El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Vicente Guilarte, ha firmado este miércoles una “explicación” del voto en blanco que emitió en el pleno en el que la mayoría conservadora consiguió aprobar una declaración contra una ley de amnistía de la que todavía no se conoce su contenido. En ese texto, Guilarte expresa su “profunda preocupación” por la despenalización del procés que negocian desde hace semanas el PSOE y los partidos independentistas, pero considera “prematura” la declaración aprobada por nueve vocales elegidos a propuesta del PP.
Esa votación tuvo lugar en medio de un clima de gran división interna entre unos vocales que arrastran el desgaste de casi un lustro de interinidad por el bloqueo a la renovación impuesto por el PP desde 2018. La declaración fue finalmente aprobada por nueve votos a cinco. Contó con los votos a favor de los ocho vocales del núcleo duro del sector conservador que forzaron la convocatoria de un pleno con este único punto en el orden del día y, finalmente, también se sumó el conservador Wenceslao Olea, que no había firmado la petición. Guilarte votó en blanco y cinco progresistas se posicionaron en contra. El también progresista Álvaro Cuesta no asistió al considerar que al convocatoria era “improcedente e ilegal”.
Dos días después, el presidente firma un escrito en el que explica su posición. En ese texto afirma que “es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional” y, paralelamente, dice que lo es también que desde el CGPJ se evite “la injerencia en la actividad política”. A su juicio, hasta que la hipotética decisión sobre la amnistía no se plasme en un anteproyecto o proposición de ley es “prematuro” un pronunciamiento del CGPJ, dado que “su intervención pudiera entenderse como la de un sujeto activo del debate político”.
En este sentido, sostiene que la “aceptación” del texto propuesto por la mayoría conservadora “implica fatalmente un posicionamiento institucional a favor de una opción política” cuando aún no existe una iniciativa legislativa “en que se plasmen los intuidos peligros que para la independencia judicial puedan acaecer”. Según su criterio, el “respeto a la independencia judicial” hace que “resulte más oportuno” evitar ahora el pronunciamiento del CGPJ. Y anuncia que también se mostraría contrario “quizás más acusadamente” a una hipotética declaración con la que se pretendiera defender preventivamente la normativa anunciada. En todo caso, reitera que la declaración “no ayuda a fomentar un consenso, al menos en materia de justicia, que ayude a la renovación del CGPJ”.
No obstante, Guilarte sí defiende que sería “deseable” que el CGPJ pudiera hacer un informe sobre la futura ley. No obstante, la fórmula que previsiblemente se utilizará para tramitar la hipotética norma es la de la proposición de los grupos parlamentarios, una modalidad que no requiere ese control previo. Esta es una cuestión que genera enorme suspicacia en el bloque conservador. De hecho, es uno de los elementos a los que aludían los proponentes de la declaración para justificar la pertinencia de que el CGPJ “emita su opinión mediante una declaración institucional”, pues esa vía elude su función consultiva.
Por otro lado, defiende que a pesar de tener su mandato caducado desde hace casi cinco años, el pleno del CGPJ “está plenamente legitimado in abstracto para valorar cuantas cuestiones entienda vinculadas con la actividad de los órganos jurisdiccionales”. Y añade: “Discrepo frontalmente de la pretendida deslegitimación que se hace derivar de la situación de prórroga en la que nos tienen inmersos: mucho más si la crítica surge de quien es, a la vez, partícipe mediato de la falta de renovación”.
Guilarte fue elegido el pasado julio presidente “por sustitución” del CGPJ al ser el vocal de más edad. El órgano funciona con una presidencia interina desde la dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2022. Guilarte es muy cercano a la familia de Mariano Rajoy. Además, uno de sus principales clientes en su profesión de abogado —que ha tenido que dejar en suspenso tras ser nombrado presidente del órgano— ha sido el Colegio de Registradores, donde fue alto cargo uno de los hermanos del expresidente del Gobierno.
El texto aprobado afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”. Además, acusa al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya” y afirma que la posición del jefe del Ejecutivo en funciones es “manifiestamente incompatible con la alternancia política” y “rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”.