio de la institución”, dice Vázquez en relación con los suplicatorios, que están atascados por la semipresencialidad del Parlamento a causa de la pandemia: “Quiero ser escrupulosamente garantista, es un tema que afecta a derechos fundamentales, y no permitiré que nadie convierta esto en un circo o en un acto electoral que pretenda desprestigiar Europa”.
Vázquez explica que la comisión que preside, que trata el suplicatorio para decidir si llega a votar se en el pleno: “Hay que recordar que si la justicia sigue sus cauces, este proceso parlamentario también. Y aquí lo único que se va a decidir es si se levanta o no la inmunidad parlamentaria de tres miembros de esta Cámara”.
En todo caso, hay que esperar a que se resuelva la semipresencialidad de la Eurocámara, que mantiene muchos trabajos a medio gas. No obstante, el proceso del suplicatorio comenzó con la designación del ponente, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox), y el expediente cuenta ya con documentos sobre el caso (principalmente resoluciones judiciales sobre la causa que se está tramitando en España). “Su traducción a las 15 lenguas de los diputados de la Comisión JURI ha dado lugar a un volumen de cerca de 4.000 páginas. Y esa es la documentación que el ponente está estudiando y que serán base también para parte de su informe”, explican fuentes parlamentarias, que añaden: “El ponente tiene muy avanzado el trabajo de campo sobre la base de esos documentos y, una vez se celebren las audiencias y resto de trámites del procedimiento, planteará sus conclusiones en el informe que se debatirá y votará en la comisión de Asuntos Jurídicos”.
En todo caso, aún falta toda la documentación que va a aportar la defensa.
Pero queda pendiente la parte presencial, que requiere deliberaciones y sesiones a puerta cerrada. Las fuentes parlamentarias explican que se ha avanzado en la resolución del voto secreto telemático, pero falta por resolver el de las deliberaciones a puerta cerrada, algo en lo que está trabajando el gabinete del presidente de la Eurocámara, David Sassoli, y que afecta tanto a los suplicatorios como a la audiencia inminente para la sustitución del comisario Hogan o de otros comisarios si hay baile de carteras en el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen.
Una vez resuelto el mecanismo para garantizar las deliberaciones secretas a distancia, el proceso puede dilatarse “4-5 meses”, calculan las fuentes parlamentarias.
Alrededor del suplicatorio sobrevuela la sentencia de agosto del juez de primera instancia belga, Jan Coopens, ha rechazado la euroorden de Lluís Puig, exconseller de Cultura de Puigdemont, por considerar que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales al entender que el Supremo no es el órgano competente para cursarla, en tanto que no es un aforado ante este tribunal.
“La justicia sigue sus cauces, este proceso parlamentario también”, dice Vázquez: “El proceso de suplicatorio no se ha parado y todo el trabajo de campo y de análisis de la documentación está avanzado”.