El nuevo Código Penal de Honduras, que entrará en vigor en junio, favorecerá a muchas personas, incluidos corruptos presos, con la reducción de penas, por lo que varios sectores consideran que la nueva prórroga aprobada por el Parlamento del país es una “oportunidad” para reformar la normativa.
El Parlamento de Honduras aprobó la víspera una ampliación de 45 días de la vacatio legis (en suspenso por vacación de la ley) del Código Penal, que entraría hoy en vigor, por lo que la normativa será ley hasta el 30 de junio próximo.
Para la directora de la ONG Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez, la extensión supone una “oportunidad” para que el Código Penal sea reformado a través de proceso “amplio de consulta” entre los diferentes sectores.
“Sería una oportunidad de aprovechar, si realmente se diera la apertura de una forma abierta y transparente”, aseguró Sánchez a Efe.
En la revisión del nuevo Código Penal, que sustituirá al de 1984 y fue publicado en el diario oficial La Gaceta en mayo de 2019, es necesario que participen “todos los sectores” de la sociedad hondureña, subrayó la activista.
La prórroga venía siendo solicitada por una decena de organizaciones, mientras el Consejo Nacional Anticorrupción pedía a través de una iniciativa ciudadana la derogación de la normativa por considerar que favorece la corrupción e impunidad en el país.
La extensión permitirá, según el poder Legislativo, capacitar a fiscales, jueces y magistrados sobre el nuevo Código Penal y que los diferentes sectores que se han pronunciado en contra de la normativa pueden presentar sus recomendaciones.
LOS GRANDES GANADORES
Sánchez dijo que está consciente de que el país centroamericano necesita un nuevo Código Penal, pero, cómo está, es “totalmente represor” para los derechos humanos y “contrario” a los derechos de las mujeres, la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual.
En su opinión, el Código Penal fomenta la impunidad y va a golpear a los más pobres en Honduras, donde el 60 % de los 9,3 millones de habitantes viven en la pobreza.
La nueva norma penal reduce las penas por delitos de corrupción y de violencia contra la mujer en el país, donde 406 de ellas fueron asesinadas en 2019 y más de 70 este año, añadió.
Considera que tal como fue aprobado, está hecho a la medida de “las clases dominantes y la clase política que está gobernando”.
Aseguró además que los “grandes ganadores” con la aplicación del nuevo Código Penal son los “corruptos” que se están “blindando” ante cualquier posible acusación de corrupción, uno de los flagelos que más daño le ha causado a la nación.
Dijo que lo que “más le preocupa” como representante de la ONG es “el saqueo indiscriminado de los recursos” del Estado, sin que nadie sea castigado.
CÓDIGO PENAL FAVORECE A MUCHOS
El Código Penal “no va resolver la criminalidad del país”, ya que ese fenómeno “es estructural”, aseguró el abogado hondureño Román Barrios.
El experto en derecho penal se preguntó además sí con el Código Penal vigente “se ha combatido la impunidad” que prevalece en Honduras.
“Ha habido impunidad, los grandes defraudadores del fisco, los políticos corruptos y los que se han robado el dinero del erario público no están en la cárcel, por lo tanto, el Código Penal actual no ha sido una respuesta”, enfatizó.
Según diferentes sectores, la corrupción y la impunidad se han convertido en los principales obstáculos para el desarrollo sostenible de Honduras al predominar sobre los derechos de la población.
La nueva normativa está “más acorde” a la realidad de Honduras, aseguró el abogado, quien cree que poner el acento en el combate de la criminalidad en un nuevo Código Penal es “crear falsas expectativas”.
Una vez entre en vigor, muchos hondureños presos por diferentes delitos, incluidos políticos, serán “beneficiados con la rebaja de pena” que establece la nueva normativa, afirmó Barrios, también catedrático universitario.
CÓDIGO PENAL ES LESIVO
La alianza Articulación 611, que aglutina a una veintena de organizaciones de sociedad civil, señaló que el Código Penal tiene muchas disposiciones “lesivas” para la sociedad, las cuales podrían ser utilizadas para “perseguir, reprimir y criminalizar” la protesta social.
La normativa mantiene además la tipificación penal de los delitos de injurias y calumnias, lo cual es una “clara amenaza a la libertad de expresión”, pero reduce “drásticamente” la penas por tortura, enfatizó.
Además, elimina el artículo 153 que establecía la responsabilidad penal del superior jerárquico por crímenes cometidos por subordinados, lo cual, según la Articulación 611, envía un mensaje a la sociedad de “desprecio hacia las víctimas y de protección a los militares y policías” que ordenan torturas, desalojos ilegales y persecuciones.
La alianza hondureña denunció que el Código Penal favorece a políticos y grupos involucrados en “la criminalidad organizada que han logrado filtrar el Estado”.