La presión ciudadana obliga a PP y PSOE a tomar medidas contra los pisos turísticos por todo el país

Miles de personas salieron en abril a las calles de Canarias para protestar contra la saturación del turismo, en uno de los territorios más golpeados por la proliferación de viviendas vacacionales. Lo mismo ocurrió en Mallorca, donde el coste de una vivienda en la costa ha subido un 124% en la última década y obliga a algunos residentes a vivir en caravanas. En Madrid, los vecinos se han organizado en “oficinas” que investigan y denuncian alojamientos turísticos ilegales. Una joven ha montado una plataforma llamada “mataobras” en Valencia para denunciar obras de apartamentos turísticos ilegales.

Toda esa presión vecinal está obligando a las administraciones de todo color a tomar medias contra la proliferación de los pisos turísticos. Si hasta hace unos años cualquier iniciativa contra los efectos del turismo masivo era encuadrada en la “turismofobia” de un sector de la izquierda, ahora administraciones de PSOE, PP y Vox toman las primeras medidas contra la proliferación descontrolada de vivienda vacacionales. Aunque algunas son por ahora tímidas, suponen un cambio de paradigma en la manera de enfrentar un problema.

Las manifestaciones en Canarias iniciaron el ciclo de protestas que ha seguido después en otros muchos puntos del país y evidenciaron que los problemas para conseguir una vivienda han llevado al hartazgo a la población y a reivindicar medidas como una moratoria turística, la limitación de la compra de vivienda por parte de personas no residentes, una ecotasa o la paralización de proyectos que incumplen la normativa ambiental y urbanística.

El Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PP) lleva meses tramitando una ley que pretende frenar el alquiler vacacional, que aún tiene que pasar por el parlamento y ya ha cosechado muchas críticas: permite que una de cada diez casas del Archipiélago pueda dedicarse a esta actividad.

En la provincia de Las Palmas hay al menos nueve municipios que han superado el máximo establecido y otros tres en Santa Cruz de Tenerife. El anteproyecto no explica cómo hacer para decrecer en esos casos. La localidad de El Cotillo, en Fuerteventura, cuenta con más plazas en viviendas vacacionales que población censada, según el informe 2023 de Sostenibilidad del Turismo en Canarias.

Casas un 124% más caras que hace un año

En Balears, el Govern del PP ha puesto en marcha una Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad con entidades de la sociedad civil para proponer una hoja de ruta que permita transformar el modelo turístico pensando en el residente y en la sostenibilidad social y medioambiental, en un contexto marcado por las importantes movilizaciones en Mallorca, Menorca e Eivissa contra los efectos negativos de la saturación turística, especialmente en el acceso a la vivienda. Un estudio reciente señala que comprar ahora una casa en una zona de costa de Balears es un 124% más caro que hace una década. Si en 2014 una vivienda costaba unos 196.933 euros, ahora esa misma casa cuesta 441.438 euros.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), anunció que propondrá prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos, así como limitar el número de cruceros, la entrada de coches de alquiler y los grupos de visitas turísticas. Este planteamiento le costó un enfrentamiento con Vox, con quien mantiene un pacto en la capital.

Pese a lo anunciado, miles de ciudadanos de Mallorca tomaron las calles el pasado 21 de julio en la que hasta ahora ha sido una de las movilizaciones más numerosas para alzar la voz contra las consecuencias que acarrea la masificación turística en su vida diaria. Los residentes acusan una saturación que cada año roza límites extremos, con graves efectos sobre todo en materia de vivienda.

Las principales avenidas de Palma se llenaron de pancartas que rezaban, entre otros eslóganes, “Como la isla, nuestra paciencia también es finita”, “Basta de saturación, Mallorca para quien la habita”, “Mallorca no está en venta. Paremos el monocultivo turístico” o “Your luxury, our misery” (Tu lujo, nuestra miseria).

La Comunidad Valenciana tiene desde 2018 una normativa autonómica que endurece los requisitos para dar de alta las viviendas turísticas, que ha derivado en que, como en otras ciudades, los apartamentos turísticos proliferen ahora en bajos comerciales.

