La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está a punto de desembocar en un nuevo choque entre Podemos y el resto de su propio espacio confederal. El partido de Ione Belarra tiene decidido no participar de ningún acuerdo que no incluya a la jueza Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, una postura que están dispuestos a mantener “hasta las últimas consecuencias”, según advirtió este lunes el portavoz y diputado del partido, Javier Sánchez Serna.
Esas consecuencias pasan incluso por desmarcarse del sentido del voto del resto del grupo parlamentario de Unidas Podemos –compuesto principalmente por Podemos, pero también por IU o En Comú Podem– y de las directrices de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que desde hace semanas negocia personalmente con Moncloa los nombres de los dos magistrados que le corresponden al espacio confederal. Según fuentes conocedoras de esa negociación, tanto la vicepresidenta como el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Enrique Santiago –diputado de Izquierda Unida y negociador en materia de justicia designado en su día por Pablo Iglesias– pusieron sobre la mesa el nombre de Rosell, aunque este fue descartado hace ya algunos días por el compromiso de “despolitización” que han adoptado los partidos para no presentar candidaturas vinculadas directamente a unas siglas.
La composición del órgano de gobierno de los jueces que se debe renovar, tras casi cuatro años de mandato caducado por el bloqueo del PP, pasa por designar a 20 vocales, 12 entre magistrados y jueces y ocho que se reservan a juristas de reconocido prestigio. Según fuentes conocedoras de la negociación, socialistas y populares han pactado que ninguno de ellos haya ocupado puestos de relevancia en Gobiernos. Una condición nueva impuesta por los populares que han nombrado de manera recurrente para el consejo –tanto en la parte de los juristas como en la de los magistrados– a vocales estrechamente vinculados con el Partido Popular. Sin ir más lejos, su último presidente, Carlos Lesmes, dimitido hace unas semanas, fue alto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy.
En Podemos lamentan que Yolanda Díaz y Enrique Santiago hayan aceptado esa fórmula que ven como un argumento ad hoc para a excluir a Rosell, la jueza que fue víctima de la conspiración de su compañero de carrera Santiago Alba, ahora en prisión por la sentencia firme del Tribunal Supremo que confirmó la condena por su confabulación para intentar acabar con la carrera política y profesional de ella. Piensan en Podemos que ese compromiso de “despolitización” al que ahora aluden los negociadores del acuerdo carece de credibilidad por los perfiles conservadores promocionados por el PP, y creen además que se trataría de una cláusula pensada para vetar a Rosell igual que en su día lo hicieron con el juez José Ricardo de Prada, también propuesto en tiempos de Pablo Iglesias. El resultado, concluyen los de Belarra, es que los dos nombres planteados por Podemos acabarían siendo excluidos, algo que consideran inasumible.
Desde el equipo de la vicepresidenta prefieren mantener la prudencia sobre sus candidatos al Poder Judicial, aunque difieren de la postura de Podemos de no participar del acuerdo en caso de que no incluya a Victoria Rosell. De hecho, según todas las partes implicadas en las conversaciones, el de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género es un nombre descartado desde hace algún tiempo (a pesar de que Unidas Podemos lo mantuvo sobre la mesa) y se negocian otros vocales de marcado carácter progresista. Fuentes del grupo confederal al tanto de la negociación anteponen la necesidad de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces a la incorporación de nombres concretos como el de Rosell. De otro modo, defienden, el consejo seguiría bloqueado.
Desde Podemos insisten en que no van a participar “de ningún pasteleo bipartidista entre el PSOE y el PP” que implique que, en la práctica, sean los dos grandes partidos los que decidan “quiénes entran y quiénes no”. Y aunque explícitamente no descalifican la negociación liderada por Yolanda Díaz, se desmarcan de la misma apuntando que, si Díaz y Garzón quieren apoyar el pacto, “están en su derecho”. Desde la dirección del partido restan importancia al escenario de división al que puede ser sometido el grupo parlamentario. “Con la OTAN y con la Ley trans ya votaron diferente IU y los Comunes en el Grupo Parlamentario, no sería la primera vez”.
Los riesgos para el grupo parlamentario
La sensación generalizada entre los diputados de Unidas Podemos, sin embargo, es que ese escenario podría elevar la tensión en el grupo hasta niveles nunca vividos hasta ahora. Porque en la práctica todo el mundo interpreta que supondría “abrir en canal” al espacio entre quienes asumen el liderazgo de Yolanda Díaz y quienes no. “Sería malo para todos”, opina una diputada del espacio confederal. Los de Belarra insisten, en cambio, en normalizar que sus diputados en el Congreso se diferencien del resto de Unidas Podemos y recuerdan que, en cualquier caso, sus votos no son imprescindibles para que salga adelante la reforma.
El lunes por la tarde la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, volvió a reunir a los máximos dirigentes del espacio confederal para trasladarles las últimas novedades de un pacto de renovación que todo el mundo da “por muy avanzado” y que incluso hay quien espera que pueda ser oficializado en cuestión de horas. La intención era, además, consensuar una postura común entre todos los partidos del espacio.
Pero en Podemos ponen el foco en que “el veto” a Victoria Rosell es inasumible “porque es una venganza del PP”. “Por su papel dignificando la Justicia frente al juez corrupto del PP Salvador Alba, y su trayectoria completa, Vicky Rosell es la mejor representación de lo que debería ser la Justicia en nuestro país”, defienden los de Belarra.
Tanto en Moncloa como en la dirección socialista evitan hacer ningún comentario que pueda torpedear la negociación con el PP. “Estamos en la parte final de la negociación y, por tanto, la más compleja”, contestó la ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, a la pregunta de si es imprescindible que Podemos forme parte del acuerdo. En el ala socialista tampoco quieren pronunciarse sobre la posible batalla soterrada de su socio minoritario personificada en la figura de Rosell. En Moncloa tampoco quieren señalar si se lo han llegado a plantear al PP. “A mí no me consta que ese nombre esté sobre la mesa”, dice un dirigente socialista, informa Irene Castro.