122.482.010,49 euros. Según la propia Conferencia Episcopal (CEE), este es el dinero que las diócesis españolas alcanzaron como “ingresos del patrimonio y de actividades económicas”. De acuerdo con su última memoria de actividades, esta cifra supone un 13% del total de su 'presupuesto', cifrado en 924 millones de euros. Una cantidad que esquiva impuestos y control del Estado, que reconoce que no sabe ni siquiera a qué dedica la Iglesia católica el dinero que recibe por la casilla de la declaración de la renta.
Esos 122,4 millones, según la CEE, “son ingresos correspondientes al patrimonio inmobiliario, financiero y actividades económicas diversas”, lo que permite pensar –porque la memoria no lo aclara y el Estado nunca lo ha preguntado– que el dinero proviene del alquiler de inmuebles (edificios, garajes, rentas de campos de labranza...) e inversiones varias.
En realidad, el 'presupuesto' de la Iglesia no existe como tal, sino que es un sumatorio de datos de los 70 obispados españoles, que ni siquiera están elaborados con los mismos criterios y que no se incluyen desglosados en la memoria que, desde 2007, la Conferencia Episcopal está obligada a entregar a Hacienda. Buceando en los datos de las diócesis se puede concluir que al menos 94 de esos millones provienen de distintas inversiones inmobiliarias, una cifra que no aparece desglosada ni explicada en ningún documento oficial.
El IBI fantasma
¿Paga la Iglesia católica el IBI? Según el portal de Transparencia de la CEE, el pago del IBI “está regulado en la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002) que considera que muchas instituciones, asociaciones, fundaciones, etc., por la labor que desarrollan, son beneficiosas para la sociedad y, por tanto, el Estado las incentiva para que puedan seguir realizando su labor”. “O sea, que la Iglesia católica no es la única que no paga el IBI, sino que tampoco lo pagan las federaciones deportivas, las sedes de los partidos políticos, las comunidades hebreas y musulmanas, el Museo del Prado, la SGAE, los sindicatos…”, explican desde el Episcopado.
La trampa aquí es que estas instituciones y organizaciones no pagan IBI en los inmuebles en los que desarrollan sus actividades. Y la Iglesia tiene algo más que templos y conventos: también pisos, garajes y edificios enteros que destina al alquiler.
Los obispos defienden que “la Iglesia sí paga el IBI, exactamente igual que todos, de aquellas propiedades en las que se puede estar desarrollando alguna actividad económica”. ¿Paga entonces la Iglesia católica el IBI de esos edificios alquilados, que cada año suponen un beneficio indeterminado de entre 94 y 122 millones de euros? La realidad es que no –o al menos no está consignado en ninguna de sus memorias económicas–.
¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Tampoco está claro, pues no hay registro de qué bienes están alquilados y qué valor tienen. El IBI lo calcula cada ayuntamiento según el valor catastral del inmueble, de modo que es casi imposible saber la cantidad que la Iglesia debería pagar sin esos datos. El problema es que, tal y como admite un reciente borrador del Tribunal de Cuentas, la Administración del Estado no tiene mecanismos para controlarlos.
Gastos sin control
El informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, no es definitivo –tiene que ser aprobado próximamente en el pleno del organismo–, por lo que desde el Tribunal no hacen comentarios ni aclaraciones. Pero es contundente en sus afirmaciones: “En las memorias no se aporta información que permita conocer el destino concreto que han dado las diócesis a los recursos procedentes del IRPF”, señala.
Nadie sabe adónde va a parar el dinero que los obispos reciben por la casilla de la Renta. En buena medida porque la forma de justificar esos gastos la establece... la propia Iglesia.
“Se ha comprobado que (…) no existe acuerdo documentado alguno entre el Estado y la Iglesia relativo a la memoria y su contenido. Tampoco existe norma alguna de la Administración General del Estado que establezca plazos de presentación, el formato o el contenido mínimo que ha de tener la memoria, por lo que los criterios de elaboración de la misma son los que establece la propia Iglesia”, detalla.
Como no hay datos suficientes, no hay control. “La Administración General del Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria, por lo que no puede distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas”, aclara el borrador del Tribunal de Cuentas. En otras palabras, no sabemos qué parte del dinero de los contribuyentes que recibe la Iglesia va a parar al sostenimiento de sus actividades religiosas o acaba en sus negocios.
El superávit que acaba en la tele de los obispos
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo (responsable de todo lo referente a las relaciones Iglesia-Estado), ha mostrado públicamente su intención de “cambiar la fiscalidad” de la Iglesia católica en España. Una fiscalidad que, como señala el propio informe del tribunal, tiene muchos puntos oscuros.
De hecho, el borrador pone en cuestión la legalidad del uso que la Conferencia Episcopal hace del dinero recibido a través del IRPF, en especial del superávit (19,3 y 15,9 millones en los dos últimos ejercicios) que dedicó, según confiesa la memoria episcopal, 20 millones a “aportación de fondos propios a 13TV” (hoy TRECE), la televisión propiedad de la Conferencia Episcopal.
“El destino de eventuales superávits en la liquidación de asignación tributaria debería ser objeto de acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno”, recomienda el informe presentado, que denuncia cómo “la existencia de superávit no está prevista” en los Acuerdos Iglesia-Estado, que específicamente hablan del “adecuado sostenimiento económico” de la Iglesia, no de “eventuales superávits” ni “fondos de reserva” que se dediquen a una “sociedad mercantil” como es TRECE, “que desarrolla una actividad económica”.
Es decir, el dinero de la Renta está pensado para sostener la actividad de la Iglesia, no para alimentar sus negocios. Si hay un sobrante en esa asignación, se debería revisar el importe o acordar en qué utilizarlo, de acuerdo con el análisis del Tribunal de Cuentas: “El destino dado al superávit tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede”, destaca el documento.
Los millones inmobiliarios de las diócesis
Los 94 millones –o los 122,4 que aparecen en la memoria de la CEE– derivados de “ingresos del patrimonio y de actividades económicas” suponen entre un tercio y la mitad del dinero que la Iglesia recibe a través del IRPF, pero la Iglesia española no explica de dónde vienen. Hay que bucear en los presupuestos diocesanos (no todas las diócesis tienen publicadas sus cuentas) para advertir algunos datos de unas cantidades que deberían estar sujetas al pago del IBI al no contar como uso litúrgico. El genérico 'Ingresos por patrimonio' es una constante en todas las cuentas consultadas.
Así, la diócesis que consigue unos ingresos más altos por los rendimientos de su patrimonio es, con gran diferencia, Toledo, que casi alcanza los 12 millones de euros. La práctica totalidad de ellos (11 millones) viene de actividades económicas, mientras que ingresa 241.000 euros por alquileres de inmuebles y 283.000 como ingresos financieros. Las inversiones suponen una cuarta parte del total de sus ingresos.
Tras Toledo, Cádiz y Córdoba son las sedes que más ingresan, con 5,1 y 4,8 millones de euros al año, muy por encima de Barcelona (3,2 millones), Madrid (2,7), Sevilla (2,2) o Valencia (2,1).
¿Qué incluyen los 'Ingresos por patrimonio'? El alquiler de inmuebles, pero también los intereses derivados de inversiones financieras o actividades comerciales (editoriales, medios de comunicación...). En lo tocante a los alquileres, sorprende que dos diócesis pequeñas, como Tenerife (con un millón de euros) o Ávila (789.000 euros) casi tripliquen a Madrid y se coloquen al nivel de Valencia.
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