Pedro Sánchez volverá a someterse a una investidura. Ya lo ha intentado en otras tres ocasiones y solo en una consiguió atar los votos suficientes para convertirse en presidente. Y aunque el líder del Partido Socialista está plenamente convencido de que lo logrará de nuevo, aún no tiene los apoyos necesarios. Las negociaciones con Esquerra Republicana y Junts para una ley de amnistía están avanzadas pero ni mucho menos cerradas, y en los últimos días Sumar ha puesto sobre la mesa sus propias condiciones para un acuerdo de gobierno. Yolanda Díaz no pretende hacer peligrar una nueva coalición pero asegura que no dará un cheque en blanco.
Tras su reunión con el rey, el presidente en funciones comienza este miércoles una ronda de consultas en la que sondeará a todos los grupos salvo a Vox. Su primer encuentro será con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y después irá hablando con el resto de grupos. El número marcado en rojo son los 178 votos que dieron a PSOE y Sumar el control de la Mesa del Congreso. Para ello tiene que convencer a EH Bildu, al Partido Nacionalista Vasco y al Bloque Nacionalista Galego. Pero sobre todo a Esquerra Republicana y a Junts, que han puesto las condiciones más duras para esta investidura.
Las negociaciones entre los independentistas catalanes y el PSOE (cada uno por su lado) iban bien, según todas las partes, hasta la semana pasada, cuando tuvieron un bache en forma de resolución en el Parlament. ERC y Junts sumaron sus votos para sacar adelante una moción en la que se comprometían a no investir a Sánchez si éste no se comprometía a trabajar por las condiciones de un referéndum.
El redactado era calculadamente ambiguo, pero fue suficiente para que los socialistas pusieran pie en pared y marcaran cuando paso hacia la autodeterminación como una línea roja. “Si se tiene que ir a elecciones, iremos a elecciones”, advirtió Salvador Illa.
Pero, tras ese incidente, las aguas tardaron poco en volver a su cauce. Tanto ERC como Junts explicaron con la boca pequeña que la demanda no era que Sánchez aceptase un referéndum de autodeterminación, sino que la negociación sobre cómo solucionar el conflicto político continuase. “La legislatura pasada fue el momento de la desjudicialización y esta debe ser la de abordar cómo solucionamos el conflicto de soberanías”, resumió una fuente del Govern con carnet de ERC.
Tres carpetas catalanas
Los republicanos han hablado desde el 23 de julio de tres carpetas que es necesario abordar: la amnistía, el conflicto político y las cuestiones de gestión. Sobre la primera, Oriol Junqueras sabe que todo avance será imputado a Junts, por lo que ha redoblado esfuerzos por darla por hecha. El conflicto político es, en resumen, que la mesa de negociación entre gobiernos continúe y, si es posible, dé más y mejores frutos que hasta ahora.
Es en las cuestiones relacionadas con la gestión donde ERC cree que puede marcar la diferencia y en las que más esperanzas está poniendo. Son sobre todo dos: el tema del llamado “déficit fiscal”, para lo que Pere Aragonès reclama una negociación bilateral sobre la financiación de la Generalitat, y el traspaso “integral” de Rodalies, el servicio de cercanías de Renfe que tiene problemas frecuentes, los últimos esta misma semana.
Por su parte, Junts está mucho más centrado en el tema de la amnistía, que han convertido en su principal pieza de caza en esta negociación. El equipo de Carles Puigdemont, que ha tomado directamente las riendas de las conversaciones, mantienen contacto con el PSOE, con los que han rehecho la confianza a lo largo de las últimas semanas, sobre todo desde el acuerdo para la Mesa del Congreso y la Presidencia de Francina Armengol.
En el partido de Puigdemont tienen otras reclamaciones pendientes, algunas complicadas de cumplir, como que el catalán se convierta en una lengua oficial europea en la reunión del Consejo Europeo del próximo 24 de octubre. Con todo, Junts ya mostró que no tenía previsto apretar con este tema después de que en la sesión del 19 de septiembre agradecieron al ministro José Manuel Albares sus esfuerzos, pese al fracaso inicial de la propuesta.
Otro de los temas que eran de máximo interés para Junts tenía que ver con que el Ministerio del Interior dejase de considerar que había un terrorismo asociado al independentismo catalán en el informe que envia a Europol, algo que el Gobierno cumplió la semana pasada cuando reclamó al organismo policial europeo que modificara su informe anual sobre terrorismo. En Junts hay en general un clima de satisfacción al considerar que el Gobierno está cumpliendo con sus demandas.
Sumar no dará un cheque en blanco
Mientras siguen las negociaciones con los independentistas catalanes, Sánchez tampoco tiene de momento los apoyos de la fuerza con la que aspira a gobernar. Sumar ha afirmado que a día de hoy el PSOE no cuenta con sus votos. “Estamos lejos del acuerdo”, dijo Yolanda Díaz este lunes, después de verse con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.
La vicepresidenta segunda en funciones no contempla un escenario de ruptura y confían en que habrá un acuerdo de gobierno pero en la coalición se niegan a ofrecer un cheque en blanco al PSOE.
