Los socios del Gobierno frenan el intento del PSOE de acelerar la reforma del 'solo sí es sí'

El PSOE no ha conseguido introducir en el orden del día de la próxima semana la toma en consideración de su proposición de ley para reformar la ley del 'solo sí es sí'. El grupo socialista en el Congreso planteó este martes en la Junta de Portavoces adelantar al Pleno del día 21 ese debate parlamentario con ánimo de acelerar los trámites, un paso que requería de la unanimidad de los grupos. A pesar de la predisposición de algunos grupos de la oposición, como el PP, la mayoría de aliados del Ejecutivo se ha mostrado en contra por la falta de acuerdo entre los socios de coalición. Unidas Podemos, de hecho, también se ha posicionado en contra del intento del PSOE.

Lo ha confirmado este martes en rueda de prensa el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, que ha considerado que el mecanismo que proponían los socialistas para acelerar la tramitación habría sido inédito. Unidas Podemos no ha sido determinante para tumbar este movimiento porque ERC y EH Bildu también se posicionaron en contra, pero Echenique ha garantizado que se habrían opuesto igualmente si hubiera dependido de ellos. El gesto del socio minoritario de la coalición va en la línea de lo que han manifestado en las últimas horas: siguen tendiendo la mano a los socialistas para que vuelvan a la negociación de un texto conjunto y no facilitarán la aprobación de la proposición de los socialistas. “Queremos evitar una votación que parta a la mayoría feminista de esta cámara y que permita volver al Código Penal de La Manada”, ha dicho hoy Echenique sobre la proposición del PSOE para la reforma.

Por el momento, el choque entre las dos alas de la coalición para reformar la ley del 'solo sí es sí' está lejos de solucionarse. Una semana después de que el grupo parlamentario socialista registrase en solitario su proposición de ley, las posturas de los socios de coalición no han hecho más que alejarse. Por el momento, ni se han producido nuevas reuniones, ni hay avances de ningún tipo, según las fuentes consultadas en ambas alas del Ejecutivo. Los socialistas dejan la puerta abierta a acuerdos parlamentarios que modifiquen “técnicamente” su propuesta. Desde el Ministerio de Igualdad, en cambio, reclaman volver al paso previo: retomar en el seno del Gobierno una negociación de la que, remarcan, ellas “no se levantaron”. 

En el PSOE se sigue poniendo el énfasis en la predisposición para encontrar “soluciones técnicas” a la propuesta que ya han registrado. “A lo mejor hay una iniciativa que da con la tecla y permite el consenso. Perfecto. Lo que decimos es que el debate no se puede eternizar hasta el siglo que viene”, aseguró este lunes la vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, en referencia al período de enmiendas que debe abrirse en el Congreso. 

Para apurar las opciones de evitar una foto en la que la reforma salga adelante gracias exclusivamente a los votos del PP, la Moncloa planteó la semana pasada la posibilidad de abrir una nueva vía de diálogo con otros interlocutores al margen de Pilar Llop e Irene Montero. Así ha ocurrido en el caso del PSOE, donde María Jesús Montero y Félix Bolaños se han encargado de contactar con los grupos parlamentarios que sustentan parlamentariamente a la coalición. Desde Unidas Podemos, sin embargo, siguen considerando que es el departamento de Igualdad el competente para pilotar las negociaciones. 

A lo que no parece dispuesta el ala socialista del Ejecutivo es a aceptar la exigencia de su socio de coalición de obviar su proposición de ley y volver atrás. “El intento de consenso no se puede prolongar hasta la eternidad sin dar respuesta a las mujeres. Nosotros estamos en las soluciones, no en la búsqueda del relato. Y las mujeres quieren que les demos una respuesta clara”, apuntó María Jesús Montero. 

En Ferraz asumen que a la negociación con Unidas Podemos puede quedarle ya muy poco recorrido y que la única opción para sacar adelante la reforma sea apoyarse en el PP, algo a lo que intentan restarle relevancia política. “A nosotros nos preocupa mucho más lo que hay afuera”, aseguran en referencia a la alarma social desatada por la rebaja de penas a agresores sexuales. Creen los socialistas, además, que en el Ministerio de Igualdad han vuelto a las posturas del mes de noviembre, cuando defendían que la reforma de la ley no era necesaria. “Nosotros queremos reformarla, ellos quieren dar apariencia de que quieren reformarla”, critican tras justificar que ni siquiera se hayan retomado los contactos. “¿Más reuniones para qué, para seguir en las mismas posturas?”, se preguntan.  

“Plena disposición” de Unidas Podemos

Unidas Podemos mantiene que la negociación debe darse en la misma mesa en la que se había sentado el Gobierno hasta que el PSOE se levantó de forma unilateral. Este fin de semana, el Ministerio de Igualdad solicitó a los socialistas una nueva reunión para tratar de alcanzar un pacto. “El Ministerio nunca se ha levantado de la mesa y la disposición a negociar siempre ha sido plena”, apuntan desde Igualdad. “Cuanto antes nos sentemos antes puede haber un acuerdo”, dijo Irene Montero este lunes en declaraciones a los medios. 

La mano tendida hacia el socio de Gobierno para retomar esta negociación se circunscribe únicamente a esa mesa y no pasa por una negociación parlamentaria sobre la proposición que ha registrado el PSOE en el Congreso. Fuentes del partido insisten en que ese texto no va a salir con sus votos y si su socio quiere seguir adelante, tendrá que tomar la decisión de si quiere partir en dos al Ejecutivo en una votación y votar junto a la derecha. 