València es una de las ciudades más afectadas. La oferta de pisos turísticos se ha disparado en los últimos años, lo que ha obligado al Ayuntamiento de PP y Vox a aprobar una reciente moratoria de nuevas licencias. Durante un año prorrogable a otro adicional no se concederán nuevos permisos y en ese plazo se redactará una ordenanza para regular el sector y se avanzará con las inspecciones y cierres de los irregulares. Hay una excepción: sí que se pueden construir edificios enteros dedicados a apartamentos turísticos.

Más Airbnb que pisos en alquiler

En Madrid, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida no ha empezado a tomar tímidas medidas hasta los últimos dos meses, con un refuerzo de las inspecciones y las multas, una suspensión de las licencias o la publicación de un mapa con los pisos turísticos legales que facilita la identificación de los que no lo son. El pasado martes anunció multas por 5,28 millones de euros a los pisos ilegales y dijo que prohibirá abrirlos en bajos comerciales.

El Ejecutivo municipal cifraba en abril el número de viviendas turísticas de la ciudad en 14.133, frente a unas 8.034 viviendas en alquiler ofertadas durante esas mismas fechas en varios portales inmobiliarios. Entre los 13.502 alojamientos turísticos solo contaban con licencia del Ayuntamiento 941 (el 7%) y 151 estaban en tramitación, según datos facilitados por el área de Urbanismo. Por tanto, el propio Gobierno de Almeida sitúa en 12.410 los pisos turísticos ilegales en Madrid, el 92% del total. El número es aún mayor de acuerdo a los datos recopilados por la plataforma de análisis Inside Airbnb, que eleva a 25.543 las viviendas turísticas de la capital.

En Andalucía, las movilizaciones masivas en Cádiz (entre dos y tres mil personas) y Málaga (5.500 según la Policía, 25.000 según el Sindicato de Inquilinas) han encendido las alarmas. De un día para otro, todas las administraciones tienen algo que decir y prometen medidas.

La reacción del Gobierno de Juan Manuel Moreno ha sido negar que el turismo tenga que ver con la falta de vivienda asequible y apuntar a la falta de stock de vivienda en compra y alquiler como principales causas. Pero a nivel local las capitales más afectadas por la escasez de vivienda, todas gobernadas por el PP, han reaccionado.

En Sevilla, el Ayuntamiento ha pedido se eliminen del Registro autonómico 715 viviendas que incumplían la normativa municipal y la pasada semana anunció que cortará el agua en las viviendas turísticas que funcionen sin licencia, en una iniciativa inédita.

El Ayuntamiento de Cádiz ha suspendido la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos en el casco antiguo. En Málaga, donde se concentran las zonas más saturadas de viviendas turísticas del país, el consistorio ha encargado un estudio sobre su impacto en el precio de la vivienda y 15 días antes de la protesta prohibió el registro de nuevas viviendas turísticas si no tienen acceso independiente.

Barcelona como punta de lanza

Barcelona es una de las ciudades pioneras, tanto en las protestas por los pisos turísticos como en las medidas contra ellos. En 2015 se congeló la concesión de nuevas licencias y desde entonces, el Ayuntamiento de Barcelona ha mantenido una fuerte presión sobre los pisos turísticos ilegales, con el cierre de cientos de ellos, y el último capítulo de su pugna contra este tipo de alojamientos turísticos ha sido el anuncio del actual alcalde, Jaume Collboni, de no renovar ninguna licencia –y por lo tanto, eliminar la figura del piso turístico en Barcelona– cuando caduquen en 2028, una medida pionera en toda España.

Si Collboni puede hacerlo es porque la Generalitat aprobó en 2023 un nuevo decreto para regular este sector, al que consideran responsable de haber reducido la oferta de alquiler en muchos municipios. Ahora mismo, lo que establece la nueva legislación catalana es, por un lado, que las licencias de pisos turísticos no sean a perpetuidad, sino que venzan cada cinco años y se tengan que renovar. Y, por otro lado, establece en cada municipio un límite de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes, lo que obligaría de facto a no renovar hasta 28.000 de las 100.000 licencias que hay en Catalunya.