Igual que las negociaciones para la amnistía, los intercambios de documentos entre los equipos negociadores del PSOE y Sumar suceden desde hace meses. La negociación comenzó poco tiempo después del resultado de las elecciones generales y ha experimentado altos y bajos. Hasta ahora, el equipo negociador de la ministra de Trabajo había mantenido un perfil bajo, a la espera del fracaso de Alberto Núñez Feijóo y de que las conversaciones sobre la amnistía se encaminasen.
Pero concluida la etapa de Feijóo, en Sumar han empezado a hacer públicas algunas de las condiciones que consideran imprescindibles para un nuevo acuerdo de gobierno con el PSOE. En la coalición temen que una nueva mayoría con más peso de formaciones conservadoras, con Junts ahora dentro de la ecuación, pueda servir a los socialistas como excusa para una legislatura menos ambiciosa en términos progresistas.
Una de esas condiciones principales de Sumar es la reducción de la jornada laboral. La idea que manejan, tal y como quedó en su programa electoral, es establecer por ley el primer año una jornada máxima de 37,5 horas (dos menos que la actual) para abrir durante la legislatura un proceso de diálogo social hasta las 32 horas semanales. Díaz también ha expresado su voluntad de incorporar en ese acuerdo mayores subidas del salario mínimo, ampliar la ley de vivienda o la intervención del mercado de los alimentos para tratar de contener los precios.
Euskadi y Galicia
No han estado en el foco de las negociaciones, opacados por la sombra de sus colegas catalanes, pero si Sánchez quiere asegurarse la investidura tiene que garantizarse el apoyo de EH Bildu, del Partido Nacionalista Vasco y del Bloque Nacionalista Galego. Nada hace pensar que estas tres formaciones puedan hacer peligrar esa investidura, pero todas piden negociar y reivindican su peso.
Es el caso del Partido Nacionalista Vasco, donde aseguran que si bien el debate de investidura puso de manifiesto su alejamiento con las posiciones del PP de Feijóo, eso no significa que ahora se vayan a echar “en los brazos” de Sánchez. El presidente deberá negociar también con ellos un acuerdo de investidura en las semanas que quedan hasta la investidura.
También los independentistas vascos harán valer el peso de sus seis diputados en el Congreso. “Además de profundizar en las medidas sociales que quedaron en el cajón del olvido la pasada legislatura, trasladaremos la necesidad de abrir y encarar con valentía el debate territorial”, explican fuentes de la formación sobre las negociaciones que deben comenzar. Tanto EH Bildu como el PNV se han mostrado favorables en las últimas semanas a la elaboración de una ley de amnistía como la que piden Junts y ERC.
Con una votación tan ajustada, Sánchez no puede dejar ningún voto sin atar. Y por eso el escaño del Bloque Nacionalista Galego tendrá importancia en la votación de investidura. Al igual que con las fuerzas vascas, todo apunta a que su diputado, Néstor Rego, acabará votando a favor, pero una entrevista publicada este martes en elDiario.es advertía de que “negociarán” ese apoyo. “En todo caso el BNG ya dejó claro desde el inicio que no íbamos a darle un cheque en blanco a nadie. Nuestro voto será a cambio de que haya compromisos claros con Galicia y más autogobierno”, dijo.
El Partido Socialista también buscará un apoyo extra. El apoyo de Coalición Canaria elevaría la suma a los 179 votos o permitiría en su caso que Sánchez saliese elegido incluso con una abstención de Junts. Aunque su portavoz, Cristina Valido, votó a favor de la investidura de Feijóo, este martes tampoco cerró la puerta a un posible apoyo de Sánchez. “Nos gustaría esperar a ver si el PSOE quiere un acuerdo con CC, si quiere sentarse y si acepta lo que pedimos, y también tener información de cuáles son sus planteamientos”, dijo, aunque expresó que no apoyaría ningún gobierno con la “extrema izquierda”.
PP y Vox: oposición frontal (en la calle)
En el PP asumen que las opciones de Feijóo de ser presidente del Gobierno se desvanecieron en el recuento del 23 de julio. Esa misma noche, el PNV dijo que no iba a prestar sus votos al candidato de la derecha. Una idea que han reiterado una y otra vez hasta que se confirmó en las dos votaciones que echaron por tierra el intento de investidura del gallego.
Feijóo convirtió el debate parlamentario en un primer acto de su oposición a Pedro Sánchez, al que ya da por investido presidente. En una de sus intervenciones reiteró el agradecimiento a Vox por prestarle sus 33 votos “sin exigencias” a cambio. Y también señaló que esa alianza sería la “alternativa” al Gobierno de coalición.
Una alianza que tendrá una de sus imágenes el próximo domingo en Barcelona, donde Feijóo y Santiago Abascal coincidirán por primera vez en una manifestación. Será contra la amnistía, y marcará la línea de la oposición que ambos quieren lanzar contra el futuro Ejecutivo de Sánchez. El líder del PP prometió el martes usar “todos los recursos democráticos” con el Gobierno. Los presidentes autonómicos, el poder real que tiene el partido, también lo harán. Y nadie descarta que se vayan a promover más manifestaciones.
La oposición será dura porque Feijóo tiene crédito limitado para intentar tumbar a Sánchez. Y tiene que intentar hacerlo pronto si no quiere que ese crédito se agote. Informa Aitor Riveiro.