Ahora es Laura Luelmo, la mujer de 26 años asesinada por un hombre en Huelva cuando salió a hacer senderismo. Pero antes que ella habían sido la niña Mari Luz Cortés, el pequeño Gabriel Cruz o la joven Diana Quer. El debate sobre la prisión permanente revisable –una especie de cadena perpetua para crímenes muy concretos, en vigor desde 2015, en la que a los 25 años de cárcel un tribunal evalúa si el preso está reinsertado para decidir sobre su libertad– vuelve acaparar el foco público cada vez que un suceso de este calado estremece a toda la sociedad. El Partido Popular ha vuelto a ponerse a la cabeza de otro crimen que acapara horas y horas en las parrillas de las televisiones en abierto.
Hace ahora un año, Ciudadanos decidió dar un volantazo a sus posiciones sobre la cadena perpetua en plena conmoción por el asesinato del niño Gabriel Cruz, a pesar de que en su día había llegado a llamar “demagogia punitiva” a este endurecimiento de las penas e incluso pidió su derogación “urgente” en el acuerdo de investidura que firmó con Pedro Sánchez en 2015 y que contemplaba la derogación de esta pena. La formación de Albert Rivera pasó a pedir para los condenados a esta pena el endurecimiento de los permisos para salir de prisión hasta haber cumplido quince años de condena efectiva y el veto del tercer grado hasta el cumplimiento de un mínimo de veinte años. La actual redacción de la norma fija estos límites en entre ocho y doce años y 18 años, respectivamente.
Desde el giro de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera compite con el PP a ver quién escenifica mayor dureza tras estos crímenes. Antes de las andaluzas, Casado fichó al padre de la niña Mari Luz, después de que Ciudadanos hubiese exhibido el apoyo del padre de Marta del Castillo. Las familias de las víctimas de crímenes que conmocionaron a la sociedad española y que alcanzaron gran protagonismo en algunos medios de comunicación, utilizadas como reclamo electoral.
También los socialistas, para quienes este es un tema sensible -las encuestas revelan que un alto porcentaje de la población está a favor de la medida- han matizado su posición. En su programa electoral, el PSOE se comprometía a acabar “de forma inmediata” con esta figura. Sin embargo, mantiene desde principios de este año, antes incluso de llegar a la Moncloa, que lo mejor es esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad antes de tomar una decisión. Por otra parte, el Ejecutivo anunció este miércoles que revisará el Código Penal para aumentar la vigilancia de los expresos de delitos más graves y de difícil reeducación o reinserción.
El partido que trata de capitalizar estos debates en caliente es el PP, que fue su promotor en 2015 contra el criterio de toda la oposición y la mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales. Este miércoles, Pablo Casado volvió a aprovechar una intervención sobre Catalunya en el Congreso para lamentar el asesinato de Luelmo y pedir que no se derogue esta figura. El presidente de los populares dio a entender que la forma de evitar los crímenes como los de la joven zamorana es mantener la prisión permanente revisable, pese a que con la medida en vigor se han producido este y otros asesinatos.
Casado tuvo después después un encontronazo con la portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra, que calificó desde la tribuna de “infame” la utilización del asesinato de la mujer por parte de Casado. “Déjenos en paz, no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Necesitamos políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten”, le dijo la diputada desde la tribuna.
En marzo de este año el PP y Ciudadanos intentaron sin éxito en el Congreso el endurecimiento de esta medida y tumbar una iniciativa del PNV que pretende su derogación y que continúa desde entonces en fase de enmiendas.
De forma reciente también Vox ha irrumpido en este debate. La formación de extrema derecha, que pide la derogación de la ley contra la violencia de género, reclama sin embargo la cadena perpetua para los asesinos y violadores. “No son reinsertables –ni lo merecen– a pesar de lo que diga el buenismo progre”, dice el líder de la formación, Santiago Abascal, en un vídeo difundido a través de Twitter.
“Populismo punitivo”
La abogada Patricia Goicoechea, directora adjunta de la ONG Rights International Spain (RIS), considera estas posiciones políticas una demostración del “populismo punitivo” con el que algunos sectores reaccionan de “manera irresponsable” y “en caliente” a acontecimientos que conmueven a toda la sociedad. Esta experta recuerda que España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la UE. La cifra de asesinatos, a pesar del drama de la violencia machista, también está en retroceso. Según los datos oficiales del Gobierno, en 2017 fueron asesinadas 308 personas en España, una cifra muy alejada de las 518 muertes violentas de 2005.
El pasado marzo más de un centenar de catedráticos de Derecho Penal suscribieron un manifiesto en el que pedían la derogación de la prisión permanente revisable. Su promotor, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Juan Antonio Lascuraín, asegura que esta medida no disuade de la comisión de los delitos más graves en mayor medida que las ya severas penas preexistentes y sí comporta un significativo deterioro de nuestros valores básicos. “No se ha demostrado su carácter disuasorio o que tenga un efecto real sobre las tasas de criminalidad”, asegura.
Los expertos mantienen que lo que realmente sirve para abordar la reiteración delictiva, como es el caso del asesino confeso de Laura Luelmo, que ya había cumplido condena por un robo por violencia y otro asesinato, es la apuesta por la prevención y la reinserción social de las personas presas. “Lo que nos dicen los psicólogos es que la resocialización de una persona que lleva más de 15 años internada es muy complicada”, explica Lascuraín. Goicoechea, por su parte, insiste en la importancia de mejorar las condiciones en la que desde las cárceles se prepara a los reclusos para su nueva vida en sociedad, así como de apostar por políticas educativas transversales que eviten los delitos antes de que se cometan.
Los defensores de la prisión permanente revisable suelen justificar la medida en su supuesto gran respaldo social. Por ejemplo, Casado suele aludir a un sondeo realizado por GAD3 para Abc que desveló que el 80% de la sociedad española la apoya. Esa encuesta se realizó en enero de este año, días después de que se encontrara en una nave abandonada de Rianxo (A Coruña) el cuerpo de la joven Diana Quer, que había desaparecido en agosto de 2016.
Lascuraín cree que esa cifra está influenciada por la coyuntura de esa noticia, que tuvo un gran impacto en la sociedad. “Cuando ocurre un hecho que nos conmueve solemos evaluarlo desde el sentimiento y no desde la razón. Tendemos a identificarnos con la víctima y, en consecuencia, a apostar por medidas menos garantistas”, mantiene. Goicoechea, por su parte, considera que este dato tiene que ver con el deseo “lógico pero inalcanzable” de que exista un “riesgo cero”. Pero recuerda que sociedades donde están en vigor medidas todavía más extremas, como la pena de muerte, no tienen menores tasas de criminalidad.