Sergei Magnitsky era un abogado representante del fondo de inversiones Hermitage Fund (Hermitage Capital Management) en Rusia que descubrió un fraude masivo de evasión fiscal de 230 millones de dólares organizado y ejecutado por altos funcionarios públicos rusos, tanto de la policía como de los servicios de Hacienda, en connivencia con poderosos intereses y clanes delictivos.
Antes de poder iniciar un procedimiento legal al respecto, fue detenido, mantenido en prisión preventiva cerca de un año, presionado, torturado y mal atendido médicamente. Finalmente, a pesar de sus quejas en relación con su salud, murió en prisión en noviembre de 2009, con 37 años.
DOCUMENTÓ SUS INVESTIGACIONES
Antes y durante su estancia en prisión, Magnitsky pudo documentar sus investigaciones y denunciar a los responsables directos e indirectos del maltrato, torturas, negación del acceso a servicios médicos adecuados y negación del acceso a la justicia. Sin embargo, según el texto de la iniciativa, sólo muy recientemente se inició y cerró un procedimiento contra un médico del centro de detención, cuando aparecen unos 60 implicados en las diversas fases de los sucesos. Tras su muerte, y gracias a la constancia de su familia y la empresa empleadora, el caso ha adquirido una gran relevancia pública.
La Comisión de Supervisión Pública para la Observancia de los Derechos Humanos en Lugares de Detención Preventiva, una organización independiente autorizada por ley para el seguimiento de las condiciones de vida en dichos centros, concluyó ya en 2009 la responsabilidad del Estado y la actitud de los guardianes como “justificablemente considerada torturante”, indicando que los responsable debían ser procesados.
En julio del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos del entonces presidente Medvedev concluyó asimismo que la detención fue ilegal, que le fue negado el acceso a los tribunales, que fue investigado por los mismos funcionarios policiales a los que acusaba del robo y la evasión fiscal, que le fue negado un tratamiento médico adecuado, que fue golpeado por ocho agentes armados con porras el día de su muerte y que al equipo de la ambulancia desplazada se le negó deliberadamente la entrada en la celda por una hora y 18 minutos, hasta que murió.
A pesar de estas evidencias acumuladas y documentadas, dicen los citados grupos parlamentarios, ningún funcionario está procesado en la actualidad. Por el contrario, las autoridades rusas en una actuación sin precedentes, han iniciado acciones judiciales póstumas contra Magnitsky.
REACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL
El caso ha suscitado reacciones políticas en muchos parlamentos occidentales, como el de Estados Unidos, el holandés, el canadiense, el italiano, el europeo, el sueco, el polaco, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, en los que se han debatido iniciativas y adoptado diversas resoluciones y medidas al respecto.
Una medida común es conseguir de los respectivos gobiernos la denegación de visados a las personas que resulten de una lista de implicados y la congelación de sus fondos y bienes en cada país. Por ejemplo, el Departamento de Estado estadounidense ha elaborado una lista de 60 personas (la “Cardin List”) a las que se prohíbe la entrada en el país y cuyos bienes se bloquean.
El PSOE, CiU y PNV ponen de relieve las “buenas” relaciones oficiales y sociales que mantienen España y Rusia para dejar claro, a renglón seguido, que con su propuesta no pretenden “generalizar el caso o caer en un primario sentimiento anti-ruso”. “Pero precisamente para la solidez de esas relaciones --apuntan--, es preciso que queden claras las posiciones de todos en un caso de flagrante violación de derechos humanos como éste”.
Por ello, además de instar al Gobierno a que haga todo lo que esté en sus manos para que se depuren responsabilidades en torno a este caso, la proposición no de ley aboga por que el Congreso manifieste su apoyo a las iniciativas que han sido conjuntamente acordadas sobre el mismo a nivel internacional para fortalecer la defensa de los Derechos Humanos y de la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la necesidad de establecer sistemas más eficaces de cooperación internacional en dichos ámbitos, así como de la lucha contra la corrupción.