Los proxenetas y depredadores sexuales tienen muy claro que la vulnerabilidad de sus víctimas es un factor de éxito para ellos. Buscan mujeres jóvenes, pobres, sin arraigo familiar en nuestro país o en un entorno desestructurado. Cuanto más, mejor. El objetivo es que, además, no puedan escapar de sus garras en caso de que en algún momento se planteen hacerlo, usando lo que la Policía denomina “cadenas invisibles”. La documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es revela que, según los investigadores, esto es exactamente lo que ocurrió en el caso de las menores explotadas sexualmente en el sur de Madrid: primero fueron enganchadas a las drogas y después obligadas a prostituirse si querían seguir consumiendo o si querían seguir teniendo la atención de los proxenetas.
Las víctimas - diez según la nota de prensa de la Policía - compartían un mismo perfil y algunas, incluso, se conocían. Varias de ellas estaban, además, tuteladas por la Comunidad de Madrid en centros de la capital y Aranjuez. Los trabajadores y responsables de estos centros explicaron con impotencia a los investigadores que algunas de ellas se fugaban constantemente al estar en régimen abierto y que no podían hacer nada por evitarlo. También contaban cómo volvían: enganchadas a las drogas y con la vista puesta en la próxima fuga. Sus familiares relataban cómo sabían o sospechaban lo que estaba pasando pero sin haber podido aportar ninguna solución.
El destino de estas chicas a lo largo de 2020 y 2021 era el poblado chabolista de San Dalmacio, en el distrito madrileño de Villaverde, desmantelado en septiembre y rápidamente reconstruido. Allí las menores eran obligadas, según su testimonio, a someterse a los abusos y violaciones de hombres adultos a cambio de dinero o droga. Una de ellas fue localizada durmiendo en la puerta de una chabola. Otra fue retenida durante varios días en una casa donde fue violada, según ha contado a los investigadores. Muchas mencionaron un apodo: el 'Kalifa', el joven que, supuestamente, capitaneaba la explotación sexual y del que varias víctimas estaban “enamoradas”, según algunos testimonios.
Un informe del inspector jefe del Grupo XXII de la Policía Nacional de noviembre del año pasado analiza todas las pruebas del caso y deja negro sobre blanco el modus operandi de estos grupos de proxenetas. Todo responde, según la Policía, a un plan organizado: “Una única actividad criminal, perpetrada de manera organizada por distintas personas, consiguiendo el acercamiento de mujeres menores de edad, con la finalidad de utilizarlas para la compraventa de sustancias estupefacientes y, de manera paralela, utilizarlas también para su explotación sexual”, explica el documento.
La investigación arrancó cuando en 2021 una mujer acudió a la Policía e informó de que una chica menor de edad estaba siendo prostituida por su propio padre en un narcopiso de Puente de Vallecas. La joven fue localizada varias veces en un estado de salud cada vez más precario. Su declaración y la de otras chicas reveló que, en muchos casos, los supuestos proxenetas habían llegado a ellas a través de Instagram, red social que también usaban para controlarlas. Estos mensajes de Instagram y la identificación de los perfiles son la prueba clave que ha permitido el encarcelamiento de los supuestos cabecillas, además de las declaraciones de las chicas.
El primer paso, según la Policía, era dar con ellas: “Reúnen perfiles similares, menores de edad con una evidente falta de madurez, provenientes de entornos desfavorecidos (...) en contextos de fracaso escolar, familias desestructuradas y habitualmente tuteladas en centros de menores”, explica el informe. Centros de menores donde es difícil controlar sus movimientos, dice la Policía, “al encontrarse en régimen abierto” por ser menores que nunca han cometido una infracción. Estas circunstancias, suma el informe, “les hace sufrir unas situaciones extremas, extremándose su situación de vulnerabilidad y precariedad”.
Es en ese momento en el que los proxenetas hacen su aparición. Ellas, dice la Policía, se unen “al primer foco de cariño o bienestar socio-afectivo” que se les presenta. Poco después llega el plan para que sean adictas a las drogas: la cocaína en base y la heroína les es entregada primero gratis, “a modo de falsa amistad”, para que se conviertan en toxicómanas. “Una vez conseguida la adicción de las menores”, dice el informe, ellas “acceden a cualquiera de sus pretensiones”. En un primer momento intentan atraer a más menores pero, dicen los agentes, sólo las menores en esta situación tan sumamente desfavorecida terminan enganchadas a la droga.
Muchos de los casos de prostitución que analiza la Justicia tienen un denominador común: proxenetas que conocen previamente a sus víctimas o a sus familias en sus países de origen y que traen a las mujeres a España bajo la falsa promesa de un trabajo o una vida mejor. Una vez aquí se les obliga a prostituirse en condiciones infrahumanas con el pretexto de hacer frente a una deuda que no pueden pagar. En función de su origen, estas amenazas pueden venir aliñadas con rituales de vudú. En el caso de las menores tuteladas, el sistema es distinto: la mejor arma de los proxenetas son las redes sociales.
