Cerrada la página de la investidura infructuosa de Alberto Núñez Feijóo, las negociaciones entre el PSOE y el resto de fuerzas políticas entran en una fase definitiva. Aunque el foco de las últimas semanas ha estado en las conversaciones sobre una ley de amnistía que desbloquee el apoyo de los partidos independentistas catalanes, Sumar reclama su peso para garantizar sus votos a Pedro Sánchez. La consigna es que “no habrá un cheque en blanco” al PSOE y por eso ya han puesto sobre la mesa una serie de condiciones en forma de propuestas programáticas para que Yolanda Díaz acepte ese acuerdo de gobierno.
“A día de hoy estamos todavía lejos del acuerdo”, dijo la líder de Sumar este lunes en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Fue después de la reunión en la Zarzuela con Felipe VI, un encuentro de cerca de una hora de duración en el que la vicepresidenta segunda en funciones le trasladó su voluntad de formar un nuevo gobierno de coalición pero en el que le precisó también que ese acuerdo no está todavía cerrado. “Nos gustaría poder anunciar que el PSOE cuenta con nuestros votos pero aún no es así. Hay cuestiones fundamentales en las que aún estamos lejos”, había advertido horas antes el portavoz de la coalición, Ernest Urtasun.
Las negociaciones no han comenzado ahora. Los equipos de ambas partes intercambian documentos desde agosto. De un lado de la mesa, se sienta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del otro, el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez. Lo acompañan en la mayoría de reuniones el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, que fue la encargada de coordinar el programa electoral de Sumar en las últimas elecciones.
En los traspasos de documentos de las primeras semanas, los socialistas devolvían las propuestas de Sumar llenas de tachaduras rojas. “Las posturas con el PSOE están alejadas”, decía a finales de agosto Díaz. En las últimas semanas, las posiciones se acercaron en algunos aspectos y se lograron algunos avances, pero a día de hoy las conversaciones están “atascadas”, según afirman en la coalición. “Sumar quiere ganar derechos para España y esta es la contribución que queremos hacer. A día de hoy lamento comunicarles que estamos lejos”, volvió a decir este lunes Díaz.
¿Cuáles son las condiciones de Sumar para ese acuerdo de Gobierno? Díaz ha enumerado algunos de esos puntos que para la coalición son imprescindibles de cara a entrar en un gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Reducción de la jornada laboral
Fue una de las propuestas más sonadas de la campaña de Sumar el pasado 23 de julio y un asunto que ha centrado parte de los discursos de Díaz sobre el mercado laboral en los últimos meses. “En 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales”, proponía Sumar en el programa electoral.
La idea del equipo de Díaz es contribuir a una mejora de “los usos del tiempo”, que proponen combinar con una ley de cuidados que también entra en los documentos que han entregado al PSOE. “Pondremos en marcha una ley que recoja el derecho universal al cuidado y que dignifique los trabajos de cuidado, reconozca y revalorice las tareas de cuidado que asumen mayoritariamente las mujeres y apueste por un sistema público universal de cuidados”, apunta el programa de Sumar.
Nuevas subidas del salario mínimo
Una de las medidas de las que suele presumir Yolanda Díaz en sus intervenciones públicas es la de la subida del salario mínimo interprofesional, que, argumenta, no ha destruido empleo como auguraban los sectores conservadores sino todo lo contrario. “La subida del SMI llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo en el marco del diálogo social en los últimos cuatro años ha demostrado ser el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral, la desigualdad y la brecha de género”, reza el programa de Sumar.
En ese documento, Sumar proponía subirlo “por encima” de la inflación anual para mantener la ganancia del poder adquisitivo, aunque en el equipo negociador manejan una propuesta concreta, en términos porcentuales, de la que no aportan más detalles. Este fin de semana, Pedro Sánchez se comprometió a reformar el Estatuto de los Trabajadores, si repite como presidente, para que el salario mínimo sea por ley el 60% del sueldo medio, pero desde el equipo de Yolanda Díaz ven esta medida insuficiente, toda vez que ese porcentaje es algo que ya se alcanzó durante esta legislatura.
Cesta básica de la compra y márgenes empresariales
Algunas de las propuestas que maneja Sumar son elementos que Unidas Podemos peleó durante el Gobierno de coalición pero que los socialistas pospusieron o directamente rechazaron. Una de ellas es la de la actuación sobre una cesta básica de la compra para contener la alta inflación de este tipo de productos. Tanto la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, como el ministro de Agricultura, Luis Planas, alegaron la pasada legislatura problemas técnicos para abordar una medida como esta.
Sumar quiere retomar ahora esta idea, una selección de productos con precios controlados para evitar que la inflación subyacente siga disparada. El último dato de septiembre sitúa este indicador en el 5,8%, un mínimo desde hace varios meses pero todavía muy por encima de los niveles de la inflación general.
Díaz quiere además combinar esta medida con otra de las cuestiones que remarca en sus discursos: los excesivos márgenes empresariales de este tipo de empresas. Los causantes de la inflación no son los salarios, suele repetir, sino los excesivos beneficios de las compañías en contextos como este. Díaz pide actuar de alguna forma para atajar esos márgenes. En su programa, Sumar llevaba la elaboración de un Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las empresas (OMB) para “conocer con detalle cómo se distribuye la renta y los canales de trasmisión de los aumentos de costes a precios”.
Avanzar en el “carril social” una vez pactado el “territorial”
Tanto Díaz como Urtasun han expuesto públicamente una lista más larga de condiciones para poder rubricar ese acuerdo de Gobierno: piden, por ejemplo, acelerar el objetivo de reducción de emisiones de 2050 como estaba fijado a 2030; mejorar la ley de vivienda para regular los alquileres turísticos y topar los precios; una reforma de la financiación autonómica; una reforma fiscal más progresiva; una ley para reducir las listas de espera en la sanidad pública; o incluir la salud mental y bucodental en la cartilla de servicios.
Se trata, como resumió este lunes Urtasun, de profundizar los acuerdos del “carril social” toda vez que en las últimas semanas se han producido más avances en el “territorial”. Esto es, una vez que el PSOE ha asumido que debe aceptar una ley de amnistía para negociar con Junts y ERC, ahora debe comprometerse a una agenda social progresista “ambiciosa”.
En Sumar quieren tener cerrado cuanto antes un acuerdo programático para pasar a la siguiente fase de la negociación, la de una estructura de Gobierno. Será entonces, dicen fuentes de la coalición, cuando se decida el peso exacto de cada partido dentro de la nueva coalición progresista. Ni siquiera está definido aún, apuntan, el número de ministerios que tendrá el nuevo gabinete aunque ambas partes se mostraron favorables durante la campaña a reducir el número de carteras si revalidaban la coalición.
Aunque la negociación no haya entrado en esa fase, algunos de los principales partidos que están integrados en la coalición que lidera Díaz ya han expresado públicamente que quieren formar parte de ese ejecutivo. La última en hacerlo ha sido Izquierda Unida. “Izquierda Unida lógicamente reclamará formar parte del Gobierno”, dijo su portavoz, Sira Rego, en una entrevista con este diario. También los comuns han expresado que desearían volver a formar parte del Gobierno de coalición. “Está en nuestro ADN gobernar”, dijo este fin de semana en una entrevista con elDiario.es su portavoz en el Congreso, Aina Vidal. El partido que más insistentemente ha reclamado su sitio en el futuro Ejecutivo ha sido Podemos, que este lunes volvía a reclamar un ministerio, que quieren que sea Igualdad y que lo vuelva a encabezar Irene Montero.