La prisión permanente revisable ha recibido el aval judicial definitivo del Tribunal Constitucional y de momento se queda. La mayoría de los magistrados entienden que no se trata de una medida desproporcionada y que no impide la reinserción social de los condenados. Una medida que aprobó el Partido Popular en 2015 aplicando el rodillo parlamentario pero que llevaba ya varios años en el debate público al calor de tragedias de gran recorrido mediático. El PSOE recurrió la norma y se comprometió a derogar la medida pero prefirió esperar a una sentencia que, finalmente, ha avalado su constitucionalidad.
La primera gran aparición pública de la prisión permanente fue en 2010. Mariano Rajoy, entonces al frente de la oposición, se reunión con Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana Marta del Castillo asesinada un año antes. Fue el padre de la víctima quien aseguró que el futuro presidente del Gobierno se había comprometido a reformar el Código Penal para introducir un sucedáneo de la cadena perpetua con la opción de revisar, cada cierto tiempo, si el condenado merecía seguir entre rejas. “Sólo hay que matizar las palabras”, dijo el padre de la víctima, para alejarlo del concepto de cadena perpetua.
El cambio de palabras se hizo efectivo en el programa electoral del Partido Popular para las elecciones de 2011 que llevaron a Rajoy a la Moncloa. Prometía la formación conservadora entonces que reformaría el Código penal “introduciendo la pena de prisión permanente revisable, la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales, el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la multirreincidencia”. Para entonces Javier Arenas, presidente del partido en Andalucía, ya había pedido abrir este debate después de los asesinatos de la niña Mariluz Cortés en Huelva en 2008 y el de la joven Marta del Castillo en Sevilla en 2009.
La medida llegó al Código Penal en marzo de 2015. Un Partido Popular con mayoría absoluta sacó adelante la votación del Congreso con 181 votos a favor: sus diputados y el único parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, votaron a favor. El resto de la cámara votó en contra: PSOE, Izquierda Plural, Convergència i Unió, el PNV, la UPyD de Rosa Díez y el grupo mixto se posicionaron en contra de la medida. Enrique Álvarez (Foro Asturias) y Rafael Larreina (Amaiur) se abstuvieron.
El PSOE anunció un día después que llevaría la nueva norma ante el Tribunal Constitucional. Fue Antonio Hernando, entonces portavoz en el Congreso, el que hizo el anuncio mientras aseguraba que “vulnera la dignidad de las personas e incumple el fin de la reinserción”. Los tribunales aplicaban por primera vez la prisión permanente revisable en julio de 2017 al condenar a David Oubel: el 'monstruo' de Moraña que asesinó a sus dos hijas pequeñas con una radial unos pocos meses después de que la norma entrase en vigor. El parricida aceptó su condena y el caso no llegó al Tribunal Supremo.
Para entonces la oposición a esta prisión permanente revisable no estaba sólo dentro del Parlamento. Dos años antes de su aprobación el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe muy crítico elaborado por la entonces vocal Margarita Robles que aseguraba: “Nos encontramos ante una auténtica pena de prisión a perpetuidad”. La mayoría de los vocales, sin embargo, no detectaron que la medida impidiese la reinserción de los condenados. El Consejo Fiscal fue más duro en su informe al apuntar a una “exasperación punitiva que puede afectar al principio de proporcionalidad”. El Consejo de Estado se pronunció a favor.
Ampliación y promesa de derogación
Los tribunales empezaron a aplicar la prisión permanente revisable con algunas dudas iniciales por parte del Tribunal Supremo mientras la proyección pública de la medida seguía creciendo a golpe de crimen. En febrero de 2016 Pedro Sánchez y Albert Rivera firmaban un programa de gobierno “reformista y de progreso” que incluía, en su artículo 9, la “derogación inmediata” de la prisión permanente revisable. Dos años después el debate volvía al Congreso y a la calle: el Gobierno de Rajoy sacaba pecho de la medida y proponía ampliarla a más delitos mientras la oposición ponía en marcha una iniciativa para su derogación. El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, apeló a una “demanda social”.
Era febrero de 2018. El Partido Popular había celebrado una convención en Córdoba para ensalzar esta figura legal y apoyar la recogida de firma impulsada por las familias de víctimas de asesinatos. “El dolor permanente no es revisable”, dijo Rajoy mientras casi dos millones de personas apoyaban en internet la petición de Rocío Viéitez, madre de las dos niñas asesinadas en Moraña, de que no se derogase la medida. Las familias de víctimas como Diana Quer, Sandra Palo, Marta del Castillo y Mari Luz Cortés solicitaban en el Congreso que no se derogase la prisión permanente revisable mientras aseguraban que “jamás” serían utilizadas por los partidos políticos.