Contactaron con ellas, dice la Policía, “a través de redes sociales de manera indiscriminada”. Instagram, Facebook o YouTube fueron algunas de las plataformas. El sumario revela que muchos imputados contactaban con ellas a través de mensajes privados de Instagram para quedar con ellas. En otros casos el grupo, compuesto mayoritariamente por hombres, se valía supuestamente de mujeres mayores de edad para atraer a las niñas al poblado y que fueran enganchadas a la droga. Hay varias imputadas y que se encuentran en libertad sin medidas cautelares. El tercer método, destaca la Policía Nacional, es el del 'Lover Boy' que pone “cadenas invisibles” a sus víctimas.
Dos de ellos están en prisión provisional y sus apodos eran 'Kalifa' y 'Chuky'. Varias testigos relataron cómo el primero tenía “enamoradísima” a una de las víctimas. El segundo, según relatos contenidos en el sumario, hizo lo mismo con otra de las chicas menores de edad. “Aprovechando sus encantos tratan de 'enamorar' a las menores objetivo y con ello generar un apego, una falsa situación de cariño, abundancia económica y promesas de llevarlas a un lugar mejor”, describe el informe. Nunca es así. Son ellos los que consiguen que las víctimas se enganchen a las drogas y que normalicen la situación de explotación sexual.
Las “cadenas invisibles”
Esta situación se prolongó desde mediados de 2020 hasta la detención de los acusados a finales de 2021, corroborado por las declaraciones de las chicas y de algunos testigos. Algunas de ellas eran prostituidas en el poblado de Villaverde pero también en casas y narcopisos de Puente de Vallecas a cambio de pequeñas cantidades de dinero o droga. En algunos casos, dice la Policía, intentando corresponder a esa supuesta relación: “Aprovechando ese apego también las utilizan para el transporte y compraventa de droga, una vez generadas lo que se conoce en el argot como cadenas invisibles”, explica la Policía.
En este caso, esas cadenas invisibles tenían varias manifestaciones. Una de las chicas, por ejemplo, relató que tenía miedo a que uno de los proxenetas fuera a por ella si sabía lo que estaba denunciando. Varias relataron la cercanía de algunos acusados a bandas como los Dominican Don't Play, y una de ellas relató cómo era obligada a someterse a abusos y obligaciones a manos de supuestos miembros de la banda como precio por pertenecer a ella. Las chicas explicaron que todos los hombres con los que tuvieron que prostituirse sabían que ellas no habían cumplido ni los 15 años de edad. A veces, dijeron, eran grabadas y sus proxenetas les habían creado perfiles en internet.
Estas “cadenas invisibles” de las que habla la Policía en su informe se fueron rompiendo a medida que avanzó la investigación. Los testigos fueron apuntando a las mismas personas, ellas fueron capaces de identificar a más personas y relatar lo que le había pasado a las otras chicas. Más de 30 personas fueron detenidas a finales del año pasado por orden del juzgado 8 de Madrid, pero para entonces varios juzgados ya habían puesto en marcha sus propias investigaciones por denuncias de más chicas sobre el mismo grupo. El conocido como 'Kalifa', por ejemplo, ya estaba en prisión preventiva en Soto del Real para cuando estalló la operación, detenido días antes por agredir a una de las víctimas.
En sus comparecencias ante el juez de guardia y la instructora la mayoría de los acusados se acogieron a su derecho a no declarar y el resto negaron los hechos sin entrar a discutir las pruebas que han llevado a algunos a prisión: los mensajes de Instagram que enviaban a sus víctimas y la declaración de varias chicas y testigos que les apuntan directamente. La mayoría de ellos fueron dejados en libertad por su arraigo en nuestro país. “No tengo nada que ver con esto”, dijo uno de los imputados actualmente en prisión. Otro reconoció que 'Kalifa' había llevado a una de las chicas al poblado de Villaverde.
El día de su detención, burdamente escondido bajo una manta en una casa entre Aluche y Campamento, una de las víctimas no dejó lugar a dudas: “Es él, es él”, dijo a la Policía mientras le señalaba con el dedo. Otra fue bastante clara a la hora de explicar su descenso a los infiernos: “Todo cambió cuando conocí a Kalifa”, relató.
La investigación pivota entre dos juzgados de Madrid, el número 8 y el número 23. Fueron varios juzgados de Madrid los que abrieron diligencias a medida que las chicas denunciaron la situación de explotación sexual en la que se encontraban. La Fiscalía ha tenido claro desde el principio que todo debe instruirse en un solo juzgado de la Plaza de Castilla y la Comunidad de Madrid ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso, algo habitual en este tipo de instrucciones con víctimas tuteladas por una administración pública.