Hay debates recurrentes en los congresos del PSOE como el modelo de Estado -siempre hay una enmienda en favor de la república que se transacciona de madrugada- y otro de los siempre polémicos es la relación entre Iglesia y Estado. José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero en plantear la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, Alfredo Pérez Rubalcaba repitió el compromiso y, posteriormente, lo hizo Pedro Sánchez en las dos campañas de primarias por el liderazgo del PSOE. La ponencia del 40º Congreso que el partido celebrará a mediados de octubre -que se someterá ahora a un proceso de enmiendas de los militantes- recoge de nuevo esa propuesta, pero incluye esta vez que el proceso se hará con “diálogo” y el “consenso” de la Iglesia.
“Es el momento de actualizar unos acuerdos que son de hace más de 40 años, algunos previos a la Constitución -señala el texto sobre el Concordato-. Esta revisión, que en términos propios de Derecho Internacional se denomina ”denuncia“, la llevaríamos a cabo en diálogo con la Iglesia, buscando el consenso e impulsando desde el Gobierno unos nuevos acuerdos con el Vaticano propios de nuestro tiempo, en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos”.
Ferraz incluye en esta ocasión la prevención de que la revisión se producirá de la mano de la Iglesia católica, que no figuraba en la resolución final del anterior congreso, en el que Sánchez recuperó la secretaría general bajo el lema “Somos la izquierda”. Hace cuatro años, afirmaban que “la condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdos constitutivos de privilegios heredados del pasado”. “Por ello es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede”, remataba el documento, que hacía referencia al “establecimiento de la autofinanciación de la Iglesia, la secularización de las ceremonias y signos y la neutralidad de todas las instituciones, servicios y servidores públicos respecto a las convicciones ideológicas y religiosas de los ciudadanos”.
El PSOE no incluyó la denuncia de los acuerdos con el Vaticano en el programa electoral de las generales de abril de 2019, aunque aseguró en una entrevista en elDiario.es a las puertas de la repetición electoral de noviembre de ese año que el PSOE “siempre” lo ha planteado. “Nosotros somos un partido político que siempre ha defendido la laicidad. Yo creo que también en ese ámbito tenemos que dar pasos”, afirmaba. Los socialistas incluyeron ese compromiso de denunciar los acuerdos e impulsar “un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica”.
Fuentes socialistas recalcan la importancia de que esa promesa de renegociar los acuerdos con el Vaticano se vincule con la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones, que es un compromiso del Gobierno de coalición en su acuerdo programático para el “avance” hacia la laicidad. No obstante, también en las resoluciones de 2017 figuraba junto al compromiso de impulsar una “Ley de Conciencia y de Libertad religiosa que asegure la no discriminación entre creyentes y no creyentes de determinadas religiones”.
Esa ley que será competencia del nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, pretende promover “el desarrollo de las diferentes opciones de ética privada, religiosas, morales o filosóficas de todas las personas” así como garantizar “la libertad de culto, la neutralidad del Estado, la adecuada separación ética pública–ética privada y el pluralismo religioso y filosófico”.
El PSOE también reafirma de cara a su 40º Congreso el compromiso adquirido desde el Gobierno de revisar los denominados delitos de opinión para evitar situaciones como la del rapero Pablo Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo en sus letras y algunos tuits. Tras su entrada en prisión, el Gobierno aseguró que reformaría el Código Penal para acabar con las penas de cárcel para ese tipo de delitos y Unidas Podemos registró una proposición de ley en el Congreso.
“Algunos episodios recientes han mostrado la necesidad de modificar nuestro Código Penal para garantizar que una opinión y, sobre todo, una expresión artística, por crítica o mordaz que sea, no conlleve una pena de prisión. Solo deben merecer un reproche penal aquellas expresiones que inciten a la violencia, impliquen una amenaza real contra personas o instituciones o menoscaben la dignidad de colectivos especialmente vulnerables”, recoge la ponencia del PSOE.
El Ministerio de Justicia lleva tiempo trabajando en una reforma integral de la legislación penal en la que, entre otras cosas, quiere abordar el maltrato animal. En ese sentido, los socialistas consideran que queda “mucho camino por recorrer para eliminar prácticas que causan un dolor innecesario por interés económico o por mera crueldad”. “Por eso apostamos por reformar el Código Penal para imponer un castigo adecuado a la mala praxis en la experimentación con animales llegando incluso a clausurar las instalaciones o disolver las empresas responsables de la misma”, reza el documento. También pretende que la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo incluya también la Protección Animal.
Los socialistas también recogen en su ponencia una propuesta en la que estaba trabajando el departamento gubernamental de Función Pública para articular un sistema de becas para la preparación de oposición para los altos cuerpos del Estado, como la judicatura, o a la Administración General del Estado. “Hay que garantizar que jóvenes universitarios, que no tengan los recursos necesarios, puedan optar a plazas de altos funcionarios mediante la articulación de un programa de ayudas”, figura en el documento, según ha adelantado la Cadena SER.
Esa idea se deslizaba hace cuatro años cuando los socialistas aseguraban que “a modernización del sistema de justicia pasa necesariamente también por garantizar la democratización de la carrera judicial”. “Debemos garantizar que nadie se quede fuera de la carrera judicial por falta de recursos”, prometían en sus resoluciones del 39º Congreso. También en la conferencia política que impulsó Rubalcaba en 2013 apostaban por la “actualización del proceso selectivo de Jueces y Fiscales, así como de Secretarios Judiciales, con un tiempo global de preparación más reducido y con nuevas formas de evaluación de técnicas y de habilidades jurídicas y psicotécnicas no estrictamente memorísticas”. “Se facilitará un sistema de acceso a través de becas y de ayudas que posibiliten la preparación de oposiciones a los juristas que, con demostrado historial académico, no puedan pagar su formación para superar las pruebas selectivas”, decía aquel documento del que un jovencísimo Sánchez fue uno de los coordinadores.
El PSOE también recupera la vieja idea de eliminar el aforamiento para los diputados y senadores, que requiere una reforma constitucional. Igualmente, recoge someramente la intención de “profundizar en la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real”, aunque no precisa cómo y se limita a decir que “coincide con la voluntad manifestada por la Jefatura del Estado”. La monarquía es una de las instituciones más opacas de España, con decenas de partidas presupuestarias millonarias al margen de su asignación en los Presupuestos Generales del Estado.
El PSOE, que pretende incluir los conceptos de partido feminista y ecologista en su definición en los estatutos, incluye el concepto “ciudades en 15 minutos” en el apartado de transición verde. La idea que defiende es implementar “modelos de ciudad y territorios sostenibles ligados a la salud y bienestar de las personas se trata de una pretensión que impregna todos los niveles de gobernanza y de gestión”.
“Esta apuesta significa construir ciudades saludables y habitables basadas en la movilidad sostenible como eje transformador urbano, implica la regeneración urbana en áreas deterioradas, el fomento de soluciones urbanas sostenibles basadas en la naturaleza, y el tratamiento del espacio público como espacio de equidad en el que materializar la igualdad de oportunidades”, expresa el documento que han coordinado la portavoz madrileña, Hana Jalloul, y la eurodiputada Lina Gálvez. “Nos disponemos a promover las ciudades verdes accesibles en 15 minutos, que responden al objetivo clave de hacer las ciudades más habitables, de modo que los servicios básicos como el trabajo, la sanidad, las tiendas, la cultura y el ocio estén a menos de 15 minutos de casa, andando o en bicicleta”, concluye el documento que incorpora así la que fue una de las promesas estrellas de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con quien Sánchez mantiene una excelente relación.
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