Sin embargo, el alcance de este decreto también está en duda. No es ningún secreto que el PSC y Junts se oponen a algunos de sus detalles, y que pactaron con el Govern modificaciones que no se llegaron a materializar –y que, por lo tanto, no están vigentes– debido al fin de la legislatura. En este sentido, lo que planteaban, y que quizás se llevará a cabo con el nuevo Ejecutivo, es que ese umbral no sea obligatorio, sino que dependa de los consistorios.

Una fuente de conflictos, también políticos

El debate sobre las viviendas de uso turístico se ha convertido en el epicentro de la discusión política en la capital de Galicia. Mientras miles de peregrinos llegan a diario a Santiago, el Partido Socialista se ha precipitado en una pelea interna por la manera de abordar la cuestión. Los cinco concejales socialistas en el Ayuntamiento decidieron a finales de junio desoír las órdenes de voto de la dirección local durante un debate sobre la ordenanza que tumbaba de un plumazo las aspiraciones de legalización de 600 viviendas.

El Gobierno de Santiago, en manos del Bloque Nacionalista Galego con el apoyo de Compostela Aberta, está decidido a frenar en seco la proliferación de este tipo de alojamientos, pese a que la Xunta de Galicia entorpece la acción del consistorio para ilegalizar esos 600 pisos turísticos. Todo ello en una ciudad en la que cada verano miles de estudiantes universitarios enfrentan la titánica tarea de encontrar un piso de alquiler que ponga techo a sus jornadas de estudio y formación. Es una lucha que se repite cada año; en esta ocasión había solo 300 pisos disponibles para 16.000 universitarios.

Y a lo anterior se suma otro debate sobre la misma materia que plantea la necesidad de una implantar una tasa turística que devuelva una compensación económica a los ayuntamientos que tienen que asumir sobrecostes en limpieza de calles, gestión de basuras o seguridad. Esta última discusión es la que la Xunta de Galicia quiere cerrar con mayor premura. El encargado de intentar esa clausura del debate ha sido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El pasado lunes, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno, ha dicho: no existe masificación turística.

El Gobierno de Cantabria (PP) anunció en octubre la elaboración de un nuevo decreto para regular las viviendas de uso turístico con el objetivo de que estuviera listo para este verano, pero no va a llegar a tiempo. El Ejecutivo lleva semanas anunciando que el borrador se conocerá en breve y que la regulación recaerá sobre los ayuntamientos.

Cantabria se ha convertido en el territorio peninsular con mayor crecimiento de viviendas vacacionales en los últimos años. La mayor parte de la oferta de alquiler, especialmente en las zonas más turísticas, está dedicada a arrendamientos de temporada, lo que complica mucho el acceso a alquileres residenciales. El Gobierno autonómico reconoce no poder cuantificar el turismo que alberga la región precisamente por los pisos ilegales. Y la comunidad acogerá a finales de julio una movilización contra “el modelo turístico impuesto”, en referencia especialmente a este problemática con la vivienda.

En la Región de Murcia la Consejería de Turismo se ha lavado las manos a la hora de regular las viviendas turísticas. Deja esta labor a las corporaciones locales, que deberán decidir si quieren limitar el alquiler vacacional con ordenanzas municipales.

Mientras en otras zonas del país los pisos turísticos se han enraizado como uno de los problemas más graves a la hora de acceder a una vivienda, la situación en la Región de Murcia aún es germinal: el número de pisos turísticos de la Región alcanza los 7.531, que aportan 36.144 plazas, cuando todos los hoteles de entre una y cinco estrellas suman unas 23.000 camas.

El Gobierno regional está probando las mieles del éxito turístico, con un “año histórico” tras otro en cifras de ocupación, lo que podría explicar la reticencia a la hora de tomar medidas. Las iniciativas para ponerles coto a los pisos turísticos son microlocales, con comunidades de vecinos que toman la iniciativa de prohibir el alquiler de viviendas vacías para el turismo.

Quienes menos pisos tienen también se mueven

Castilla y León empezó a regular las viviendas de uso turístico en 2017, con una norma que prevé la autorización de estos alojamientos previo informe técnico, pero no establece zonas de alta ocupación. Según los datos publicados en el portal de Transparencia, el número de VUT se ha duplicado en los últimos cinco años en Castilla y León.

