PSOE y Podemos aplazan la reunión sobre la coalición con los secretos oficiales como última discrepancia

“El Gobierno de España es consciente de los grandes retos de país que tenemos por delante y [PSOE y Unidas Podemos] vamos a seguir trabajando mano a mano empezando por la negociación de presupuestos generales del Estado”. Con ese escueto comunicado despacharon el pasado lunes los dos socios del Ejecutivo la reunión que mantuvieron ese mismo día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y coordinadora de los ministros de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. Un encuentro que, señalaron, fue muy “positivo” y “fructífero” y sirvió “para fortalecer la coalición”.

Ante el crecimiento de las derechas en todas las encuestas, la coalición trata desde hace semanas de escenificar su unidad pese a las diferencias que mantienen en asuntos relevantes como el incremento en el gasto militar, la monarquía y, este misma semana, los plazos de clasificación de los secretos oficiales. En aras de mantener esa imagen cohesionada para afrontar la que se presenta como una compleja recta final de la legislatura, marcada por la crisis energética y la inflación, Sánchez y Díaz han decidido aplazar la reunión de la comisión de seguimiento de la coalición que iba a celebrarse antes de que concluyera el curso político.

El encuentro fue solicitado por la vicepresidenta segunda a principios de julio, en uno de los momentos más críticos de la coalición y en la misma semana en la que quiso marcar perfil propio coincidiendo con la presentación de Sumar, la plataforma a través de la que hará el “proceso de escucha” tras el cual decidirá si se presenta como candidata a las próximas elecciones generales. Pero, pasadas las semanas, ambas partes han postergado esa reunión sine die –lo más probable, señalan fuentes del Ejecutivo, es que se celebre en septiembre, a la vuelta del parón estival– principalmente por el giro a la izquierda que escenificó Sánchez en el debate sobre el estado de la nación anunciando muchas de las medidas propuestas por Unidas Podemos, que la formación espera que se traduzcan en “hechos”. En ese contexto, Sánchez y Díaz se limitaron a mantener el pasado lunes, coincidiendo con el último Consejo de Ministros del curso político, una reunión de la que no trascendió el contenido, la duración ni ninguna imagen.

PSOE y Unidas Podemos se afanan ahora en restar importancia a las diferencias dentro del Ejecutivo, que las derechas utilizan una y otra vez para tratar de desgastar al Gobierno, y buscan poner en valor los acuerdos. El último de ellos, apuntan, permitió que los portavoces de ambos partidos en el Congreso, Patxi López –por la parte socialista– y Pablo Echenique –del grupo confederal–, presentaran de forma conjunta la iniciativa legislativa que contiene los nuevos impuestos para la banca y las grandes empresas energéticas. Pero recuerdan, además, que a lo largo de la legislatura se han puesto de acuerdo para aprobar dos Presupuestos, una reforma laboral, el nuevo marco educativo, los escudos sociales y las medidas anticrisis o sobre nuevos derechos como la eutanasia o la ley trans, pese a que los socios mantenían en principio posturas diferenciadas.

Los plazos de clasificación de los documentos secretos

Las discrepancias se mantienen en materias como el gasto militar, el modelo de Estado, las políticas fiscales o la Vivienda, con el reto de tener que aprobar la ley referida a esta última materia –incluida en el acuerdo de coalición– en el próximo periodo de sesiones, tal y como se comprometió el propio Sánchez en su última intervención parlamentaria. En la última semana se vislumbró, además, una nueva diferencia, tras conocerse el anteproyecto del Ministerio de la Presidencia sobre una nueva ley de secretos oficiales que fue aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros del lunes.

La vicepresidenta Díaz ejerció entonces como coordinadora del espacio de Unidas Podemos en el Ejecutivo y trasladó al Ministerio que encabeza Félix Bolaños –del ala socialista– su “discrepancia” acerca del borrador por plantear que los secretos oficiales puedan permanecer clasificados más de 50 años. Ese plazo, apuntan desde el grupo confederal, les parece “muchísimo” a Díaz, a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, y al resto de los ministros de Unidas Podemos. Todos ellos consideran, asimismo, que Presidencia no ha tenido en cuenta que la norma deberá aprobarse después en el Congreso, ya que los socios habituales y, especialmente el PNV, han exigido que ese plazo se reduzca a al menos 25, por lo que el grupo confederal señala que el Ejecutivo no tendría con su propuesta actual los apoyos parlamentarios necesarios para sacar la norma adelante.

Desde Unidas Podemos recuerdan, no obstante, que lo que aprobó el Consejo de Ministros es “la primera vuelta” de la ley y que lo que han acordado con el PSOE es “pactar la discrepancia” respecto a los plazos de clasificación en la negociación de la segunda vuelta del texto. “España es un país democrático que no tiene que tener miedo a conocer su pasado”, aseguran fuentes del grupo confederal, que denunciaron que, con la redacción actual, la nueva ley no serviría para desclasificar documentos de la dictadura o de la Transición, como el intento de golpe de Estado del 23F o la violencia de los GAL, entre otros asuntos.