Justicia, al margen de la tramitación parlamentaria

Durante los últimos meses el Ministerio de Justicia lideró las negociaciones de la parte socialista tras recibir la orden de Pedro Sánchez de buscar una salida pactada al “problema” de los centenares de rebajas de penas a delincuentes sexuales. Del departamento de Pilar Llop salió la iniciativa para reformar la ley del 'solo sí es sí' que el PSOE acabó presentado de manera unilateral el pasado lunes 6 de febrero. Desde entonces, la ministra está al margen de unas negociaciones que los socialistas quieren derivar al Parlamento. En el entorno de Llop reconocen que su posición ahora “no es proactiva”, aunque no se cierran a analizar “otras propuestas” si se les solicita. 

El centro de la discrepancia entre ambos departamentos apenas ha variado en las semanas que duraron las negociaciones, pilotadas por las ministras Pilar Llop (Justicia) e Irene Montero (Igualdad). La segunda, reticente en un primer momento a tocar su proyecto estrella, acabó accediendo a tocar la parte penal de la ley a pesar de que está convencida de que que el problema no está en la ley, sino en la aplicación “incorrecta” de “una minoría de jueces”. Ambas partes asumieron que elevar las penas era la única vía para evitar a futuro que delincuentes sexuales tengan castigos menos severos de los que les habría correspondido con el anterior Código Penal. 

Pero entonces emergió el principal escollo: cómo elevar las penas. Esto es, la fórmula técnica a utilizar. Tras analizar diferentes escenarios, Llop y sus asesoras llegaron a la conclusión de que la única opción posible para justificar una subida de las penas era introducir de nuevo la evaluación de la violencia y la intimidación para que la existencia de estas circunstancias determine un mayor castigo. Es un planteamiento que rechaza Igualdad. Montero considera que ese cambio desvirtúa el espíritu de una norma que buscaba cambiar la manera en la que se juzgan los delitos sexuales porque hará pivotar los procedimientos sobre la existencia de esos elementos y no sobre el consentimiento. 

Es un debate todavía sin resolver y que, sin duda, centrará las conversaciones de los grupos parlamentarios en el Congreso, a donde los socialistas quieren trasladar en debate. Podemos, sin embargo, defiende que las negociaciones deben volver al ámbito de los ministerios, por lo que pidió este lunes una reunión al PSOE. 

La iniciativa de los socialistas mantiene las horquillas actuales (más bajas que antes del ‘sí es sí’) en el tipo general. Y añade en cada artículo una gradación más alta (similar a la de la legislación anterior) para los supuestos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Así, el tipo básico de agresión sexual mantiene la pena de uno a cuatro años, pero recupera la horquilla de uno a cinco años (que es la que había en el antiguo Código Penal) cuando la agresión se comete empleando las citadas circunstancias. El mismo esquema se sigue para el resto de artículos que castigan los delitos sexuales, como la violaciones o las agresiones en las que concurren circunstancias agravantes (actuación en grupo o sumisión química, por ejemplo). Antes de la ley del ‘solo sí es sí’, la existencia de estos elementos determinaba que una conducta fuera considerada abuso (menos grave) o agresión (más grave).  

Seis propuestas distintas de Igualdad

En el Ministerio de Igualdad aseguran que en las últimas semanas han hecho hasta seis propuestas distintas. La última de ellas contempla que la intimidación y la violencia sean un agravante más de la lista que ya contempla el artículo 180 del Código Penal. De esta manera, defienden, no se altera el concepto de agresión sexual ni de consentimiento ni se crean, de facto, dos tipos de agresiones sexuales —una básica y una con intimidación y violencia—. La ausencia de consentimiento determinaría la existencia de agresión sexual —penada con la horquilla de uno a cuatro años de cárcel— y la existencia de penetración y/o de agravantes determinaría un incremento de las penas.

La fórmula técnica elegida por el PSOE para elevar las penas de los delitos sexuales y evitar así condenas bajas a futuro ha asomado las diferentes interpretaciones que los socios de la coalición hacen sobre el consentimiento. Este concepto es el eje de la norma que fue propuesta de manera conjunta por los ministerios de Justicia e Igualdad, aunque es un elemento que vertebra los delitos contra la libertad sexual desde los noventa. La titular de Justicia defiende que ese precepto “no se toca” en la reforma que ha partido de su departamento. La ministra de Igualdad, sin embargo, cree que la contrarreforma del PSOE “cruza la línea del consentimiento”. 

La tesis de Llop es que se mantienen intactos los dos artículos del Código Penal que configuraron un “nuevo modelo” de consentimiento en la ley del ‘solo sí es sí’. El 178.1, que contempla que el consentimiento siempre debe ser explícito; y el 178.2, que especifica que “en todo caso” se consideran agresión “los actos de contenido sexual” que se realicen empleando violencia, intimidación, abuso de una situación de superioridad o se ejecuten sobre personas privadas de sentido. Según Justicia, eso significa que cuando se dan esas circunstancias la víctima no tiene que probar en el proceso penal que no consintió, lo que “facilita” su posición en el procedimiento. 

Esta argumentación ha tensado en los últimos días la relación entre los socios. “Las feministas no hemos peleado por un cambio de nombre y que se pene con un tipo menos agravado la agresión para las mujeres que no tienen marcas en su cuerpo. Ya es bastante violento que toquen tu cuerpo sin consentimiento”, dijo Montero la semana pasada en una entrevista en la Cadena SER. En Igualdad insisten en que el gran avance de la ley del 'solo sí es sí' es precisamente poner en el “centro” el consentimiento de las mujeres, sin que tengan que probar la existencia de violencia y/o intimidación. Y esa, reiteran, es una línea roja que no van a traspasar.