Aunque las movilizaciones son residuales, en Salamanca y Ávila, los socialistas han anunciado que en los próximos plenos van a proponer medidas para controlar los pisos turísticos en la ciudad. En Salamanca, el Ayuntamiento ha anunciado este martes que restringirá el número de licencias para pisos de uso turístico

En Navarra insisten desde el Gobierno que la situación no tiene nada que ver con la de otras comunidades autónomas. Es la cuarta con menos viviendas turísticas, solo por detrás de La Rioja, Ceuta y Melilla, y en la actualidad tiene registradas 1.338 viviendas turísticas, que representan un 8,3% de la oferta total de alojamientos de este tipo. En el caso de Pamplona la normativa urbanística fija que solo se pueden dar licencias de pisos turísticos en las plantas bajas y primeras de los edificios y tan solo puede haber un alojamiento turístico por inmueble.

En La Rioja, donde menos pisos turísticos hay aunque crecen por semanas, el Ayuntamiento de Logroño ha dicho que abordará el problema a final de año y tras un estudio de la Universidad de La Rioja.

Los territorios donde no se hace nada

En Castilla-La Mancha no se han convocado movilizaciones como en otras comunidades autónomas y algunos gobiernos locales, como el de Toledo, la ciudad más visitada de la región, no ven razones para preocuparse por la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT).

En el último pleno municipal celebrado en junio, el concejal de Planeamiento Urbanístico de la ciudad, Florentino Delgado (Vox), afirmó que “no hay que alarmarse”, ya que el porcentaje “real” de los alojamientos está por debajo del 10% del total de las viviendas. Un vistazo rápido en alguno de los portales de internet que ofrecen este tipo de servicio muestra a una oferta en torno a las 1.000 viviendas turísticas. El último informe de Exceltur apunta a un crecimiento que ronda el 30% en el último año.

A principios de 2023, bajo un gobierno socialista, una iniciativa pionera en nuestro país suspendió las nuevas licencias para pisos turísticos en la zona histórica de la capital autonómica. Entre este mes y mayo de 2024 se han tramitado cuatro expedientes en esta zona, y otros 13 en el resto de la ciudad.

La postura del Ayuntamiento de Toledo es la misma que la de Octavio López, consejero de Fomento, Movilidad, Vivienda y Logística del Gobierno de Aragón, que ha señalado que su territorio no tiene un problema de vivienda turística: “Entiendo que haya comunidades autónomas que sí tengan una mayor afección, pero en Aragón este tipo de viviendas supone solo un 0,5% sobre el total del parque de vivienda”.

Pero para aquellas zonas de la comunidad autónoma que puedan tener cierta presión, como puedan ser las comarcas del Pirineo, algunos municipios de Zaragoza y de Teruel prometió “actuar con la construcción de varios cientos de viviendas públicas dirigidas al alquiler asequible”.

La proliferación de los pisos turísticos no es un problema generalizado en Extremadura, que, según el Instituto Nacional de Estadística, alberga el 0,5% del total de España (1.759 viviendas). Sin embargo, su presencia ha aumentado de forma exponencial en las ciudades más visitadas de la comunidad: Mérida y, particularmente, el casco histórico de Cáceres, donde los vecinos se quejan desde hace años de la explotación turística del entorno.

Pero la solución a este problema de los residentes del centro de Cáceres no va a venir de manos del Ayuntamiento, en manos del PP. El Gobierno local prepara una ordenanza para regular los apartamentos turísticos y “dotar de mayor seguridad jurídica” a esta actividad, pero en ningún caso se va a poner freno o limitar las licencias municipales. PP y Vox tampoco van a tomar medidas desde la Junta de Extremadura.

Con información de Pau Rodríguez (Catalunya), Angy Galvín (Illes Balears), Gonzalo Cortizo (Galicia), Elisa Almagro (Región de Murcia), Carlos Navarro (C.Valenciana), Francisca Bravo (Catilla-La Mancha), Rubén Alonso (Cantabria), Rodrigo Saiz (Navarra), Alba Camazón (Castilla y León), Guillermo Hormigo (Madrid), Candela Canales (Aragón), Néstor Cenizo (Andalucía), Jennifer Jiménez (Canarias) y Santiago Manchado (Extremadura).