Todo el terremoto legislativo y parlamentario coincidió con una sucesión de noticias y novedades sobre algunos de los crímenes que más atención mediática y política acaparaban en esas fechas. Los padres de Diana Quer pudieron por fin enterrar a su hija después de que su asesino confesara el crimen y dónde había escondido el cuerpo. La Guardia Civil encontró el cuerpo del pequeño Gabriel Cruz desaparecido desde hacía días en Almería y detuvo a la asesina, la pareja de su padre. Para entonces Ciudadanos había pasado de comprometerse a su derogación a pedir su endurecimiento y la oposición acusó al partido de Albert Rivera y al PP de instrumentalizar estos casos para intentar dar una nueva vuelta de tuerca a la prisión permanente revisable. Familiares de víctimas de asesinatos observaron las votaciones sobre este asunto desde el estrado del Congreso.
Fue poco después cuando el escenario político cambió. La moción de censura sacó a Rajoy de la Moncloa y Pedro Sánchez se convirtió en presidente. Tanto la posible ampliación como la derogación de la prisión permanente quedaron en el tintero. En octubre de 2018, tal y como explicó elDiario.es, el Gobierno socialista renunció a derogar esta figura legal hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso. Así se lo trasladó la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la madre de la joven Diana Quer y así ha quedado el asunto desde entonces. La derogación se quedó fuera también del pacto de Gobierno firmado en 2019 entre PSOE y Unidas Podemos para establecer la coalición.
La prisión permanente revisable nació, avanzó y se afianzó, por tanto, a golpe de terribles crímenes, violaciones y asesinatos de jóvenes y niños que conmocionaron a la opinión pública y que fueron llevados a las instituciones por Partido Popular y posteriormente también Ciudadanos. Mientras tanto, en el mundo judicial, su aplicación avanzaba sin grandes complicaciones. El Tribunal Supremo confirmaba condenas de prisión permanente revisable para criminales como el asesino del cuádruple crimen de Pioz, para la asesina del niño Gabriel y para el asesino de la joven Diana Quer, entre otros muchos casos. El último fue sentenciado en firme hace unos días: una pareja de la localidad tinerfeña de La Matanza de Acentejo que en 2018 asesinó al bebé de ella.
El Tribunal Supremo tuvo dudas en un primer momento sobre la aplicación y necesitó estudiar varios casos para decidir si era legal o no imponer prisión permanente revisable a asesinos cuyas víctimas fueran especialmente vulnerables. En un primer momento los jueces anularon la condena de este estilo impuesta a un hombre que asesinó a un anciano en Icod de los Vinos (Tenerife) al entender que estaba siendo castigado dos veces por la vulnerabilidad de su víctima. Posteriormente el Supremo consolidó un criterio distinto iniciado con el caso de una bebé asesinada en Vitoria y le encontró pleno encaje legal al condenar a tres prisiones permanentes revisables al asesino de Pioz.
El Tribunal Constitucional
La prisión permanente revisable terminó desapareciendo del debate público y político, aplicada pacíficamente por los tribunales y dejada de lado como arma arrojadiza de los partidos. Hasta que hace unos días el Tribunal Constitucional dijo la última palabra judicial y rechazó el recurso del PSOE. Un pleno dividido con siete magistrados a favor y tres en contra avaló la constitucionalidad de la medida al entender que ni impide la reinserción de los presos ni supone una condena desproporcionada. Los tres magistrados discrepantes entienden, por contra, que supone un retroceso centenario en la política criminal de nuestro país.
A nivel judicial el debate está cerrado: la prisión permanente revisable es legal y cumple con la Constitución. En el plano político está por ver si el PSOE deja ir su intención inicial de derogar una medida, que ha ido ganando en respaldo social a medida que los crímenes ocupaban más espacio en las parrillas televisivas (alguna encuesta cifró su respaldo en el 82%) o si opta por algún tipo de reforma intermedia. En los últimos dos años socios del Gobierno de coalición, encabezados por el PNV, han insistido en la necesidad de derogar esta medida. Lo han hecho, incluso, después de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional en declaraciones a la agencia EuropaPress. Juan Carlos Quer, padre de la joven Diana Quer asesinada en Galicia en el verano de 2016, ha pedido públicamente que no sea derogada después de recibir el aval del tribunal de garantías.