Sánchez se pronunció acerca de estas diferencias el martes, en su última comparecencia pública antes del inicio de sus vacaciones en Lanzarote. Desde Palma, donde mantuvo el habitual encuentro estival con el rey en la residencia de verano de este último, el jefe del Ejecutivo quiso resaltar que “lo importante es que una ley predemocrática va a ser reformada”. El Gobierno, dijo, está “comprometido con la regeneración democrática” y recordó que la ley actualmente vigente sobre la materia “es de 1968, es predemocrática, de la dictadura”. Respecto al plazo, el jefe del Ejecutivo consideró que “50 años pueden parecer mucho pero hay países que tienen 70 años o 20 años con prórrogas ilimitadas”. No obstante, señaló que, a partir de ahora, se abre con los grupos, y también con Unidas Podemos, un “debate que puede fortalecer la democracia” para lograr un texto de consenso.

El hito del debate del estado de la nación

En la mesa de las diferencias de la coalición están otros asuntos como la crisis migratoria, la monarquía o el gasto militar. Precisamente este último asunto hizo a principios de julio que Yolanda Díaz solicitara a sus socios del PSOE la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición, que se ha postergado sin fecha. La vicepresidenta estaba muy molesta por la manera de actuar del grupo mayoritario del Gobierno y se quejaba de que no se le hubiera comunicando a Unidas Podemos algunos de sus últimos anuncios, como el incremento del gasto militar, el viraje sobre el Sáhara y su felicitación a Marruecos por la actuación de los gendarmes en la valla de Melilla el fin de semana que murieron 37 personas.

Además, en el primer acto de Sumar, que el pasado 8 de julio reunió a más de 5.000 personas en Madrid, Díaz quiso evidenciar un perfil claramente más progresista que el del PSOE. Ese fin de semana, en una entrevista en El País, aseguró que “al Gobierno le falta alma”. Se refería a la otra ala de la coalición. Con esas palabras quiso denunciar que, hasta ese momento, no hubiera una tendencia claramente de izquierdas por parte del Consejo de Ministros, como llevaba meses reclamando Unidas Podemos, el socio minoritario del Ejecutivo y el espacio político que ella misma coordina y que le considera ya su candidata.

Antes de que se pusiera fecha al encuentro, todo cambió cuando Sánchez pronunció el discurso de apertura del debate del estado de la nación evidenciando ese giro a la izquierda y anunciando precisamente lo que pidió Díaz en el primer acto de Sumar: nuevos impuestos para algunos de los sectores más poderosos, como las empresas energéticas y los bancos. Aunque la vicepresidenta quería “más” y ese mismo día reclamó también otro nuevo tributo para las grandes compañías, su equipo también insistió en que esas y otras medidas anunciadas por el presidente del Gobierno –como la subvención íntegra de los abonos de transporte de Renfe, de Cercanías y Media Distancia– llevaban el sello de Unidas Podemos, si bien Sánchez tampoco comunicó al socio minoritario por dónde iban a ir sus anuncios.

El discurso del jefe del Ejecutivo achicó el espacio a Díaz en su pretensión de confrontar con un PSOE más a la derecha de su proyecto político y de atraer a votantes socialistas a su proceso de escucha, primero, y cuando se consume una candidatura que todos en el espacio dan por hecha, a animarles a coger su papeleta. El tono de Díaz, de hecho, cambió tras el debate del estado de la nación: “El Gobierno tiene un gran horizonte y un rumbo cierto. Sobre todo, tiene un compromiso: vamos a tomar tantas medidas sean necesarias para mejorar la vida de la gente”, ha asegurado la vicepresidenta en sus últimas comparecencias.

Dar “la vuelta” a los sondeos

Sánchez, en el final del curso político, se ha esforzado además en remarcar la vigencia de la coalición hasta el final de la legislatura. El líder socialista considera que enviaría un buen mensaje al electorado de izquierdas en un momento en el que apunta a la desmovilización frente a una derecha que se aglutina en torno al PP. El presidente asume que Alberto Núñez Feijóo goza ahora de ventaja y que, como pronostican todas las encuestas estaría ahora en primera posición, pero confía en darle “la vuelta” a esos sondeos. La esperanza la tiene ya en las municipales y autonómicas de mayo, que serán la antesala de los comicios nacionales de diciembre del próximo año y a los que da por hecho que Yolanda Díaz se presentará liderando el espacio a la izquierda del PSOE. 

Por todo ello, no está en los planes de Sánchez una ruptura del bipartito en lo que le queda de mandato, que era un escenario plausible ante una situación inédita en la política nacional en la que nunca se había dado un Gobierno de coalición. Sin embargo, el presidente sostiene que es beneficioso de cara al electorado progresista que PSOE y Unidas Podemos conserven el acuerdo hasta el final. “Es bueno que el Gobierno llegue unido al final de la legislatura. Es una buena señal para el futuro porque significa que dos fuerzas de izquierdas se entienden”, explicó en una conversación informal con los periodistas que le acompañaron el pasado fin de semana en la gira por los Balcanes Occidentales que ha realizó para apoyar la entrada de esos países en la UE. 

En una línea similar, el martes la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, reivindicó que la coalición es un “éxito” de la izquierda y, específicamente, de Unidas Podemos y que costó “mucho esfuerzo y tiempo” poder articular un Gobierno progresista, que es lo que el país necesitaba. “Somos el principal garante del Gobierno de coalición y queremos llevar la legislatura hasta el final”, remachó. El mensaje que lanzan ambas partes del Ejecutivo es que, se celebre cuando se celebre la reunión de seguimiento del Ejecutivo, este está cohesionado y con fuerzas para llegar hasta las generales de diciembre de 2023.